El Gobierno frena los VTC pero los compensa con cuatro años de moratoria (con excepciones)
Las licencias actuales pasarán a ser interurbanas pasado ese plazo Las que quieran operar trayectos urbanos deberán adaptarse a la normativa que establezcan cada autonomía y ayuntamiento
El Consejo de Ministros aprobó este viernes el polémico real decreto ley que modifica la regulación de la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). El Gobierno habilita con él a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que puedan regular este tipo de transporte, pero les da cuatro años de moratoria para que adopten su propia legislación. El decreto ley, que llega tras meses de negociaciones y huelgas, no ha gustado al sector de los VTC, que ya hablan de una “expropiación en diferido”, ni tampoco cumple con las exigencias del taxi, que pedían un año de moratoria como máximo. Ambos colectivos aseguran darse algún tiempo para llevar a cabo un detallado análisis jurídico de la nueva regulación.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, defendió la moratoria asegurando que con ella buscan dar un periodo de transición que permita a las comunidades autónomas asumir la regulación y dar un tiempo a los VTC en concepto de indemnización. “Hemos calculado el plazo de cuatro años para compensar en tiempo por unos derechos perdidos”, añadieron fuentes del citado ministerio.
No obstante, el real decreto ley admite que para casos, debidamente justificados, se pueda ampliar el plazo para recuperar la inversión a los VTC, si no pueden acceder a una segunda autorización en el ámbito urbano. El interesado deberá formular una solicitud ante la Dirección General de Transporte Terrestre dentro de los tres meses desde la entrada en vigor de la nueva normativa y justificar en la misma que el período de recuperación de la inversión realizada es superior a cuatro años. En cualquier caso, dicha ampliación de plazo solo podrá ser excepcionalmente superior a dos años, a partir de la finalización del plazo de cuatro años.
Más allá del periodo de gracia, que evitará al Estado o autonomías a tener que desembolsar miles de millones de euros en indemnizaciones a los dueños de las licencias VTC, la nueva norma aprobada establece que tras los cuatro años de moratoria las autorizaciones de los VTC de ámbito estatal quedarán habilitadas solo para prestar servicios interurbanos. En cambio, para llevar a cabo un servicio de transporte urbano, los VTC deberán adaptarse a la normativa que cada comunidad autónoma decida establecer. De esta manera, en el caso de que las autonomías no legislen, las licencias seguirán estando operativas, pero solo para realizar transporte interurbano.
El decreto, que ahora será remitido al Congreso para su convalidación en el plazo de un mes, habilita desde ese momento a las autonomías y ayuntamientos para modificar las condiciones de explotación de los VTC en su territorio en materia de horarios, captación de clientes, solicitud de servicios o especificaciones técnicas del turismo. “También se abre la opción de fijarles restricciones por exigencias medioambientales o de tráfico”, celebran desde el sector del taxi que ven en ello “una vía inmediata” para limitar a los VTC.
Desde este último sector critican que estas modificaciones, en caso de ser aprobadas por las Administraciones autonómicas y locales “supondría vaciar de contenido una licencia que les ha otorgado legalmente el Estado; más habiéndose establecido una moratoria de cuatro años”. Por ello, amenazan con ir a los tribunales, “y lo ganaremos como ya ocurrió con la norma de Ada Colau”.
Ábalos advirtió tras el Consejo de Ministros que es “evidente” que habrá recursos por parte de todos, pero aseguró que el nuevo real decreto ley “está muy bien apoyado desde la Abogacía General del Estado” y añadió que el propio decreto prevé cómo resolver los recursos si es que se producen. “El decreto cuenta con consistencia económica y jurídica; no tiene ningún “resquicio” que pueda derogarlo”, subrayaron desde Fomento.
Para el Gobierno es lógico que las comunidades y los ayuntamientos sean los que pongan las normas a los VTC. “Ambos sectores, taxi y VTC, están desempañando la misma actividad en el mismo ámbito, el urbano, y sin embargo hasta ahora tenían legislaciones distintas. Era una contradicción tremenda que el Estado sea el que regule los VTC en el ámbito urbano”.
El ministro defendió, a preguntas de los periodistas, que el Gobierno no ha sucumbido a la presión de ningún colectivo (desde los VTC se le acusa de haber “cedido al chantaje del taxi”). “Basta ver las reacciones de ambos sectores; ahí tienen la prueba. Ninguno se da por ganador”. Ábalos reconoció que es un conflicto en el que “hay muchos intereses, y seguro que habrá a quien le parezca que cuatro años es muy poco tiempo y otros a quien les parezca que es un mundo. Pero lo que está haciendo el Gobierno es evitar que desde la Administración se den ventajas competitivas de mercado a una de las partes. Creo que hemos actuado con gran objetividad”.
Ábalos también aseguró que el nuevo real decreto ley “no tiene que llevar a la pérdida de empleo”, e insistió en que lo que buscan es establecer un marco de convivencia, tener un sector de movilidad urbana ordenado y que crezca con seguridad”. Fuentes de los VTC, en cambio, creen que el Gobierno está lanzando un mensaje fuera de España de “no venir a invertir al país, al establecer una ley con carácter retroactivo” y aseguran que la nueva normativa solo “potenciará el problema y lo multiplicará por 17 [el total de autonomías]”. Los dueños de las licencias VTC, al igual que Uber y Cabify, temen a partir de ahora una fuerte presión de los taxistas, especialmente en los grandes consistorios, para que restrinjan al mínimo su actividad.
En cuatro años habrá más VTC
Los últimos datos que arroja el registro del Ministerio de Fomento reflejan que actualmente hay en circulación 11.200 licencias VTC en España. Además, 9.000 autorizaciones más se encuentran proceso de tramitación y saldrán próximamente al mercado. En total, habrá cerca de 20.000 licencias VTC por las 65.539 de taxis, que suponen una ratio de 1/3.
Las ciudades con un mayor número de licencias VTC son Madrid (5.277), Barcelona (1.926) y Málaga (1.075). En la ciudad andaluza la ratio es de una licencia VTC por cada dos de taxis. De acuerdo a los datos de Fomento, actualmente hay diez provincias españolas que todavía no han alcanzado la ratio 1/30 que establece, como máximo, la ley de 2015: Albacete, Badajoz, Bizkaia, Huesca, Jaén, Lleida, Lugo, Toledo, Zamora y Soria. Precisamente Soria es la única ciudad que aún no posee ninguna licencia VTC.
Unauto cifra en esa cantidad los trabajadores del sector de alquiler de vehículos con conductor y explica que en el último año hubo “más de seis millones de usuarios” que utilizaron este servicio de movilidad urbana.