Regulación

El regulador catalán asegura que la nueva regulación de las VTC en Cataluña restringe la competencia

La Autoridad Catalana de Competencia asegura que el decreto ley establece requerimientos que no satisfacen los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación entre operadores

Un vehículo VTC de Cabify.
Un vehículo VTC de Cabify.

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha concluido en un informe que determinados aspectos del nuevo decreto ley para regular la actividad de las VTC en Cataluña, aprobado a principios de este mes por la Generalitat, es contrario a la competencia. 

El reglamento, que asesta un duro golpe a las VTC, condiciona el acceso a la actividad de VTC en el ámbito urbano al cumplimiento de una serie de requerimientos. Entre ellos, que los operadores cuenten con una licencia previa de VTC con un vehículo adscrito permanentemente como mínimo durante en el último año desde la entrada en vigor de la norma y que hayan prestado más de 100 servicios también durante el año anterior a la entrada en vigor de la norma. Igualmente, exige un tamaño mínimo de los vehículos adscritos a las licencias de 4,90 metros, una condición que solo cumplen algunos turismos de gama más alta y las furgonetas de pasajeros.

Unos requerimientos, que según el citado organismo, no satisfacen los principios de necesidad, proporcionalidad, mínima distorsión y no discriminación entre operadores y, por tanto, "resultan injustificadamente restrictivos a la competencia".

El resultado de todo ello, añade ACCO, es que el decreto ley puede provocar una "significativa" reducción de la oferta de operadores de VTC en el ámbito urbano y, además, persiste en la "ineficiencia regulatoria" en el ejercicio e la actividad de las VTC en Cataluña, pues al margen de los requisitos exigidos, se mantienen condicionantes como la exigencia de un tiempo mínimo de precontratación de 15 minutos, ampliable por los entes locales según sus particularidades territoriales y ambientales, y la prohibición del uso de sistemas de geolocalización que permitan al usuario ubicar los vehículos VTC con carácter previo a su contratación o la prohibición de estacionar las VTC en la vía pública.

ACCO remarca que la nueva regulación es contraria a la competencia porque "perjudica directamente a consumidores y usuarios". Según el organismo, estos verán reducida su libertad de elección de tipología de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas y, por lo tanto, no se podrán beneficiar de las presiones competitivas tanto en términos de precio como de calidad del servicio, innovación, etc. 

El informe de la autoridad de la Competencia catalana también destaca que el decreto ley es contrario a las recomendaciones de la Comisión Europea en su comunicación sobre un transporte local de pasajeros bajo demanda que funcione correctamente y sea sostenibles (taxis y VTC) de febrero de 2022, especialmente con respecto a las dimensiones de los vehículos y la prohibición de la geolocalización. "Asimismo, en términos de legalidad se considera que existen riesgos de que las previsiones del decreto ley resulten contrarias a la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea".

El organismo de la Generalitat también precisa en su informe que las actuaciones de los poderes públicos, con capacidad normativa, deben propiciar un entorno de mercado que posibilite el desarrolle de la actividad, "reconociendo derechos y obligaciones equivalentes a los diferentes operadores, de manera que las limitaciones legales para operar respeten los principios de necesidad, proporcionalidad, no discriminación y de mínima distorsión. 

El decreto, que cuenta con el apoyo del PSC y que si nada se tuerce será refrendado en el Parlamento catalán, entrará en vigor el 1 de octubre, coincidiendo con el fin de la vigencia del Decreto Ábalos de 2018, que suponía un periodo indemnizatorio para las VTC que operan en las ciudades. Este hecho está obligando a los gobiernos autonómicos a desarrollar sus propias regulaciones. La nueva regulación catalana, aplicable durante dos años y con opción a prorrogarse otros dos más, supone un jarro de agua fría para Cabify, Bolt (recién aterrizada en la comunidad) y Uber, aunque esta última solo opera ahora en Barcelona con servicios de taxi.

El informe de ACCO llega después de que las patronales de las VTC, Unauto y Feneval, indicaran días atrás que el decreto catalán “pone la soga al cuello al sector en Cataluña y elimina el 70% de las licencias cuando Barcelona necesita desesperadamente más opciones de movilidad”. También señalaron que la nueva normativa destruirá unos 3.000 empleos y que su aprobación “tendrá consecuencias judiciales y económicas por las reclamaciones e indemnizaciones de las empresas de VTC”.

Este lunes, Cabify emitió un comunicado en el que asegura que mantiene su vocación de seguir operando en Barcelona, como viene haciendo desde hace diez años, mientras analiza opciones para adaptarse a la nueva regulación. Según la compañía, el decreto ley promueve "la práctica eliminación de un sector que aporta soluciones de movilidad a más de un millón de usuarios", y pone en peligro unas inversiones estimadas en más de 150 millones de euros de la compañía y sus proveedores y miles de puestos de trabajo.

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