Fráncfort envía una señal clara de que la inflación es su gran prioridad
Las sutilezas y matices implícitos en el lenguaje de los gobernadores de los bancos centrales se han convertido más de una ocasión en una marca del mandato. “Si me han entendido bien seguramente es que no me he expresado bien”, señalaba Alan Greenspan durante los años en que lideró la Fed estadounidense, mientras en Europa, el léxico del expresidente del BCE, Jean-Claude Trichet, se hacía famoso por sus crípticas fórmulas. Tal vez por eso, la hoja de ruta monetaria que la actual presidenta del banco, Christine Lagarde, publicó ayer en la web de la institución ha sorprendido tanto, dada la claridad y el detalle con que explica los próximos pasos de Fráncfort. Lagarde señala que considera muy probable que se puedan abandonar los tipos cero a finales de septiembre, lo que significa –puesto que la facilidad de depósito está en la actualidad en el -0,5%– que la institución tendría que aprobar por lo menos un alza de 25 puntos básicos en la cita de julio y de otros 25 en la de septiembre.
El cambio de actitud que trasluce esta inusitada concreción solo se entiende en el marco de una economía europea seriamente amenazada por una escalada de la inflación que ha superado las expectativas de muchos, empezando por el propio banco, y de la urgente necesidad de la institución de enfriar la economía y lidiar contra las tensiones en los precios, un objetivo ligado a su credibilidad. La firmeza en el mensaje de Lagarde sugiere también la conciencia del banco de haber identificado el problema tarde, haberlo minusvalorado y haber rectificado con excesiva lentitud. Pese a que la presidenta del BCE asegura que los tipos de interés son una herramienta suficiente para hacer frente a los vientos inflacionarios que recorren Europa y que de momento resulta prematuro abordar una reducción del balance de la institución es evidente que Europa, como ya ha hecho EEUU, se adentra en una nueva era en términos de política monetaria y que ese giro colocará la pelota en el tejado de los estados miembros, comenzando por los más endeudados y fiscalmente menos saneados.
No es casualidad que Bruselas haya advertido a España de los desequilibrios que está experimentando la economía, especialmente por el lastre que supone la alta deuda externa, pública y privada, en un contexto de alto desempleo. Como tampoco lo es que haya insistido en la necesidad de abordar un plan de sostenibilidad que se apoye en una política fiscal “prudente”, que racionalice el gasto, transmita confianza a los mercados y conduzca a España hacia la senda del equilibrio presupuestario, en un entorno de política monetaria cada vez más exigente.