María Luisa Segoviano: "La reforma laboral es positiva porque trata de erradicar la precariedad"

La magistrada se muestra favorable a modificar el Estatuto de los Trabajadores para adecuarlo a la digitalización de las relaciones laborales

La magistrada María Luisa Segoviano, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, durante su entrevista con Cinco Días. Juan Lázaro

Algunas de las sentencias más importantes que se han dictado en el ámbito del derecho del trabajo han pasado por la mesa de María Luisa Segoviano, la primera mujer en presidir una sala del Tribunal Supremo desde su fundación en 1812. En un año judicial marcado por la aprobación de la reforma laboral, la magistrada recibe en su despacho a Cinco Días para hacer balance de los retos presentes y futuros a los que se enfrentan empresas y trabajadores.

R. ¿Qué valoración hace de la nueva reforma laboral?

R. La reforma es fruto del acuerdo entre la representación del empresariado y de los trabajadores y creo que eso es algo importantísimo y positivo. Aparte del consenso, resulta positivo que haya tratado de erradicar la temporalidad y la precariedad. También que se haya instaurado de forma muy rotunda el contrato indefinido como modelo. Estamos pendientes de ver cómo se traduce esto en la práctica.

R. Actualmente, Gobierno y oposición chocan a cuenta de los fijos discontinuos (contrato pensado para trabajos estacionales o de temporada). Por la derecha se acusa al Ministerio de Trabajo de maquillar los datos de empleo porque, en los periodos en los que estos trabajadores están desocupados, se catalogan como demandantes de empleo no ocupados. Desde la izquierda responden que los fijos discontinuos se computan sin ningún cambio desde 1985. ¿Esta forma de contabilizarlos es apropiada para diagnosticar la situación del mercado laboral o puede llegar a invisibilizar a estos trabajadores?

R. Hay cuestiones que encajan dentro de los contratos fijos discontinuos, como los trabajos de temporada en el campo, y otras, al hilo de la nueva regulación, que no se terminan de asimilar bien. Pero siempre que estos contratos obedezcan a periodos en los que hay actividad y otros en los que no, el trabajador es indefinido porque cuando termina la inactividad vuelve a realizar sus funciones. En principio, esta forma de computarlos es apropiada, pero siempre que no se trate de enmascarar lo que no es.

R. Siendo el mercado laboral distinto al de los años 80, cuando se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, ¿cree que hay que modificarlo en profundidad para dar respuesta a la transformación digital que experimentan las relaciones laborales?

R. Soy un poco nostálgica porque fue un texto pionero e innovador, pero no dejo de reconocer que tiene muchos parches y remiendos. La sociedad ha evolucionado mucho y eso se manifiesta en la prestación de servicios. Hoy en día empieza la inteligencia artificial, los algoritmos, el reconocimiento facial… Y todo unido a la protección de datos. A lo mejor las nuevas normas que han salido y que se han yuxtapuesto al estatuto tendrían que ser recogidas por el propio estatuto.

R. Las sentencias nos dicen que muchas empresas siguen pagando menos a las mujeres que a los hombres por el mismo trabajo o uno de igual valor (empleos que se pueden comparar, aunque no son exactamente iguales, por ejemplo, cajeras de supermercado y personal de distribución) ¿Qué le recomendaría al legislador para acabar con esta situación?

R. El problema es cómo se consigue la igualdad real porque la formal la tenemos desde el artículo 14 de la Constitución (1978). En el ámbito laboral ha habido muchísimas normas que han tratado de conseguirlo, pero no se lograba por la diferencia de los complementos salariales. Había profesiones muy feminizadas con salarios inferiores a otro tipo de profesiones cuyo trabajo tenía el mismo valor, pero no se llamaba igual y no se pagaba igual. Ahora, con la nueva normativa de 2019 sobre registros salariales, si hay una diferencia entre los salarios que perciben los hombres y las mujeres, el empresario tiene que explicar a qué obedece eso. A lo mejor la explicación nos convence o a lo mejor no.

R. ¿Qué le parece que las empresas publiquen los salarios en sus ofertas de empleo o que no puedan preguntar por los sueldos anteriores para no perpetuar este tipo de situaciones, como pretende Bruselas para combatir la brecha salarial de género?

R. Las ofertas de empleo tienen que ser neutras, pero a la hora de seleccionar a lo mejor el que contrata entre un hombre y una mujer, aunque tengan las mismas cualificaciones, prefiere contratar a un hombre. ¿Eso cómo se controla? Es muy difícil porque esa persona todavía no es trabajadora. A los sindicatos no les es fácil entrar en estos temas. Y seleccionar mediante algoritmos es peor porque se nutren, por ejemplo, del histórico de contrataciones y pueden tener sesgos, por ejemplo, de discriminación por género o por edad.

R. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias, siguiendo una sentencia del TSJ del País Vasco, ha dicho que el empleador no puede alterar, aunque sean unos minutos, el horario de entrada y salida porque se trata de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo que afecta a la conciliación, especialmente de las mujeres, que "dedican 12.500 millones de horas diarias a los cuidados familiares". ¿Cree que la falta de corresponsabilidad sigue lastrando la carrera profesional de las mujeres?

R. Hoy por hoy la corresponsabilidad no se ha conseguido, aunque estamos en camino ya que la conciencia social es mayor que en otras épocas. Esto lastra la carrera profesional de las mujeres.

R. El mes pasado, en pleno Orgullo, se hizo público el fallo del Tribunal Constitucional que declaró por primera vez que cualquier discriminación que sufra una persona trans por razón de su identidad de género es contraria a la Constitución. Siguiendo este razonamiento, ¿qué le parece que siete de cada diez personas LGBTI en España tengan que volver cada día al armario en su trabajo por miedo a los cuchicheos, a no promocionar o a ser despedidas, como recoge el proyecto Adim de los Gobiernos de España y Portugal y de la Universidad Complutense?

R. A mí me parece una situación inaceptable de todo punto de vista. En modo alguno tu orientación tiene que suponer un lastre en tu carrera profesional o que tengas que disimular o prescindir de ella para poder seguir trabajando.

R. Según este estudio publicado en 2020, en las empresas “a menudo se escuchan discursos que impiden que las personas que no son heterosexuales hablen de su vida personal con naturalidad en el ámbito laboral". Se escucha que "la sexualidad es una cuestión privada. A mí no me importa lo que cada uno haga en su casa”. Así, mientras las personas heterosexuales hablan con espontaneidad de sus parejas y familias, las personas LGBTI pueden verse privadas de ello bajo este tipo de argumentos. ¿Es discriminatorio?

R. Aquí no hemos tenido ningún asunto en el que se nos haya planteado directamente, pero negar esa realidad es cerrar los ojos y eso no tiene ningún sentido. El derecho está para regular las situaciones, no para cercenarlas.

R. Usted es la primera mujer que preside una sala del Supremo en más de 200 años. ¿Por qué cuesta tanto que las magistradas lleguen a altos puestos judiciales y qué grado de responsabilidad tienen en ello sus compañeros?

R. En nuestra profesión hay muchísimas mujeres, salvo en la cúpula. Antes era porque no teníamos la antigüedad suficiente. Ahora que la tenemos es porque están los años centrales de la vida en los que habitualmente las magistradas se dedican a la crianza de los hijos o de los familiares. Y ese tiempo no pueden dedicarlo a realizar cursos, seminarios, salir al extranjero, escribir libros o realizar otras actividades que mejoran su currículum. No hay una asunción corresponsable por parte del otro miembro de la pareja de todas sus obligaciones, que son asumidas de forma mayoritaria normalmente por las mujeres. Pero el ámbito judicial es un reflejo de lo que pasa en el resto de la sociedad.

R. ¿Está a favor de la política de cuotas?

R. Creo que es importante la denominada igualdad positiva. En igualdad de condiciones entre un candidato y una candidata, si es un sector, una actividad o una categoría en la que la mujer está infrarrepresentada, creo que se debe potenciar a la mujer.

R. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está en funciones desde 2018 y algunos de sus compañeros piden escoger a 12 de los 20 vocales que ahora decide la mayoría de tres quintos que obliga a entenderse al PSOE y al PP. ¿Usted es partidaria de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para elegir a estos 12 miembros y preservar así su independencia del poder político?

R. Yo creo que lo que decida el Poder Legislativo tiene que ser. Ellos son los que hemos elegido y los que tienen que decidir cómo se tienen que elegir las cosas.

R. ¿Qué le pareció la reforma del año pasado, impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, que impide que este órgano pueda realizar nombramientos en la cúpula judicial estando en funciones, con la salvedad introducida hace unos días para que el CGPJ nombre a los dos miembros que le corresponden del Tribunal Constitucional?

R. No enjuicio lo que resuelve el poder político. Creo que hay que respetar la separación de poderes. Pero para esta sala eso ha tenido una incidencia grande porque en este momento de trece magistrados que éramos somos 10 porque un magistrado falleció, otro se jubiló y una compañera se marchó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nos hemos quedado muy poquitos y la carga de trabajo ha subido exponencialmente, por lo que la posibilidad de dar respuesta a la ciudadanía en un periodo de tiempo razonable resulta imposible.

R. ¿Cree que está justificada la posición del PP de no acceder a negociar con el PSOE la renovación del CGPJ?

R. No enjuicio las decisiones políticas.

R. Dados los últimos movimientos en la Fiscalía General del Estado, ¿cree que Álvaro García Ortiz es un perfil adecuado como fiscal general o, como dicen los vocales conservadores, no es un candidato adecuado por su proximidad con Dolores Delgado, ex fiscal general y exministra de Justicia del Gobierno de Sánchez?

R. Los jueces tenemos bastante limitada la capacidad de emitir públicamente opiniones.