El juez propone juzgar a Duro Felguera por sobornos a cargos públicos de Venezuela
El magistrado de la Audiencia Nacional acepta la petición de Anticorrupción y deja a un paso del juicio a la compañía asturiana y a 12 personas físicas
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha propuesto juzgar a la empresa asturiana Duro Felguera, a su expresidente Juan Carlos Torre Inclán, y a otras 11 personas, entre ellas ex altos cargos del expresidente de Venezuela Hugo Chávez, por el presunto pago de mordidas y sobornos a funcionarios públicos para la adjudicación de un proyecto energético en 2009.
El magistrado instructor dictó este lunes un auto, al que tuvo acceso CincoDías, en el que ordena transformar las diligencias previas (la investigación) a procedimiento abreviado. Se trata de la resolución por la que el juez expone los indicios de delitos que existen, de acuerdo a las pesquisas realizadas, contra los investigados y abre el trámite para que las acusaciones formulen sus escritos de acusación.
De este modo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha procesado a la ingeniería asturiana y otras tres empresas, así como al expresidente de Duro Felguera Juan Carlos Torre Inclán; al exconsejero delegado Ángel Antonio del Valle; al expresidente de Técnicas Reunidas (TERCA) Luis Barrios Melean; así como a los exviceministros de Venezuela Javier Ochoa Alvarado y Nervis Villalobos, entre otros, por los delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
A lo largo de 42 páginas, el magistrado instructor relata los hechos que se proponen llevar a juicio, los cuales se remontan a 2009 cuando Venezuela vivió una “gran crisis energética”, que exigió, a finales de dicho año, la declaración de la “emergencia eléctrica”. Para solucionar esta situación, el Gobierno venezolano ordenó la construcción de la central termoeléctrica “Planta El Sitio”, en Santa Lucía (Estado de Miranda), con la intención de dar suministro eléctrico a la zona de Gran Caracas, donde residía cuatro millones y medio de personas.
Compromiso de pago
Para llevar a cabo este gran proyecto, “valorado en 1.500 millones de dólares”, destaca el auto, el entonces ministro de Energía de Venezuela y presidente de la petrolera PDVSA, Rafael Ramírez, designó a la empresa española Duro Felguera. La elección iba sujeta al compromiso que, previamente, adquirió la compañía a “realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos”, subraya el juez.
“Todas las comisiones que se pagaron por Duro Felguera tenían como objetivo conseguir que la empresa fuera privilegiada tanto en la adjudicación de la construcción de la central termoeléctrica como en los pagos de la administración venezolana”, afirma el instructor. Los responsables de decidir dichos pagos fueron el expresidente y el ex número dos de la compañía asturiana, añade.
En total se entregaron 105.627.600 millones de dólares al exviceministro de Energía Eléctrica Nervis Villalobos. El método utilizado fue tres abonos a sociedades interpuestas que habrían simulado la prestación de servicios: 53.950.000 dólares, a través de TERCA; y 25.000.000 dólares y 26.677.600, mediante la venezolana Ingespre, vinculada al ex alto cargo de la administración de Chávez, explica el juez Moreno.
Por último, el auto añade que para llevar el proyecto energético, Duro Felguera actuó bajo una Unión Temporal de Empresas (UTE), junto con Montajes de Maquinaria de Precisión, pero el socio único era la firma asturiana. La UTE Termocentro tenía como objetivo ocultar el pago de comisiones o sobornos a los funcionarios públicos, bajo la firma de contratos.
Viviendas de lujo
Esta trama de presuntos sobornos a altos cargos y funcionarios del gobierno chavista se destapó en 2015 a raíz de una alerta del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). La unidad de inteligencia financiera detectó irregularidades en pagos en una cuenta del desaparecido Banco Madrid, del que eran clientes los políticos presuntamente sobornados. Dichas mordidas y su presunto blanqueo empezaron a aflorar en el momento que los investigados compraron numerosas viviendas de lujo en España.
Tras esta alerta, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella ante la Audiencia Nacional, que en septiembre de 2017 abrió una causa para investigar los hechos denunciados.
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