Anticorrupción pide ampliar otros tres meses más el caso por la quiebra del Popular
La investigación se puso en marcha en octubre de 2017 tras la resolución del banco.
Todo apunta a que la investigación judicial sobre las circunstancias que provocaron la caída del Banco Popular no terminará a finales de enero. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que acuerde la prórroga de la causa otros tres meses más, hasta el próximo 29 de abril, a la espera de conocer el resultado del último informe pericial del Banco de España y a que se realice el interrogatorio de un auditor de PwC, que fue imputado el pasado mes de diciembre.
La última prórroga que acordó el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, caduca el próximo 29 de enero. Ante la cercanía de esta fecha límite para decidir si se otorga una nueva ampliación del tiempo de investigación o si se dan por concluidas las diligencias y se procesa, o no, a los imputados, el número dos de Anticorrupción, Antonio Romeral, ha solicitado al magistrado que conceda otros tres meses para terminar de perfilar los últimos flecos de la investigación, según indican fuentes jurídicas conocedoras del caso a CincoDías.
La instrucción comenzó en octubre de 2017, justo cuatro meses después de que el banco fuera resuelto. Desde entonces, la causa se ha dirigido a esclarecer dos puntos: si hubo irregularidades en la ampliación de capital de 2016 y las filtraciones a prensa que habrían provocado la caída de la entidad.
Un nuevo informe
Tras cinco años de investigación, en la que se encuentran imputados, entre otros, los expresidentes del banco Ángel Ron y Emilio Saracho, y en la que se mantiene al Banco Santander como posible responsable civil -adquirió la entidad extinta por un euro-, las pesquisas parecían que iban a llegar a su final. Sin embargo, las dudas surgidas con el último informe pericial sobre las tasaciones del Banco Popular y la reciente imputación del auditor que examinó las cuentas anuales de Popular entre 2009 a 2015 han motivado que el ministerio público se muestre a favor de una nueva prórroga.
En un breve informe, Anticorrupción apuesta por mantener la causa abierta por si las diligencias que quedan por practicarse pudieran dar pie a solicitar nuevas diligencias. Así, hace referencia al segundo informe ampliatorio que se ha requerido a los peritos del Banco de España, después de que, durante la jornada de ratificación en sede judicial de las últimas conclusiones, que tuvo lugar en noviembre, no pudieran responder a las preguntas de la Fiscalía relacionadas con las diferencias de cifras que exponen en dichos documentos.
Declaración de un auditor
Por otro lado, el fiscal también apunta a la posibilidad de que, a raíz de la declaración del auditor, prevista para el próximo 25 de enero, se requiera necesario recabar nuevas pruebas, ya sea a petición del propio socio de PwC o de algunas de las partes personadas, según han indicado fuentes jurídicas.
El juez Calama citó a declarar como investigado a José María Sanz Olmeda, para explicar su función como máximo responsable de la auditora en la planificación y ejecución de los trabajos que se realizaron para el Banco Popular desde 2009 a 2015. El magistrado ya había rechazado con anterioridad varias querellas presentadas contra este auditor, no obstante, consideró que ahora es necesario tomarle declaración, dado que de la investigación se desprende que “las cuentas anuales del año 2015 del Banco Popular ocultaban un déficit de provisiones generado por el incumplimiento consciente de las normas contables".
Con todo ello, antes de tomar una decisión, el juez instructor ha dictado una providencia, con fecha de este jueves, y a la que ha tenido acceso este diario, en la que da tres días de plazo al resto de las partes personadas en la causa para que transmitan su opinión acerca de si ésta debe finalizar ya o puede esperar unos meses más.
