Félix Solís aporta pruebas al juez para desvirtuar las acusaciones de estafa en la venta de vino
La bodega asegura que las conclusiones de la Policía Judicial son “erróneas”, ya que ha omitido datos o no ha interpretado correctamente las cifras declaradas
Félix Solís busca aclarar todas las sospechas sobre su presunta participación en la presunta estafa en la venta de vinos, entre 2017 y 2019, bajo la etiqueta de crianza, reserva y gran reserva. La compañía, uno de los cuatro grupos bodegueros investigados por los delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental, ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional para desvirtuar las conclusiones que la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) expuso en su último informe, del pasado 6 de junio.
La Policía Judicial atribuyó a dos de las bodegas investigadas una serie de irregularidades que ponen en duda si cumplieron los requisitos establecidos por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Valdepeñas sobre elaboración, periodo de envejecimiento y permanencia en barrica de roble o en botella. En base a este documento, el juez instructor José Luis Calama acordó la citación como investigados del consejero delegado y presidente del Consejo de Administración de las bodegas Félix Solís, Félix Solís Yáñez, y al administrador único de García Carrión, José García Carrión Jordán. Asimismo, solicitó a la Fiscalía que informe sobre la procedencia del sobreseimiento para las bodegas Navarro López y Fernando Castro (también investigadas), dado que del examen de toda la documentación obrante en la causa no se permite inferir que hubieran participado en una actividad ilícita.
Sobre Félix Solís, el informe de la Udev, adelantado por El Economista y al que ha tenido acceso CincoDías, observa una “discrepancia considerable” entre las cifras proporcionadas por la compañía y las declaradas al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas. La bodega declaró tener una cantidad de 914.988 litros más que los informados por el Consejo Regulador en el mismo periodo, indica la policía. En concreto, existe una diferencia de 48.650 litros en crianza, 605.480 litros en reserva y 260.858 litros en gran reserva.
Asimismo, el documento policial señala que en el periodo de 2017 a 2019, 13 empresas del territorio nacional adquirieron un total de 15.621.492 litros de vinos criados (crianza, reserva y gran reserva) pero solo se declararon al Consejo Regulador un total de 11.010.645 litros. Así, habría una diferencia negativa de 4.608.437 litros con respecto al Consejo Regulador. No obstante, los inspectores llaman la atención acerca de que las salidas declaradas por la bodega a los investigadores es de “cero litros” en dicho periodo, por lo que plantea “dudas sobre la veracidad de la información”.
“Supuestos equivocados”
En un comunicado, Félix Solís ha insistido en que “en todo momento” ha cumplido la “legalidad vigente”, al tiempo que ha apuntado que será ante la justicia donde aporte los “elementos probatorios que sean necesarios en aras del ejercicio de su derecho de defensa”. Y así lo ha hecho. La defensa de la compañía presentó el pasado 20 de julio ante la Audiencia Nacional un escrito, que ha podido ser consultado por este diario, acompañado de varios documentos, para intentar demostrar que dichas conclusiones policiales son “erróneas” y que parten de “unos supuestos equivocados en cuanto a la trazabilidad y comercialización de vinos en el mercado”.
Según indica el escrito, los investigadores han omitido los datos aportados o no han interpretado correctamente las cifras aportadas. De hecho, la bodega reprocha que los agentes de la unidad policial olvidaran “íntegramente” la partida de dicha empresa “hasta el punto de fijar en los cuadros, que se declaraba ‘cero’ ventas, en lugar de haber pedido aclaraciones”. Así las cosas, la bodega asegura que el escenario plasmado por la Udev es “totalmente diferente” a la realidad.
En cuanto a García Carrión, el informe policial destacó que “no se puede inferir que haya habido ningún comportamiento ilícito por parte de la bodega investigada al aportar cantidades superiores a la cantidad vendida a las 13 sociedades”, si bien advierte que en este caso también hay una “falta de concordancia entre los datos proporcionados por los diferentes organismos involucrados en la producción, control y certificación de los vinos Denominación de Origen Valdepeñas”.
A tenor de esto, Félix Solís, que ha apuntado que “se ha limitado siempre, a pesar de las acusaciones vertidas por la contraparte, a ejercitar ese derecho de defensa sin entrar a considerar conductas de otros operadores”, ha subrayado que tanto los investigadores como el juez instructor afirmaron que García Carrión “no tenía el número de barricas y botellas para producir vino Denominación de Origen crianza, reserva y gran Reserva y mantener la calidad de los vinos”.
Más barricas de las disponibles
La Udev explica en su informe que con los datos de barricas proporcionados al Consejo Regulador, García Carrión hubiese necesitado un número de barricas “desmesuradamente superior al parque de barricas disponible”. “Se necesitarían 114.557; 105.350; 91.794 y 95.344 barricas para producir los litros de vino comercializados en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 a solo 13 empresas del territorio nacional. Por lo tanto, esto significa que hay un déficit de 89.783; 80.576; 67.020 y 53.644 barricas, respectivamente”, detalla.
Conforme a ello, el juez instructor cree que se comercializaron vinos “sin cumplir con los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble, ni en botella”, pues el descuadre en los vinos con etiqueta gran reserva 2018 es de más de seis millones, entre los declarados y comercializados entre 2017 y 2019.
Con todo ello, Félix Solís ha insistido en que su objetivo nunca ha sido “menoscabar la reputación o buen nombre de otros competidores”, pero advierte que “tampoco dejará pasar informaciones o acusaciones manifiestamente falsas que estos hagan contra nuestra compañía o sus directivos”. “Lamentablemente, esto únicamente redunda en un perjuicio para la DO Valdepeñas y el sector vitivinícola”, ha añadido.
”No pretendemos hacer de este caso un juicio mediático paralelo e insistimos en que se deje trabajar a la Justicia con los tiempos y mecanismos que considere oportunos”, concluye la bodega.
Asimismo, sobre las acusaciones vertidas en el marco del caso judicial sobre Carlos Nieto, quien fuera presidente del Consejo Regulador y directivo clave en Félix Solís, acerca de la manipulación de los registros oficiales, la bodega ha enfatizado en su comunicado que con ello se pretende “generar ruido mediático” par “confundir a la opinión público a sabiendas de que como presidente en funciones no podía adoptar decisiones unilateralmente”.
La causa sobre el presunto fraude de vino, que nace de la ‘operación Cedro’, se inició en 2021, dos años después de que varias organizaciones agrarias denunciaran los hechos ante la Fiscalía. Posteriormente, se incorporó a esta causa la diligencias que se incoaron en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valdepeñas (Ciudad Real) contra José García Carrión por un presunto delito de falsedad documental, por guardar relación directa con la investigación de la Audiencia Nacional.
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