Transición energética: no es verde todo lo que reluce

La extensión de las renovables tiene algunas trabas

Trabajos de instalación del complejo eólico Capiechamartín (Asturias, 2020)
Trabajos de instalación del complejo eólico Capiechamartín (Asturias, 2020)

La Tierra se sobrecalienta y pide socorro. El aumento promedio de la temperatura global es ya de 1,15 grados centígrados - próximo al límite de 1,5 grados en comparación con los niveles preindustriales acordado en el Convenio de París-, según expuso el secretario general de la ONU, António Guterres, durante su intervención en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) que está teniendo lugar estos días en Sharm el-Sheikh (Egipto) hasta el 18 de noviembre. El jefe de la ONU hizo un llamamiento urgente a los líderes de los países presentes en la cumbre para reconducir la situación y evitar el “infierno climático”.

El reto de la crisis climática es global. España, sigue la ruta marcada por la UE, que, a su vez, responde a los compromisos internacionales del Acuerdo de París de 2015. La Comisión Europea aprobó en 2016 el denominado “paquete de invierno” con el que virar hacia una energía más limpia y conseguir una serie de hitos para 2030. Entre ellos, que el peso de las renovables suponga un 32 % de la factura total del consumo energético.

El Gobierno cuenta con un presupuesto de 6.385 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para potenciar el despliegue de las energías renovables. Desde el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), organismo adscrito Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, señalan que el reparto de este maná se articula a través de distintas líneas de ayudas con sus “propias bases reguladoras”. Pero, por encima está el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), una pieza exigida por la Comisión Europea y aprobada en Consejo de Ministros el pasado 16 de marzo de 2021.

A pie de terreno no todo es pacífico. El aluvión de proyectos de parques de renovables ha generado tensión en ciertos enclaves naturales. La abogada ambientalista María Ángeles López Lax pilota junto a dos compañeras una demanda ante el Tribunal Supremo contra el PNIEC. “Hemos pedido la nulidad del plan porque la norma debería haber establecido un marco para la autorización de estos proyectos que supusiera un menor impacto, por ejemplo, prohibiendo su instalación en determinadas zonas”. La demanda exige al Gobierno que incluyan en la norma, tras una evaluación estratégica, una zonificación vinculante de áreas idóneas para la implantación de renovables. Es decir, “antes de ocupar un espacio protegido en Red Natura, justifícame que no lo puedes poner en otro sitio”. El actual plan, protesta, solo hace recomendaciones, y la manga ancha está provocando que las compañías se fijen en sitios “más baratos”, como espacios protegidos o rurales. López Lax lamenta que la avalancha de solicitudes juega en contra porque “ni la administración ni los ciudadanos dan abasto para poder valorar adecuadamente los efectos de este bum”. De momento, con la demanda han pedido la paralización cautelar de nuevas autorizaciones.

Compañías energéticas

Por su parte, las grandes energéticas apuestan firmemente por la transición a las renovables, aunque lamentan la lenta y larga tramitación que exigen estos proyectos. “Animamos a los gobiernos a establecer los marcos políticos adecuados, a fomentar las inversiones en infraestructuras y acelerar los trámites necesarios para cumplir los objetivos globales de reducción de carbono”, declaran desde Repsol. Algo en lo que coinciden desde Iberdrola que, aunque reconocen que hay que garantizar al máximo e indiscutiblemente la protección del medio ambiente y del territorio, demanda que se agilicen los trámites todo lo posible a las inversiones en energías limpias. “Los trámites administrativos son, hoy por hoy, el principal cuello de botella para el desarrollo de estas instalaciones renovables en España”, observan.

Pero esta no es una queja sólo de los gigantes energéticos, los pequeños productores de energía con tecnologías renovables, como Greenalia, también señalan a la tramitación como el mayor obstáculo para un avance rápido en la transición energética. “Es bastante larga y con la necesidad de informes de muchos organismos implicados, lo que la hace muy burocrática y más lenta de lo que sería recomendable en la coyuntura actual”, opinan.

