El Senado aprueba sin cambios los impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas
La Cámara Alta deja intacto el diseño de los gravámenes que llegó desde el Congreso para que entren en vigor el 1 de enero
Vía libre y sin cambios a los nuevos impuestos a entidades bancarias, empresas energéticas y grandes fortunas. El Senado ha aprobado este miércoles sin ninguna modificación la proposición de ley que articula los nuevos gravámenes, con el objetivo de que entren en vigor el 1 de enero, según confirman fuentes de la Cámara Alta. De esta forma, la normativa se mantendrá en los términos en los que fue remitida desde el Congreso de los Diputados a comienzos de diciembre.
Hace una semana, el Senado aprobó en la Comisión de Economía el texto que había llegado del Congreso, rechazando los dos vetos y las 72 enmiendas presentadas por los diferentes grupos políticos. El texto se mantendrá íntegro después de que, este miércoles, no se haya incluido tampoco ningún cambio. En concreto, el Pleno del Senado ha aprobado la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos por 139 votos a favor, 106 en contra y 12 abstenciones sin incluir ninguna enmienda.
Las tres figuras se recaudarán de manera extraordinaria en 2023 y 2024 con cargo a los ejercicios previos para hacer frente al actual contexto inflacionario. Las que afectan a las grandes empresas ingresarán unos 3.500 millones cada año, mientras que el que se circunscribe a las grandes fortunas recaudará otros 1.500 millones.
La no inclusión de enmiendas, que ha sido duramente criticada por algunos grupos en el Pleno, facilita la entrada en vigor este mismo año de la ley y que, por tanto, los impuestos empiecen a recaudar en 2023, ya que estarán vigentes en 2023 y 2024, con referencia a los resultados de 2022 y 2023.
Energéticas
Una vez que el gravamen entre en vigor, el 1 de enero de 2023, a las energéticas se les aplicará un tipo del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios anual de las compañías del sector que facturen más de 1.000 millones de euros anuales, tomando como referencia los ingresos de 2019. Eso sí, a través de varias enmiendas en el Congreso encabezadas por el PNV, el Gobierno accedió a dejar fuera de la base imponible los ingresos de los negocios regulados, así como los obtenidos fuera de España. La recaudación, por ello, se quedará algo por debajo de los 2.000 millones anuales previstos.
Aunque esta prestación patrimonial no tributaria se había diseñado inicialmente para estar en vigor dos años, una cláusula de Bildu pactada con el Gobierno obligará a realizar un estudio de sus resultados en el último trimestre de 2024 para evaluar “su mantenimiento con carácter permanente”.
Banca
Lo mismo sucederá con el gravamen sobre las entidades bancarias, que deberá revisarse también a finales de 2024 para valorar su carácter fijo, según otra enmienda pactada entre el Ejecutivo y la formación abertzale.
En este caso se aplicará una tasa impositiva del 4,8% sobre el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras que en el año 2019 hubiesen ingresado más de 800 millones de euros, sumando estos dos conceptos. Como novedad respecto al primer diseño, también estarán afectados los bancos extranjeros con actividad en España. En el caso de los grupos consolidados, la carga solo se aplicará sobre el negocio generado en el país. Cabe señalar que el tributo afectará a todas las entidades que operen en territorio español. Esta redacción, sin embargo, deja fuera de facto a las empresas extranjeras, ya que ninguna de ellas llega a los 800 millones exigidos.
Riqueza
El impuesto solidario sobre las grandes fortunas, como se ha bautizado a esta figura, afectará a los patrimonios a partir de 3 millones de euros de riqueza neta, con un mínimo exento de 700.000 euros que elevará hasta los 3,7 millones de patrimonio el umbral a partir del cual se aplique. Entre otros detalles, sustituirá a Patrimonio en aquellas regiones que bonifiquen parcial o totalmente el tributo original y recaudará unos 1.500 millones anuales.
Al anunciar el gravamen el Gobierno afirmó que su vigencia duraría únicamente dos años. Con el paso de las semanas, sin embargo, PSOE y Unidas Podemos decidieron incluir una cláusula que permitirá al Ejecutivo prorrogar su duración o incluso convertirlo en permanente si así se considerase. Hacienda, de hecho, avisó a Bruselas en el Plan Presupuestario remitido en octubre de la posibilidad de llevar a cabo esta revisión.
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