Tiempos difíciles en cuestiones de seguridad jurídica
El panorama se traduce en una asfixiante cantidad de nuevas obligaciones que deben cumplir nuestros empresarios
Lamentablemente, estamos siendo testigos de una inusual cota de inseguridad jurídica generada por motivos de muy diversa índole. A la retahíla incesante de nueva legislación, se añaden otras circunstancias, como la existencia de normas de compleja interpretación; reglamentos que no se desarrollan en los plazos previstos o que no cubren todos los flecos que debieran; procedimientos administrativos excesivamente burocráticos o de difícil o imposible ejecución práctica; alteración, confusión o eliminación de conceptos jurídicos tradicionales; sentencias apoyadas en criterios que gozan, con relativa frecuencia, de cierto nivel de subjetividad; escasez de personal por parte de la Administración pública; opacidad en la asignación de los fondos europeos… Y todo ello aderezado con una huelga de los letrados de Administración de Justicia que alcanza los dos meses de duración y que ya ha supuesto, de momento, la suspensión de más de 330.000 juicios y vistas, así como alrededor de 395.000 demandas pendientes de reparto.
La situación descrita, que puede observarse en cualquiera de nuestras jurisdicciones, es poco alentadora en el corto y medio plazo, pues lo vivido hasta ahora condicionará la resolución de los problemas que afectan a centenares de miles de personas y empresas en nuestro país. El atasco que existe en los tribunales no va a resolverse con el anuncio del fin de la huelga. Por si no fuera poco, los juzgados y tribunales están reteniendo, en perjuicio de los justiciables, miles de millones de euros que no pueden cursar con motivo de la huelga.
Son muchos y variados los factores que ralentizan el funcionamiento de la Administración de Justicia: más allá de la falta de personal y de los efectos que sigue teniendo la paralización judicial producida como consecuencia de la pandemia, la ingente cantidad de nueva legislación unida a su complejidad interpretativa y al tiempo necesario para la formación de nuestros jueces y funcionarios están, en no pocos casos, generando nuevos problemas y, en otros, dificultando la agilización en la resolución de los conflictos y necesidades ya planteados por los ciudadanos.
Por lo que respecta al ámbito laboral, terreno en el que me muevo todos los días, existe una preocupación generalizada por este inagotable goteo de nueva legislación que, muy frecuentemente, no hace sino enmarañar aquella otra norma que, por estar recientemente aprobada, aún no ha sido objeto de suficiente consenso o de claros criterios judiciales que nos permitan orientar a nuestros clientes más allá de emitir opiniones basadas en nuestra experiencia y conocimiento prácticos. Aun así, parece que no aprendemos y no dejamos de asistir a un continuo comercio de ideas. Una de las que está cobrando más fuerza en los últimos meses es la implementación de una semana laboral de cuatro días.
No pasa desapercibido que cuestiones básicas de nuestro sistema de trabajo como pueden ser la productividad, la competitividad, el índice de absentismo, etc., se han visto relegadas, desde un punto de vista legislativo, a un segundo plano en pro de cuestiones como la transparencia retributiva, los planes de igualdad, la conciliación o la no discriminación, apreciándose, asimismo, un interés galopante por nuevos asuntos como la inteligencia artificial, los nómadas digitales y la necesidad de retener talento júnior y sénior.
El panorama descrito se ha traducido en una asfixiante cantidad de nuevas obligaciones que deben cumplir nuestros empresarios. Las dificultades que ello conlleva exigen una alta dosis de paciencia, prudencia y un asesoramiento técnico por parte de expertos que permita conjugar su cumplimiento con una inversión razonable en términos de capital y tiempo empleado. ¡Vamos a ello!
Pedro Molina ‘Legal director’ del departamento de derecho laboral en DLA Piper.