Calviño designa consejera del Banco de España a su exjefa de Gabinete
Judith Arnal y Antonio Cabrales sustituyen a Fernando Eguidazu y Carmen Alonso, que han finalizado su mandato
La fecha marcada en rojo en el calendario es este martes. Gobierno y oposición han cerrado un acuerdo para que el Consejo de Ministros conceda luz verde al nombramiento de los consejeros del Banco de España que sustituirán a Carmen Alonso (designada por el PSOE) y Fernando Eguidazu (a instancias del PP), cuyos mandatos vencieron el pasado 3 de febrero. En el caso del Ejecutivo, la elegida es Judith Arnal, exjefa de Gabinete de Nadia Calviño en el Ministerio de Asuntos Económicos. También será nombrado Antonio Cabrales, doctor en Economía por la Universidad de California y experto que ha participado en la elaboración de la Agenda 2050.
La renovación de esos cargos había provocado un amago de crisis en la institución y amenazado con abrir otra brecha entre socialistas y populares, ya que durante semanas no estaba claro que fuera a respetarse la norma no escrita según la cual cada partido designa a un representante de su agrado para cubrir las vacantes.
Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguraban este mismo fin de semana que el pasado viernes había un compromiso total para nombrar a dos profesionales del mundo académico, de reconocido prestigio, ambos con un perfil técnico a prueba de ataques partidistas. Llegar a ese punto no fue fácil, en tanto la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, no veía claro que el mismo PP que bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debiera tener la posibilidad de nombrar en el Banco de España un representante afín. No hay que olvidar que es el Gobierno quien tiene la última palabra sobre los consejeros y que solo tiene la obligación de comunicarlos con antelación al gobernador del Banco de España, cosa que se ha efectuado en la noche del domingo.
Hace alrededor de diez días, sin embargo, Calviño dio su brazo a torcer, y convencida por su entorno de que el PSOE debía hacer un ejercicio de responsabilidad en el supervisor bancario, propició la llamada de Moncloa a la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, para encauzar las renovaciones. Es con ella con quien se han desarrollado los contactos. Definidos los nombres en esa última semana, la cuestión debería haber llegado así al Consejo de Ministros del martes. No obstante, estas fuentes constatan que, respetando la elección del PP, Calviño apostó por dar un giro a los acontecimientos a última hora y volver a su idea original.
En ese escenario alternativo es donde irrumpe el nombre de Judith Arnal, exdirectora de Gabinete de la número dos del Ejecutivo. Diversas fuentes consultadas aseguran que la primera intención de Calviño, incluso antes de entablar conversaciones con Gamarra, era proponer para una de las dos plazas pendientes de reemplazo a Arnal, técnica de su entera confianza y su mano derecha entre junio de 2021 y su salida del Ministerio a finales de 2022.
Técnico comercial, economista del Estado y doctora en Economía y Empresa por la Universidad de Navarra, el curriculum de Judith Arnal poco tiene que envidiar al de cualquier otro candidato. El ámbito estrictamente financiero tampoco le es ajeno, después de haber pasado por el gabinete técnico y de análisis del Tesoro o de presidir a nivel comunitario durante más de tres años el grupo de trabajo encargado de negociar cuestiones relacionadas con la unión bancaria o el Mecanismo Europeo de Estabilidad. No obstante, pese a ese acervo, la sombra de una designación con más peso político que profesional compromete la decisión, como personas próximas han intentado hacer ver a la vicepresidenta sin éxito.
Los nombramientos que se produzcan en los próximos meses, ora para organismos independientes ora adscritos a los diferentes ministerios, tienen especial relevancia, en tanto los mandatos se prolongarán más allá de las próximas elecciones generales previstas para finales de año.
Pablo Hernández de Cos, máximo responsable del Banco de España, ya defendió en su día la conveniencia de elevar a ocho años -desde los seis actuales- el mandato del gobernador, con el fin de reforzar su independencia y desvincularlo de los tiempos políticos. Asimismo, planteó la necesidad de impedir la renovación de los consejeros y dar más protagonismo al Parlamento en las designaciones.
