El juez del ‘caso Villarejo’ cita como testigo a Torres, presidente de BBVA
El dirigente declarará el próximo 16 de octubre, como pedía Anticorrupción: “Por supuesto que acudiré con total normalidad”, ha asegurado Torres
El juez de la Audiencia Nacional e instructor del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha citado a declarar en calidad de testigo al presidente de BBVA, Carlos Torres, el lunes 16 de octubre en el marco de la investigación abierta por los contratos entre la entidad y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de la trama de corrupción policial. “La necesidad de conocer lo sucedido internamente en el BBVA en la fase posterior a junio de 2018 [cuando el grupo abrió una investigación interna] resulta de especial importancia en el presente procedimiento”, recoge el auto con fecha de este lunes al que ha tenido acceso este diario. “Dado que el juez ha considerado pertinente mi citación como testigo, por supuesto que acudiré con total normalidad”, ha asegurado Torres tras conocer la resolución.
El magistrado acoge así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que sugería el pasado julio la posibilidad de llamar a declarar a Torres. Una petición que ganó enteros tras la no declaración de la directora del área legal de BBVA, María Jesús Arribas de Paz, que insistió en que su deber de secreto profesional como abogada del banco le amparaba y le impedía responder a las cuestiones que pudieran plantear la Fiscalía Anticorrupción, otras acusaciones y las defensas de los investigados. A juicio de BBVA, esta citación buscaba obligar a Arribas de Paz a declarar “en calidad de testigo sobre hechos de los que ha tenido conocimiento única y exclusivamente por su labor, como profesional de la abogacía y como abogada interna de la entidad”.
El ministerio público apuntaba en su petición al “alto grado de conocimiento” que podía tener Torres sobre lo ocurrido en el seno del banco tras estallar al escándalo. Como ejemplo, la acusación puso sobre la mesa dos episodios: su participación en 2018, junto a otros directivos, en la reunión que impulsó la investigación interna para analizar la relación entre el BBVA y las empresas de Villarejo. Y, una vez en la cúpula del banco, el consejo de administración del 30 de julio de 2019 acordó que el nuevo presidente y Arribas de Paz designaran a la persona que debía representar a la empresa ante el juez, después de que la Audiencia Nacional la imputase como persona jurídica solo un día antes.
Torres, que declarará a las diez de la mañana del lunes 16 de octubre, ocupa el cargo desde el 1 de enero de 2019, cuando relevó a Francisco González, también imputado en la causa. Desde esa fecha, Torres ha rechazado cualquier vínculo con las presuntas irregularidades que rodean al banco. “No hay ninguna posibilidad de que yo pueda tener responsabilidad por estos asuntos”, dijo en 2020. Antes, nada más aterrizar en el puesto, se mostró “escandalizado” por las noticias que desvelaban las supuestas maniobras de espionaje impulsadas por el banco a través de Villarejo durante la etapa previa a su llegada a la cúspide. Eso sí, entre 2008 y 2015 ya era directivo del grupo, y entre 2015 y 2018 era consejero delegado de la compañía.
En el auto, el magistrado incide asimismo en la ausencia de declaración de Arribas de Paz, que reportaba al comité de assurance corporative del BBVA, lo que ha cargado de más motivos para la citación del presidente del banco, que también presidía dicho comité. “Resulta preciso interesar la citación como testigo del señor Torres, a fin de poder delimitar la existencia de una verdadera cultura de cumplimiento normativo en la entidad que pudiera eximir de responsabilidad penal a la misma”, abunda el texto.
El audio de Corrochano y Villarejo
En la resolución de este lunes, García-Castellón accede asimismo a la petición de la defensa del exdirectivo de riesgos del BBVA y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio Béjar. “[Se acuerda] requerir al medio de comunicación El Confidencial para que aporte el archivo de audio publicado en este medio en el que se oye una conversación entre José Manuel Villarejo Pérez y Julio Corrochano”, dice el auto. El magistrado considera este requerimiento como necesario para determinar si dicha conversación consta entre los archivos intervenidos a Villarejo, “ya que la UAI [Unidad de Asuntos Internos] de la Policía Nacional, hasta el momento, no ha podido concretar si el audio en cuestión se encuentra entre el material aprehendido”.
Por otro lado, sobre el acceso a los 2,3 millones de archivos aportados por la entidad a la causa y la realización de las periciales pertinentes, el juez da cinco días a las partes para que designen perito “con expresa advertencia de que, en caso de no hacerlo, decaerá su derecho”. Y añade: “Medida que puede adoptarse para garantizar la proporcionalidad y equilibrio entre las partes, que no pueden verse impedidas en la realización de una diligencia, pero que tampoco tienen la posibilidad de dilatar su posible práctica”.
García Castellón acordó el pasado junio que las diferentes acusaciones personadas designaran a sus peritos para que accedieran a los archivos que han sido seleccionados mediante palabras clave que tienen que ver con la investigación. El juez añade que una vez se cumplan esos cinco días se procederá a citar a una comparecencia a los peritos para que manifiesten si asumen el trabajo, y que en caso positivo se les citará de nuevo “a efectos de la extracción de los hits en presencia de los peritos del BBVA, de la fuerza policial y el Letrado de la Administración de Justicia”. Para realizar el informe pertinente les da de máximo dos meses.
Además, el magistrado requiere al banco una copia del “contrato de mandato de venta y apoderamiento para la venta de bienes y participaciones sociales entre Grupo Para S. A. y BBVA firmado en diciembre de 2012 por importe de 10,75 millones de euros”, dice el auto. Y también solicita “copia de cualquier novación, renovación, aplazamiento, prórroga o cancelación del contrato anterior”. Además, en caso de que la entidad niegue el cobro de los importes señalados, se le requiere que “aporte los movimientos al debe y al haber de todos los contratos entre Grupo Para y BBVA que acreditan los cobros y pagos realizados al amparo de dicho contrato”.
En esta pieza separada de la macrocausa Tándem, tanto BBVA como su expresidente Francisco González están imputados. Se investigan los servicios contratados por el banco a Cenyt, empresa del comisario jubilado Villarejo, para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017 por los que la entidad habría pagado 10,3 millones de euros.
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