La causa por la ampliación del Banco Popular en 2012, a la espera de un informe clave del Banco de España
El juez pidió a los peritos designados por la Audiencia Nacional un análisis sobre la veracidad de los datos del folleto de información
La investigación por la ampliación de capital que el Banco Popular llevó a cabo a finales de 2012 está a la espera de un informe clave que el juez Santiago Pedraz solicitó a los peritos del Banco de España designados por la Audiencia Nacional. El magistrado les requirió el análisis del folleto de información sobre la operación efectuada por más de 2.500 millones de euros con el fin de aclarar si los datos contables recogidos en dicho documento ofrecían una imagen fiel de la entidad, que fue resuelto en junio de 2017, y si los accionistas que compraron acciones sufrieron perjuicios económicos.
Este informe es una de las primeras diligencias que ordenó el instructor en junio de 2022, en el momento que admitió a trámite dos querellas presentadas por un grupo de inversores minoritarios y por Cerquia Gestión y Cercupenta, quienes atribuyen presuntos delitos de estafa a inversores o incumplimiento de los deberes de información en esta ampliación de capital.
Según informaron fuentes jurídicas conocedoras de esta causa –la segunda que se abre en la Audiencia Nacional contra el Banco Popular–, este informe pericial es importante porque determinará el futuro de la investigación, es decir, si es necesario practicar más diligencias o se puede cerrar el caso en el que se encuentran investigados el expresidente del Banco Popular Ángel Ron, el exvicepresidente de la entidad Roberto Higuera y el auditor de PwC que revisó las cuentas de 2012 del banco, José María Sanz Oliva.
Precisamente, Ron señaló en su declaración ante el juez, en octubre de 2022, que esta ampliación de capital se hizo con el visto bueno del Banco de España. El penúltimo presidente del Banco Popular resaltó que fue el supervisor bancario el que pidió a las entidades financieras que tuvieran provisiones y reforzaran su capital para hacer frente a un contexto de rescate del sistema bancario español de hasta 100.000 millones de euros.
Así, señaló que fue el Banco de España el que requirió y autorizó a la entidad extinta que afrontara 3.223 millones de euros y subrayó que toda esta situación excepcional se explicaba en el folleto de información, que definió como claro y transparente, según explicaron fuentes jurídicas presentes en dicha comparecencia. Por último añadió que el Popular pasó sin problemas la revisión de activos realizado por el Banco Central Europeo (BCE).
Dos causas
A lo largo del año que lleva en marcha esta investigación judicial, las diligencias practicadas han sido pocas. A finales de 2022, los denunciantes intentaron impulsar la causa ampliando sus querellas hacia los entonces miembros del consejo de administración de Popular y la excúpula de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, el juez Pedraz rechazó ampliar el listado de investigados.
El caso por la ampliación de capital de 2012 se inició justo en la recta final de la primera investigación que la Audiencia Nacional abrió contra el Banco Popular por la emisión de acciones que tuvo lugar cuatro años después, así como por la presunta filtración de información que habría acelerado la caída de la entidad. Estas pesquisas, que ha dirigido el juez José Luis Calama, finalizaron en abril, si bien aún no se conoce si algunos de los investigados –entre los que también está Ron o su sucesor en la presidencia del banco, Emilio Saracho– irán a juicio o la investigación, que se ha prolongado más de cinco años, acabará siendo archivada.
Otro juez rechazó investigar los hechos
“Causa general”. El primer juez de la Audiencia Nacional que empezó a examinar la actuación de los altos cargos del Popular, Fernando Andreu –que dejó el órgano judicial en 2018–, descartó incluir los hechos sobre la ampliación de capital de 2012 en las pesquisas abiertas por la operación similar realizada en mayo de 2016.
El magistrado instructor consideró que la investigación abierta solo se podía centrar en el último año de vida de la entidad y afirmó que ampliar su perímetro implicaría hacer “una suerte de causa general” de todas las cuentas y productos financieros de la entidad desaparecida.
Los accionistas minoritarios, que reclamaron la extensión de las pesquisas, no cejaron y volvieron a presentar la querella en otro juzgado de la Audiencia Nacional, donde hubo más suerte.
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