La distribución carga contra Belarra y alerta de que entrará en pérdidas si se fijan precios
Calcula que pasaría a números rojos en solo nueve semanas. Rechaza que se lucre con el IPC y liga las críticas a Roig al año electoral.
Las empresas de distribución de alimentos han cargado contra los “continuos e injustificados” ataques de Unidas Podemos. El último se produjo este domingo cuando la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (integrante del Ejecutivo de coalición por la parte de Unidas Podemos), llamó a frenar los pies a “capitalistas despiadados” como el presidente de Mercadona, Juan Roig, a quien acusó “de estar haciéndose de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania”, por lo que pidió que se fijen los precios de una cesta básica de alimentos para que no sean superiores a los que tenían antes de la invasión rusa.
Mercadona prefirió ayer no realizar comentarios públicos al respecto, pero la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), patronal a la que pertenece el gigante de la distribución, circunscribió las críticas de Belarra a un “posicionamiento ideológico en un año de elecciones”. Fuentes de la organización recalcaron que las causas que motivaron el incremento de precios “siguen presentes”, por lo que la insistencia en que se impida la subida de precios de determinados alimentos carece de fundamento. “La crisis está afectando a todos los eslabones de la cadena y las empresas de distribución son las mismas que garantizaron el suministro en el inicio de la pandemia. Todas hacen esfuerzos para servir al consumidor y la competencia entre ellos es un elemento que favorece la contención y no la subida de precios”, añadió
Anged cifra en 8.400 millones el sobrecoste por la apreciación de materias primas
La respuesta más contundente, sin embargo, procedió de la Asociación Nacional de las Grandes Empresas de la Distribución (Anged), en la que hay 20 empresas asociadas, entre ellas, Carrefour, Alcampo, Eroski, Costco o El Corte Inglés. Esta asociación rechaza el enriquecimiento denunciado por Belarra. “Nadie se está forrando y menos las empresas de la distribución”.
Los cálculos realizados por Anged, a partir de los datos de comercio minorista que analiza mensualmente el INE, reflejan que el precio medio de la cesta de la compra en los once primeros meses de 2022 creció un 9,6% frente al 16,4% de subida del precio al que la distribución compra a la industria, lo que supone una diferencia de siete puntos porcentuales, que han tenido que asumir contra márgenes. “La crisis de costes y precios está erosionando gravemente el negocio de la distribución, que por su dinámica competitiva ya opera con márgenes netos muy bajos”.
Guerra en el Gobierno
Anged estima que las 22 empresas más grandes de la distribución han asumido un sobrecoste de 8.400 millones de euros por el alza de precios de todas las materias primas desde que estalló la crisis de Ucrania y alerta de que si se establece un sistema de fijación que impida trasladar los incrementos de costes al precio final “supondría llevar al conjunto del sector a números rojos en tan solo nueve semanas”.
Ambas organizaciones recuerdan, además, el “importante apoyo” de los ministros socialistas, como Nadia Calviño (Asuntos Económicos y Transformación Digital) y Luis Planas (Agricultura, Pesca y Alimentación) frente a los ataques recibidos por los ministros de Unidas Podemos. Así, valoran que Planas ha sido un acérrimo defensor de la bajada del IVA de los alimentos básicos como la medida más eficaz y rápida para cortar la fuerte subida de precios. “Los márgenes empresariales no se han elevado, pero sí los costes”, repite con insistencia.
Bajada del IVA
El Ejecutivo aprobó a finales del pasado diciembre una rebaja del IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, y del 10% al 5% para los aceites de oliva y de semillas y la pasta. Fuentes empresariales, tal y como informó CincoDías en esas fechas, valoraron de forma positiva la intermediación del titular de Agricultura para evitar que la distribución estuviera finalmente afectada por el impuesto a los beneficios extraordinarios, como pretendía Unidas Podemos. Finalmente, el incremento fiscal recayó en la banca y en las eléctricas.
El alza de costes ha desplomado un 23% la inversión en la apertura de tiendas
Pese a la rebaja del IVA, las suspicacias dentro de Unidas Podemos no cesaron y pocos días después denunciaron que los supermercados no estaban trasladando esa bajada impositiva al precio final. De hecho, la organización de consumidores Facua anunció la interposición de una demanda a siete grandes cadenas por no repercutir esa bajada.
Frente a esas acusaciones, la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, defendió tras el último Consejo de Ministros que los mecanismos de vigilancia activados por el Ejecutivo mostraban que “sí se está trasladando la bajada del IVA de los alimentos básicos al precio de venta”. Las empresas se revuelven frente a las acusaciones de enriquecimiento y de no trasladar las bajadas impositivas al lineal y muestran cómo el sobrecoste por el alza de precios ha provocado un desplome de nuevas aperturas, que han retrocedido al nivel más bajo en tres años.
El informe de Asedas, elaborado por la consultora Retail Data, muestra que el pasado ejercicio se inauguraron un total de 825 establecimientos, casi un 23% menos que en 2021, mientras que el número de reformas también retrocedió un 29%.
La experiencia fallida en Francia como ejemplo
En el primer intento de Unidas Podemos por limitar la escalada de los precios de los alimentos, las tres patronales afectadas (Asedas, ACES y Anged) emitieron un comunicado conjunto el pasado septiembre en el que anticipaban el fracaso de la medida aludiendo a lo sucedido en Francia. “Los acuerdos firmados por el expresidente Sarkozy en 2004 y 2010 tuvieron como resultado, por una parte, una drástica pérdida de confianza en el comportamiento del consumidor, con un descenso en el consumo, y por otra, una bajada muy importante de la calidad de los productos en las gamas afectadas [por la fijación de precios]”.
El diagnóstico de las tres patronales centraba en tres las causas de la subida de precios. “El alza del coste de la energía, de los carburantes y de las materias primas, agravado por la guerra de Ucrania”, rechazando cualquier implicación directa o indirecta en la corriente hiperinflacionista de la cesta de la compra. En esas fechas, recordaron que los precios de la alimentación en España se habían mantenido “extraordinariamente estables” en los últimos 20 años y que solo se habían producido dos subidas. La primera, coincidiendo con la crisis de materias primas de 2007 (el barril de petróleo superó los 146 dólares en 2008) y la segunda con la subida del IVA en España (el tipo general pasó del 18% al 21% y el reducido del 7% al 10%), aprobada por el Gobierno de Rajoy en el año 2012.
