Una gran oportunidad para el sector de la vivienda en España

Los fondos europeos para la rehabilitación de inmuebles son históricos, pero existen amenazas como la falta de mano de obra, la inflación y la burocracia

Cuando decimos que España tiene un problema con la vivienda, habitualmente nos referimos al aspecto estructural que afecta a millones de conciudadanos, especialmente los más jóvenes, que no pueden acceder a una vivienda digna por falta de parque residencial público, falta de oferta o carestía de precios.

Y es cierto, España tiene ese problema con la vivienda; pero además tiene otro quizás más grave que el anterior pero no tan conocido: vivimos en casas y pisos viejos; con serias carencias en su habitabilidad y accesibilidad, si pensamos en una población cada vez de mayor edad; y además muy poco sostenibles.

De los 25 millones de viviendas que tenemos en España, más de la mitad se construyó antes de 1980; y del resto, una parte muy importante ronda los 40 años. Según un estudio del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, un alto número de viviendas españolas se encontraban en el escalafón más bajo del certificado de eficiencia energética –el 84% del parque se situaba en la escala E, F y G–, y necesitaban una rehabilitación energética para evitar un gasto medioambiental innecesario.

Ante todo ello, es curioso que, siendo la propiedad de una vivienda una prioridad histórica en nuestro país, además del principal y único activo económico para millones de familias, tengamos un parque tan vetusto y desatendido en cuanto a su renovación y rehabilitación… por lo menos hasta ahora.

El Congreso aprobó el jueves 12 de mayo el proyecto de ley de medidas urgentes para impulsar la rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata de la regulación para cumplir con los objetivos que marca dicho plan y que contempla 7.000 millones de euros en inversiones de este tipo. Estamos ante un ejemplo más de la importancia que va a tener la construcción en la estrategia de recuperación de la Unión Europea pos- Covid, y donde 7 de cada 10 euros de los de los fondos NextGeneration van a estar directa o indirectamente relacionados con esta actividad.

Del presupuesto europeo, hay unos 150.000 millones disponibles para ello y se calcula la intervención en 35 millones de edificios, pues el 85% de lo edificado en la UE rebasa los 20 años. Una medida necesaria, ya que en la UE no se rehabilita más de un 10% del parque edificado y solo el 1% se renueva atendiendo a criterios energéticos. Y en lo que a España se refiere, cada año se rehabilitan solo unas 30.000 viviendas una cifra bastante inferior a la de países vecinos como Francia o Portugal, que reacondicionan sus respectivos parques edificados a un ritmo del 1,5%-2% anual en gran rehabilitación.

Sin embargo, esta oportunidad histórica también tiene sus amenazas. La primera es la falta de mano de obra. En la época del Plan E del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, el sector contaba con 2,8 millones de trabajadores y la inversión era de cerca de 12.900 millones de euros. Ahora España se dispone a recibir el casi el triple y solo cuenta con 1,3 millones de empleados. La Fundación Laboral de la Construcción, en un estudio, eleva a 700.000 el número de empleados que necesitaría el sector.

Una segunda amenaza tiene que ver con las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia y del incremento del precio de las materias primas y la energía. En cuanto a las materias primas, hemos vivido unos incrementos de precios sin precedentes, así como graves problemas de desabastecimiento. Cuando la actividad de rehabilitación y construcción parecía que se iba recuperando empezaron a faltar materias primas esenciales para la fabricación y esto originó grandes tensiones en la cadena de suministro. Consecuencia de ello fue que al menos medio millar de licitaciones públicas quedaron desiertas por el precio inasumible de los materiales, lo que supone más de 230 millones de euros sin cubrir. Junto a incremento de precios, el constante incremento del coste de la energía también está ralentizando el sector y llevando a muchas empresas a detener su producción ante el desmesurado incremento del precio del gas y la electricidad, poniendo en riesgo miles de empleos.

A estas dos amenazas hay que añadir la lentitud por parte de las administraciones a la hora de activar las ayudas en la rehabilitación de viviendas. Todavía hay muchos fondos anunciados en otoño de 2020 que no se han convocado y algunas convocatorias no han tenido el recorrido esperado. Sin ir más lejos, a junio de 2022 sólo se han convocado algo más de 300 millones de los 1.151 millones de euros destinados a la rehabilitación de viviendas y edificios correspondientes a las anualidad 2021 procedentes de los fondos Next Generation EU. Más en detalle, hasta ahora, las comunidades de Andalucía, Aragón, Extremadura, Galicia, Navarra, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cantabria, Región de Murcia y Madrid son las únicas que han convocado alguno de los programas. Todavía hay seis CCAA que no han convocado ni un solo euro de los 135,5 millones que tienen asignados. Por último, todavía no está claro el papel que van a jugar figuras como el agente rehabilitador, ni de qué manera se van a hacer dar a conocer sus funciones a la población.

Amenazas aparte, la aprobación de la ley antes comentada y el espectacular presupuesto que la acompaña, debe permitirnos ser optimistas. El sector de la construcción, –especialmente en los subsectores como el que nuestra organización representa, especializado en la fabricación de morteros y sistemas de aislamiento térmico por el exterior–, puede recuperarse y actuar como tractor para la tan esperada recuperación económica. Pero más importante aún, la construcción puede hacer que millones de españoles vivamos en viviendas más cómodas, habitables y accesibles, y sobre todo más sostenibles. Si lo conseguimos habremos solucionado uno de los problemas que los españoles hemos tenido durante décadas

Robert Benedé Angusto es Gerente de Anfapa, la Asociación de Fabricantes de Morteros y Sistemas de Aislamiento Térmico por el exterior (SATE)