Cuenta atrás tras el ‘decreto Ábalos’

Las VTC urgen a las comunidades una regulación del sector “para evitar su desaparición” en España

Tienen solo un año para evitar que se impidan los servicios urbanos de estos vehículos.

Si se eliminan se destruirán más de 61.000 empleos, según Unauto y Aseval Madrid

Una mujer abre la puerta de un coche VTC de Cabify.
Una mujer abre la puerta de un coche VTC de Cabify.

Las empresas de VTC, que operan con plataformas como Uber y Cabify, reclaman a las comunidades autónomas que inicien urgentemente los trámites para regular el sector de los vehículos de transporte con conductor para evitar su desaparición en toda España. Así lo explican a CincoDías las dos patronales que agrupan a las empresas de VTC en España, Unauto y Aseval Madrid.

Responsables de ambas asociaciones recuerdan que tras las protestas del taxi de julio de 2018, el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 13/2018, conocido como decreto Ábalos [por el exministro de Fomento], que prohibía a las licencias VTC realizar trayectos urbanos más allá del 1 de octubre de 2022, “condenando al sector a su desaparición transcurrido un periodo transitorio de cuatro años, porque la mayoría de trayectos que hacen estos vehículos son urbanos”. El mismo decreto transfirió las competencias a las comunidades autónomas para regular la actividad de las licencias VTC para, entre otras cosas, habilitarlas a seguir realizando trayectos urbanos.

Para Unauto y Aseval, ha empezado la cuenta atrás, pues ya han transcurrido tres años sin que ninguna comunidad haya regulado el sector y ninguna ha dado muestras de que vaya a hacerlo. Solo queda un año para el “precipicio regulatorio” que establecía el decreto Ábalos.

“La regulación del sector es urgente e inaplazable. Si no lo hacen, las más de 17.000 licencias VTC que hay en España perderán su habilitación para realizar trayectos urbanos, lo que supondrá la desaparición del sector, y el impacto económico sería devastador para la economía y para miles de familias que viven del sector, en un momento en el que es más importante que nunca promover el empleo”, dicen.

Ante este escenario, las dos patronales han elaborado un informe que revela que la eliminación de los servicios urbanos VTC en España destruiría 61.700 empleos, 41.200 directos y 20.500 indirectos.

Las pérdidas económicas podrían alcanzar los 2.500 millones de euros, avisan las asociaciones

En cuanto a las pérdidas económicas, estas podrían superar los 2.500 millones anuales, contabilizando el empleo destruido, la recaudación perdida e inversiones no realizadas. Según cálculos de Unauto VTC, el volumen de negocio generado por las VTC en 2020 ascendió a 1.350 millones de euros anuales y 758 millones en impuesto de sociedades, IVA y cotizaciones sociales.

A ese coste hay que sumar, según el informe, el importe que en su momento se determine para hacer frente a las reclamaciones patrimoniales en algunas autonomías, como Cataluña y Valencia, por haber modificado los requisitos operativos durante el periodo establecido como compensatorio por el decreto Ábalos y que podría ascender a un rango de entre 899 millones y 1.377 millones, según los cálculos realizados por la consultora EY.

El informe también resalta cómo la eliminación de los servicios urbanos de las VTC afectarían a la calidad de la movilidad para los ciudadanos. Según ambas asociaciones, actualmente más de ocho millones de españoles hacen uso regular de los servicios VTC. “Su desaparición resultaría en menos alternativas de transporte, en un aumento de precios para el consumidor, mayores tiempos de espera y un incremento del uso de vehículo privado, con el consecuente incremento del tráfico y contaminación. Eso sin contar con la desaparición de la inversión en la electrificación del parque de vehículos”.

Según el informe, la electrificación de la flota de VTC, prevista para los próximos cinco años, supondría una inversión superior a los 800 millones por la adquisición de nuevos vehículos e infraestructuras de carga.

El estudio de Unauto y Aseval contempla los diferentes escenarios por comunidad autónoma. En el caso de Madrid, donde el sector genera hoy más de 13.000 empleos (directos e indirectos), se verían afectadas 7.908 licencias, el 45% del total en España.

Las patronales del sector hablan de un “precipicio regulatorio” que afecta al ciudadano

Según un estudio de Metroscopia el pasado 30 de abril, el 86% de los madrileños está a favor de que se regulen las VTC para que puedan seguir trabajando más allá del periodo compensatorio y un 62% de los encuestados es contrario a la imposición de restricciones como el tiempo mínimo de precontratación. El impacto económico de la desaparición del VTC en esta comunidad supondría más de 1.000 millones de euros.

En Andalucía, segunda por número de autorizaciones (3.196, un 18,5% del total) y con más de 3.600 empleos, dicho impacto sería superior a los 370 millones.

Por último, el informe detalla que en Cataluña y la Comunidad Valenciana, dos de las regiones con mayores restricciones a los servicios de las VTC, tras aprobar ambas Administraciones sendos decretos ley en enero y marzo de 2019, que imponían los 15 minutos de precontratación, cuentan con 2.814 y 858 autorizaciones, respectivamente, el 16% y el 5% del total nacional. En sus casos, el impacto económico ascendería a más de 432 millones y casi 160 millones, respectivamente.

Los decretos ley de Cataluña y Valencia no las exime

“Regulación parche”. Desde Unauto y Aseval aclaran que los decretos ley de Cataluña y Valencia en plena guerra del taxi no exime a estas comunidades de tener que regular al sector de las VTC. “Lo que hicieron entonces fue una regulación parche. Regularon su operativa para contentar al sector del taxi, que tenía el transporte secuestrado y amenazaba el Mobile World Congress en el caso de Barcelona, exigiendo los 15 minutos mínimos de precontratación y estableciendo algunas limitaciones al servicio. Ahora, lo que deben hacer es regular el sector para poder otorgar una licencia para habilitar a las VTC a hacer trayectos urbanos. Si no lo hacen antes de octubre de 2022, el sector morirá”.

Despidos. Desde ambas asociaciones recuerdan cómo la aprobación del Decreto Ley 4/2019 de la Generalitat y el Decreto Ley 4/2019 del Consell de la Generalitat Valenciana supuso la desaparición de una gran parte de la actividad del sector, generando el segundo mayor despido colectivo de la historia en Cataluña, con 3.000 afectados. La medida supuso la salida de Uber de esta comunidad. En el caso de Valencia, “la regulación contrastaba, además, con la opinión mayoritaria de los valencianos, que en marzo de 2019 se manifestaron contrarios, en un 81%, a que las autoridades regulasen a favor del taxi, limitando los servicios de VTC”.

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