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Torres excluyó a auditoría interna del comité clave de BBVA sobre Villarejo

El departamento de control inició el ‘forensic’ sobre los encargos al comisario jubilado, que finalmente se externalizó

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.
El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.Miguel Toña (EFE)

El presidente de BBVA, Carlos Torres, excluyó a auditoría interna del comité clave que pilotaba la investigación del banco sobre el caso Villarejo. Se trata del comité global de corporate assurance, órgano de prevención del delito, hasta entonces presidido por el consejero delegado. El máximo responsable de BBVA lideró este grupo de trabajo durante su etapa como primer ejecutivo, como es habitual. Sin embargo, prolongó esa posición unos meses más, ya como presidente, “por el grado de conocimiento previo que posee de los asuntos más relevantes en curso”, justifica el acta de la reunión de enero de 2019, entre ellos las pesquisas sobre los encargos al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Torres se mantuvo al frente de dicho comité hasta junio, cuando pasó el testigo finalmente a Onur Genç, que le había relevado como consejero delegado. Antes de ese cambio en la dirección del comité se decidieron modificaciones relevantes durante el momento más convulso del banco por la apertura de la causa judicial.

Entre ellas, se sacó al departamento de auditoría interna, según consta en las actas de las reuniones del 18 de enero y del 27 de junio de dicho año a las que ha tenido acceso CincoDías. De esta forma, las pesquisas del banco se encomendaron a los despachos Garrigues y Uría y la consultora PwC, que a partir de entonces “lideran la investigación”, como reconoció Torres en la junta general de accionistas de la entidad de marzo de 2019.

Estas medidas provocaron que el presidente mantuviera el control del órgano. Y que los integrantes del mismo, en el momento en el que se cerraron los avances más relevantes del caso Villarejo, no tuvieran que reportar los detalles de la investigación al consejo de administración. El principal ejecutivo presente en estos cónclaves era María Jesús Arriba, jefa de servicios jurídicos, que informaba directamente a Torres. De hecho, el forensic realizado por la consultora PwC copió los correos electrónicos, archivos y datos del presidente de la entidad, pero no los procesó ni analizó. Lo mismo ocurrió con Ricardo Forcano, mano derecha de Torres, encargado del área de talento y cultura.

Varios intentos

Fuentes conocedoras de los movimientos de la entidad en la época aseguran que hubo varios intentos para sacar a auditoría interna del comité clave, el departamento que dirigió los primeros pasos de la investigación interna sobre los trabajos encargados al expolicía. Una de ellas, según estas fuentes, fue en 2018 con José Luis de los Santos, entonces director de dicha área, cuando el caso salpicó directamente a BBVA. Una intención que choca con “su experiencia y conocimiento, en concreto el adquirido por su intervención en este caso”, según justifican las actas de enero de 2019 para mantenerle en el órgano.

Más tarde, ya con Joaquín Gortari en auditoria interna, se consumó la salida del departamento del comité de corporate assurance en la primera mitad de 2019. Así, ninguno de los representantes del área de control interno del banco fueron citados en la siguiente reunión, de junio, ya presidida por Genç.

Antes de dejar el citado comité, según el acta de enero de 2019, Torres preguntó por el tiempo que duraría dicho proceso de investigación e instó a que se “acelerase, en la medida de lo posible” y que se utilizaran “los recursos internos o externos necesarios”. Asimismo, el presidente solicitó que se recabara información sobre el cauce jurídico para la “desvinculación de la entidad” del ex jefe de seguridad Julio Corrochano, imputado por ser el enlace entre la entidad y el polémico comisario.

Más protagonismo

Dicho grupo de trabajo ha ganado mucho protagonismo en la causa judicial desde el pasado julio. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción señaló a este órgano porque fue el encargado de informar sobre el avance de la investigación interna sobre la contratación por parte del banco de los servicios de espionaje y consultoría del comisario jubilado entre 2014 y 2017, y por lo que se abonaron 10,3 millones de euros.

La función principal del corporate assurance, según explica BBVA, es informar a la cúpula del banco de las debilidades de control, buscar soluciones y dar seguimiento a las medidas implantadas. Tal y como relatan las actas del comité, los miembros del mismo se pusieron al corriente de las posibles responsabilidades penales de la persona jurídica —en vigor desde 2010 y modificado en 2015—. Y de las novedades judiciales al respecto, así como de los análisis de riesgos, de los planes de prevención de delito o de las causas judiciales en las que BBVA se veía salpicadas.

Este cónclave extremó sus precauciones en 2018, tras la publicación de las primeras noticias sobre el caso. Según recogen las actas, el órgano celebró en octubre de dicho año un encuentro “confidencial” para informar de los detalles de los contratos a un selecto grupo de altos mandos de la entidad.

En dicho “quórum restringido” se encontraba Torres y este es el motivo por el que los fiscales amenazaron con pedir su declaración. Más si cabe tras el rechazo de BBVA a la citación como testigo de la jefa jurídica del banco, que alegó que su deber de guardar secreto profesional le impedía responder a un interrogatorio en el que la entidad está investigada como persona jurídica. Además, la defensa de BBVA criticó que el objetivo real de la citación era para aclarar cómo se elaboró el forensic.

En este sentido, Anticorrupción destacó que Torres tiene un elevado grado de conocimiento sobre los procesos internos de investigación, al tiempo que subrayó que no estaría amparado por ningún derecho que sí protege a los abogados. Finalmente, el juez instructor del caso, Manuel García Castellón, ha citado a declarar al presidente de BBVA como testigo el próximo lunes.

Proyecto Teca

BBVA bautizó a la investigación interna como Proyecto Teca. Esta consistía en una investigación interna o la recopilación de numerosa información y documentación (contratos firmados, facturas pagadas, informes entregados) en una carpeta de Drive, gestionada por los servicios jurídicos de la entidad. En reunión extraordinaria de octubre de 2018 para hablar del caso Villarejo, estuvieron presentes directivos habituales en el comité de corporate assurance como Eduardo Arbizu (departamento legal), Rafael Salinas (director financiero), José Luis de los Santos (auditoría interna) y Eduardo Ortega (servicios jurídicos contenciosos). En ella, también se contó con la presencia de algunos invitados especiales. Así, por primera vez acudieron María Jesús Arribas (departamento legal), Paul García Tobin (comunicación) y Ricardo Forcano (talento y cultura y persona de confianza de Torres), que no estuvo presente por encontrarse de viaje, pero fue informado de todo igualmente.

El caso Villarejo se volvió a tratar a principios de 2019, en otras tres reuniones de urgencia, según indica el acta del último encuentro del comité presidido por Torres, el 18 de enero de ese año. Poco antes, el 4 de diciembre de 2018, el juez de la Audiencia Nacional acordó investigar la contratación del comisario jubilado, por lo que los servicios legales del banco se pusieron manos a la obra para informar a todos los miembros del órgano especializado de las actuaciones realizadas en la entidad desde que la prensa empezó a informar de los encargos al espía; la situación en la que se encontraba la investigación judicial; los datos recabados hasta el momento y la situación procesal.

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