Las plantillas del Banco de España y de la CNMV, en vilo por la Autoridad de Defensa del Cliente
Estará formada por empleados de los supervisores financieros, aunque Economía descarta un trasvase de trabajadores
Los trabajadores del Banco de España y de la CNMV se mantienen en vilo ante la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. El Consejo de Ministros aprobó a finales de noviembre la creación de un nuevo organismo que contará con una plantilla de 250 personas y estará compuesta fundamentalmente por trabajadores del propio Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), lo que ha provocado incertidumbre entre los empleados por conocer cómo afectará a su situación laboral.
Según explican portavoces del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, aunque la plantilla de la nueva autoridad esté formada por trabajadores de los tres organismos supervisores no se producirá un traspaso de empleados. Es decir, nominalmente, los trabajadores seguirán formando parte del Banco de España, la CNMV y la DGSFP, pero prestarán sus servicios para resolver las reclamaciones que lleguen a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
De hecho, uno de los objetivos con la creación de este nuevo mecanismo es instalar una ventanilla única para recibir todas las reclamaciones de los clientes que no hayan quedado satisfechos con la atención recibida por parte de sus entidades financieras.
Tras la aprobación de este nuevo organismo había preocupación entre los trabajadores de los supervisores sectoriales que mostraban su reticencia ante un posible trasvase de empleados hacia la nueva Autoridad. Las fuentes consultadas apuntan que aún está pendiente de aprobarse el convenio de este organismo, pero que en ningún caso el real decreto prevé una cesión de trabajadores. En ese sentido, explican que tanto CNMV como Banco de España y DGSFP prestarán servicios de forma temporal durante un periodo de tiempo transitorio.
Economía prevé que la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero se ponga en marcha el próximo año. Este mecanismo busca reforzar la seguridad jurídica y la protección de los clientes bancarios y dar una respuesta rápida a las reclamaciones, de modo que una negativa de una entidad bancaria no suponga necesariamente acudir a los tribunales.
Así, prevé que las resoluciones se dicten de forma ágil, en un plazo no superior a 90 días naturales desde que el expediente esté completo, y tendrán carácter vinculante para las entidades cuando estén relacionadas con la normativa de conducta y protección a la clientela, o con cláusulas abusivas declaradas como tales por los altos tribunales y de una cuantía inferior a 20.000 euros.
El incumplimiento de las resoluciones vinculantes de la autoridad, así como el cumplimiento tardío o defectuoso, podrá ser objeto de sanción por parte de la autoridad. En este sentido, las sanciones por infracción grave serán por hasta el 2% de las cifras de negocio y por infracción leve, por el 1%, con un tope de 500.000 euros. También será posible sancionar a los administradores de las firmas denunciadas, con sanciones de hasta un millón de euros en los supuestos más graves.
En 2021, el Banco de España recibió 34.330 reclamaciones, lo que supone un 61% más que el año anterior y la tercera cifra más alta de la última década. En su mayoría, las quejas estuvieron relacionadas con problemas en la comercialización de hipotecas y tarjetas.
En lo que respecta a las entidades, CaixaBank fue la entidad que más reclamaciones recibió, con 7.089. La entidad catalana junto con Santander (5.821) y BBVA (4.482) sumaron más de la mitad de las protestas totales, el 50,2%. El top 10 de entidades más reclamadas lo completaron WiZink (2.125), Sabadell (1.487), CaixaBank Payments & Consumer (1.184), Unicaja (1.115), Abanca (1.083), Ibercaja (1.029) e ING (893).
Tendrá un coste de 21 millones para la banca
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital calcula que la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero supondrá un coste anual de 21 millones de euros, que deberá afrontar la banca. Así consta en el informe de impacto normativo y económico del proyecto de ley para la creación de esta nueva autoridad, informa EP.
El grueso de los fondos irán destinados a los sueldos de la plantilla, que sumarán en conjunto unos 15,68 millones de euros, incluyendo todos los conceptos retributivos vinculados a los 250 trabajadores. Los gastos corrientes y de bienes y servicios ascenderán a 1,41 millones. Igualmente, de cara a la creación de la Autoridad, se consideran aportaciones de casi cuatro millones en gastos relacionados con tecnologías de la información y comunicaciones.
La Autoridad se financiará a través de una tasa de 250 euros que se cobrará a los bancos por cada reclamación que se admita contra ellos. Se trata de una tasa por actividad y servicios de forma que, además de contribuir a la financiación de la institución, incentivará que las entidades resuelvan las reclamaciones de forma previa.
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