Jueces y fiscales desconvocarán la huelga tras aceptar la subida salarial de 450 euros al mes
Las asociaciones judiciales, salvo la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, y las de fiscales han dado el ‘sí' a la oferta del Gobierno
Tres de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han aceptado la oferta de hasta 450 euros al mes que ha hecho el Gobierno para evitar que el día 22 de mayo vayan a una huelga. Así lo han confirmado fuentes de la negociación, que han señalado que, finalmente, este jueves se ha dado el ‘sí’ a la oferta que los representantes del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Hacienda pusieron encima de la mesa, si bien la respuesta no ha sido por unanimidad, debido a que la asociación mayoritaria de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha calificado la propuesta de “insuficiente”.
El pacto se ha cerrado este jueves, en la quinta reunión de la Mesa de Retribuciones, si bien el acuerdo se firmará definitivamente el martes que viene, a las 13.00 horas.
La oferta que plantearon los equipos de los ministerios de Pilar Llop y María Jesús Montero la semana pasada, y que se reiteró el pasado martes, junto al retoque de algunos puntos de la negociación relativos a cargas de trabajo, situación laboral, guardias, etc., supone una aportación de 46,7 millones de euros para mejorar las retribuciones de jueces y fiscales. Para analizar la propuesta con más detenimiento, las asociaciones de jueces y fiscales desconvocaron la huelga indefinida prevista para el pasado 16 de mayo y la aplazaron hasta el 22 de mayo, si bien ésta parece que no tendrá lugar tras llegar a un acuerdo.
Con dicho presupuesto, el aumento que percibirán los jueces y fiscales será de 440 euros brutos al mes para los destinados en órganos colegiados y de 450 euros mensuales brutos para los que presten servicios en órganos unipersonales. El concepto será como complemento de destino por representación.
Ello implica una subida salaria de hasta un 7%, que se abonará en tres tramos: un 40% con efecto desde el 1 de enero de 2023 y que no se cobrará como muy tarde en la nómina del próximo octubre; otro 40% se devengará desde el 1 de enero de 2024; y el 20% restante tendrá efectos desde el 1 de julio del año que viene.
Además, el acuerdo contempla el incremento de 100 plazas en las carreras judicial y fiscal en cada uno de los ejercicios presupuestarios correspondientes en los años 2023 y 2024.
Otras huelgas en Justicia
De este modo, el Gobierno consigue dejar sin efecto la protesta de jueces y fiscales, que se sumaría a la que realizaron durante dos meses los letrados de la Administración de Justicia, que finalmente lograron también una subida salarial de hasta 450 euros al mes (un 8% con respecto a los que cobraban); y a los 14 paros que han realizado los funcionarios de la Administración de Justicia desde el pasado 17 de abril, junto a protestas frente al Congreso de los Diputados.
No obstante, las negociaciones con los funcionarios (auxilios, gestores, tramitadores, médicos forenses y personal del Instituto Nacional de Toxicología) están siendo algo más complicadas. Los representantes de este colectivo han anunciado este jueves que abandonan la mesa de negociación y que no acudirán a la reunión convocada para mañana sobre los servicios mínimos en el ámbito no transferido -es decir en los territorios donde las comunidades autónomas tienen competencias transferidas-. Una decisión que han adoptado los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT, al considerar que la actitud de Justicia es “alargar el conflicto de manera artificial”, al no negociar con ellos de manera paralela a los jueces y fiscales.
Los funcionarios, que suponen el 93% de la oficina judicial, piden una mejora salarial de entre 350 y 430 euros al mes, además de instar que la nueva Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, que se encuentra en tramitación parlamentaria, no lleve “trampas” como traslados forzosos y que no empeore sus derechos y condiciones laborales.
En un comunicado, los sindicatos han advertido que durante el mes de huelga que llevan ya se han visto afectados más de 500.000 juicios, que han sido suspendidos y aplazados, y más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas.
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