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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Es hora de hablar con las empresas para liderar un pacto de rentas

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que anunció este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aumentará un 8% este indicador y fijará su cuantía en 1.080 euros al mes distribuidos en 14 pagas, lo que beneficiará a 2,5 millones de trabajadores. Con esta nueva vuelta de tuerca, el Ejecutivo ha elevado el SMI en total un 47% durante la legislatura en lo que constituye un avance notable hacia el objetivo de alcanzar el 60% del salario medio. El alza se ciñe, de hecho, al valor más alto de la horquilla que recomendó en su momento el grupo de expertos que asesoraron al Ministerio de Trabajo, el cual abogaba por una banda de hasta el 8,2% para 2023. La medida, que ha llegado precedida de una negociación en la que el gran ausente ha sido CEOE, se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero.

La nueva subida del salario mínimo se ha adoptado en contra de la voluntad de la patronal, la cual sostiene que la coyuntura económica fuertemente inflacionista que atraviesa España no es el mejor momento para incrementar los salarios. Aunque el objetivo de la propuesta no es únicamente reducir la brecha que media entre las retribuciones más bajas y el alza constante de los precios, especialmente en los colectivos más vulnerables, sino también alimentar el consumo de las familias en un entorno de estancamiento económico, la presión al alza del SMI es una decisión que debe gestionarse con equilibrio y prudencia. Desde el Banco de España se recordaba hace poco más de un mes la conveniencia de enmarcar la subida en un pacto de rentas, una propuesta que defiende también la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. También se advertía de que hace falta adoptar medidas complementarias para apoyar a las empresas que se vean perjudicadas por la subida, como es el caso de las pymes más pequeñas.

El alza del SMI ha mejorado la renta familiar de más de dos millones de trabajadores, y lo ha hecho sin generar sobre el empleo la abultada factura adversa que muchos auguraban. El Gobierno ha alcanzado prácticamente el objetivo al que se comprometió en la legislatura, un umbral razonable a partir del cual existe consenso técnico sobre los posibles efectos adversos que pueden tener sobre el mercado de trabajo mayores incrementos. En un contexto marcado por la incertidumbre y en el que persisten grandes factores de riesgo, como la guerra en Ucrania o la crisis energética, el Ejecutivo debe ser cauto en materia de política salarial y elegir cuidadosamente sus fórmulas de actuación. Es hora de reanudar el diálogo con las empresas y de liderar un pacto de rentas como mejor vía para contener la ola inflacionista.

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