Pleitos por parques eólicos

En el otro lado, asociaciones como la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC) o la Asociación para la defensa ecológica de Galicia (ADEGA) afirman que no todo vale en la necesaria transición energética.

Ernesto Díaz, coordinador de PDCC comenta que la principal preocupación en el norte de la península, y en general en todas las zonas de montaña, son los complejos eólicos ya que requieren obras de gran envergadura que suponen además de una alteración paisajística, un importante impacto al ecosistema. “Lo que defendemos es que todo este despliegue se realice de un modo muy planificado y con una estricta zonificación ambiental vinculante de modo que exista una implantación con un cuidado exquisito hacia la biodiversidad”, exige Díaz. En su opinión hay territorios saturados de instalaciones eólicas que resultan más atractivos para las eléctricas porque “son baratos, la población es escasa y está envejecida y por tanto su capacidad de respuesta social es muy pequeña”.

En cuanto a la labor de las administraciones al respecto, Díaz considera que a nivel autonómico todas están modificando o aprobando leyes para agilizar las tramitaciones administrativas de los proyectos movidas por las promesas de los llamados fondos verdes que vienen de Bruselas. “Lo de agilizar es un eufemismo, lo que hacen es simplificar evitando con ello la participación social y por tanto el rechazo a los proyectos, es decir, se elige la opción deprisa y mal”, matiza.

Precisamente evitar la fase de participación de la ciudadanía en el procedimiento de autorización administrativa para la instalación de parques eólicos, es junto con la fragmentación artificial, uno de los principales argumentos de PDCC y ADEGA para impugnar ante los tribunales las autorizaciones a tres proyectos de parques eólicos en Galicia el de Bustelo, el de Campelo y el de Monte Toural.

La fragmentación artificial de proyectos, explica Fernando de Abel, vocal de ADEGA, es una práctica muy extendida que consiste en dividir algo que en realidad es un solo proyecto en varios con la finalidad de relajar las exigencias relativas a los necesarios procedimientos de evaluación ambiental. “La fragmentación artificial también puede responder, en otros casos - y así creemos que ocurre en el caso de Galicia- a la intención de evitar que sea el Estado quien decida ya que corresponde a Administración General del Estado autorizar las instalaciones eléctricas de generación de potencia eléctrica instalada superior a 50 MW eléctricos” señala el experto.

Retos climáticos

  • Calentamiento global. El Acuerdo de París, firmado el 12 de diciembre de 2015 en la capital francesa por 196 países en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático COP21, entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Su objetivo es limitar el calentamiento del planeta Tierra por debajo de 2 grados centígrados, preferiblemente a 1,5 grados, en comparación con los niveles preindustriales. Para alcanzar este objetivo, los países deben presentar estrategias para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero.
  • Combustibles fósiles. La COP26 de Glasgow (Escocia), que tuvo lugar en noviembre de 2021, ratificó el compromiso de lograr la llamada Carbon Neutrality para 2050. Entre las decisiones acordadas, los países firmantes se comprometieron a reducir el carbón como fuente de energía y a eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles. Una cuestión que no había sido tratada explícitamente hasta el momento. En el pacto también reafirmaron el compromiso de aportar 100 mil millones de dólares anuales de los países desarrollados a los países en desarrollo.
  • Cuentas pendientes. La COP27, que se celebra desde el 6 hasta el 18 de noviembre de en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, tiene como objetivo garantizar el cumplimiento del Acuerdo de París, en concreto, de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados para fines de este siglo. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió a los países que gravasen los beneficios extraordinarios que están embolsándose las petroleras por el actual incremento de precios. Según expuso, este dinero puede sufragar los daños por el cambio climático. En un Informe de 2020 la IFRC afirmó que el 83 % de los desastres son causados por este fenómeno.
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