El ‘forensic’ aboca a EiDF a una reestructuación financiera para salvar sus activos clave

La compañía cuenta con una deuda de 173 millones a cierre de 2022 con bancos y fondos

EiDF ya ha levantado las alarmas de los reguladores, el mercado y las auditoras. Y pronto llegará el turno de sus acreedores. Tras tres meses de espera, la compañía gallega de renovables publicó el mes pasado su informe financiero, que el auditor, PwC, firmó con salvedades. Otra auditora, Deloitte, realizó en paralelo un informe forense en el que detectaba una “posible falsificación de contratos”. Esto abre la puerta a que los acreedores inicien un proceso de reestructuración financiera.

EiDF contaba con un pasivo por unos 173 millones al cierre del pasado ejercicio, según el informe financiero. Tiene diversos préstamos con la banca (con entidades como Santander, BBVA, Sabadell o CaixaBank, entre otros) que suman 61 millones. También cuenta con un programa de emisión de pagarés en el MARF por unos 18 millones más. Finalmente, tiene deudas con dos fondos, de 10,7 millones con Sinia, un fondo del Sabadell de renovables, y de unos 20 millones en varios créditos con un vehículo de Trea, entre otros pasivos. El resto de la deuda se corresponde con préstamos intragrupo, uno de los aspectos que levantaron las suspicacias de las auditoras.

El problema está con lo destapado por PwC en su auditoría y por Deloitte en su informe forense. El primero apunta en las salvedades del informe de auditoría a “incidencias relevantes que suponen la existencia de debilidades significativas en el modelo de gobierno corporativo y el sistema de control interno”. La CNMV obligó a la compañía a desvelar el contenido del informe forense encargado a Deloitte.

“En algunas de las actividades y operaciones con terceros analizadas se han identificado situaciones en las que se habrían creado, modificado o falseado documentos”, indica el documento. En concreto, cita problemas con deudas intragrupo, con la entrega de materiales, entre los costes registrados y el grado de avance de las obras o de control de las SPV, las sociedades creadas para ostentar la propiedad de los proyectos.

Habitualmente, los contratos de préstamo tanto con bancos como fondos incluyen cláusulas que suponen el vencimiento anticipado de la deuda en caso de que aparezcan problemas contables como los citados. La nueva ley concursal, además, abre la posibilidad de que los acreedores acudan al juzgado en caso de “insolvencia probable”, es decir, que esperan que la compañía entre en problemas financieros en los próximos dos años. Levantar la mano cuenta con muchos incentivos, según la nueva norma, y permitirá a los acreedores imponer a los accionistas un plan de reestructuración que les haga dueños de la compañía aún sin la aquiescencia de los actuales accionistas. Además, algunos de estos préstamos cuentan con prendas sobre los activos que podrían ejecutar inmediatamente.

Antes que todo esto, el primer indicador de problemas financieros serán las líneas de confirming. Se trata de las líneas de liquidez que abren los bancos para que las empresas afronten el día a día de los pagos. Las entidades, ante problemas contables, suelen optar por congelar estas financiaciones en espera de aclarar la financiación. Otro punto clave está en los avales, de los que la empresa tiene 20 millones con entidades financieras. La empresas de este tipo necesitan avales de la banca para lanzarse a por nuevos proyectos y seguir creciendo. Si los bancos los bloquean en este marco, la empresa tendrá difícil seguir generando negocio.

Últimos movimientos

La compañía en los últimos meses ha movido ficha para internar aliviar la carga financiera. En abril, antes de que estallase el escándalo, adquirió al fondo del Sabadell tanto sus participaciones como la deuda de sus proyectos conjuntos, si bien pactó un calendario de pagos del pasivo entre 2023 y 2025. También amortizó con caja pagarés por 13 millones, ante la imposibilidad de atender estos vencimientos con nuevos emisiones, dado que la compañía no podía emitir títulos en ningún mercado, tampoco en el de deuda.

Igualmente, también reestructuró su deuda con un fondo de Trea. Este obligaba a la compañía a cumplir con una ratio de deuda sobre ebitda por debajo de las 2,5 veces. La compañía pactó poder incumplir esta condición a cambio de reforzar las prendas otorgadas al fondo. Esta deuda obliga a EiDF, además, a la publicación de informes trimestrales del auditor, la limitación en el pago de dividendos y en la venta de determinados activos.

De alguna forma, la compañía gallega de renovables ya reconoce tensiones financieras en las cuentas. Admite que su primer accionista –la sociedad Prosol Energía, en manos del presidente, Fernando Romero– se vio obligado a inyectar en la compañía ocho millones en dos préstamos para “hacer frente a las tensiones de liquidez”. También ha realizado algunas ventas de activos. A cierre de 2022 la compañía tenía en caja 16,28 millones. Teniendo en cuenta que ha amortizado deuda por 13 millones, la compañía contaría actualmente con una tesorería muy reducida.

La empresa cerró además el ejercicio de 2022 con un fondo de maniobra negativo por 20,92 millones, además de pérdidas por 2,71 millones. La compañía considera que, tras el acuerdo con Trea y la amortización de pagarés, cuenta con un fondo de maniobra positivo en 3,3 millones. La empresa en las cuentas afirma también que tiene en marcha un plan de viabilidad basado en la venta de activos, el apoyo del accionista o la entrada de nueva financiación.

La compañía no ha respondido a las preguntas de este periódico.

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