Lo que trae la ley de residuos: armonización y tasas municipales
Un impuesto estatal sustituye a los aprobados por las autonomías
La Ley de Residuos y Suelos Contaminantes para una Economía Circular entró en vigor el pasado 10 de abril. Esta norma, que traspone dos directivas europeas, persigue regular los residuos de una manera integral y fortalecer su recogida en forma separada, sobre todo la de los domésticos.
En su articulado hay dos novedades tributarias que empezarán a funcionar en enero de 2023. La primera es la creación de un impuesto a los envases no reutilizables o de un solo uso. Este nuevo impuesto, que recae fundamentalmente en los fabricantes, ha sido ampliamente difundido y muy criticado por la industria alimentaria en especial.
El segundo tributo es menos conocido y, aunque es más técnico, tiene su importancia de cara a la eliminación de la basura. Se trata del impuesto a los depósitos de residuos en vertederos, incineración y coincineración de residuos. El sujeto pasivo es quien realiza la entrega, pero se establece “un sustituto del contribuyente” que serán los gestores de los vertederos y las instalaciones de incineración.
El tributo, de carácter estatal, sustituye a todos los aprobados en materia de depósito de residuos por la mayoría de las comunidades autónomas. “En el sentido de que supone una armonización y termina con la disparidad de gravámenes autonómicos nos parece fabuloso”, declara Alicia García-Franco, directora general de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER).
Los ayuntamientos gravarán de forma específica la gestión de basuras
A su juicio, se termina así con el denominado “turismo de residuos”, el que se produce de una comunidad a otra con tipos más bajos o donde no hay tributo al respecto. Sin embargo, “todo se estropea cuando la ley establece que cada autonomía podrá incrementar los tipos de este impuesto. Con esto, se han cargado la armonización”, señala García-Franco.
Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios del Reaf-Consejo General de Economistas, explica que el nuevo tributo es estatal, “pero cede su gestión a las autonomías y el Estado se hará cargo en el territorio de aquella que no la quiera”. De momento, la única que se ha brindado a gestionarlo es la Comunidad Valenciana.
Reacciones del sector
Para el grupo Valtalia, multinacional orensana dedicada al reciclaje, la nueva norma representa “un reto tanto para las Administraciones públicas como para las empresas del sector medioambiental, que deberán ser capaces de diseñar y ejecutar nuevas infraestructuras de tratamiento”.
En lo que se refiere al impuesto de los depósitos, en Valtalia opinan que es “una penalización a los productores de residuos que destinen los mismos a incineración o vertido, lo que les supondrá unos sobrecostes que, a su vez, fomentarán el desarrollo de nuevas infraestructuras, tecnologías y procesos de reciclaje”.
La FER critica que las comunidades puedan subir los tipos del tributo verde del Estado
Sobre el de los envases de un solo uso, el grupo también lo ve como “una penalización a fabricantes que empleen materias primas vírgenes respecto a aquellos que usen materias primas recicladas”.
“Esperemos que las nuevas figuras impositivas previstas incentiven y refuercen aún más la recogida separada y el reciclaje de todos los residuos municipales, especialmente de aquellos que todavía no tienen contenedores propios específicos implantados a nivel nacional, como los de materia orgánica (que representa más del 40% de los residuos de la población) o los de textil”, indican en Ecoembes.
A esta organización sin ánimo de lucro, la ley en general le parece “una apuesta clarísima por la prevención, la reutilización y el reciclaje”, aunque pide facilidades para que todos puedan cumplirla y “un marco normativo armonizado a nivel nacional”.
Tasas
Otra novedad de la ley de residuos es que fija un plazo de tres años para que los ayuntamientos cuenten con una tasa diferenciada que cubra los gastos de recogida, transporte y tratamiento de sus residuos.
El sector celebra que se penalice la eliminación sin más de los desechos
La directora general de la FER ve con buenos ojos esta medida, ya que “se trata de diferenciar claramente lo que cuesta esta gestión en los municipios. El usuario tiene que saber que tiene un coste concreto y cuál es”.
La introducción de la palabra diferenciada en la ley es importante, pues la mayoría de los ciudadanos abonan a sus ayuntamientos estos costes a través de impuestos como el IBI, que tiene otra razón de ser completamente distinta a la gestión de la basura, o de otras tasas no específicas.
Cómo se separan los plásticos
Separación. El primer destino de los residuos plásticos que se depositan en los contenedores amarillos son las plantas de separación.
Casi 100. En España existen 97 plantas. Una de tamaño medio es la de Colmenar Viejo (Madrid), de titularidad pública, explotada y gestionada por una empresa privada tras la licitación de la Mancomunidad del Noroeste. Ecoembes se encarga de financiar la conversión de estos residuos con los ingresos que recibe de las empresas envasadoras.
Recepción. En la playa de descarga, una gran tolva dosifica los envases y empieza el proceso.
Triaje. En la cabina de triaje hay una primera selección. Se retiran los envases más voluminosos y los no viables. Después, un cilindro con mallas en su interior, el tromel, separa por tamaños para que salgan los envases sueltos por un lado, la materia orgánica por otro y los no recuperables.
Imanes. Un separador con palas se encarga de que los envases más pesados caigan a otro recipiente, mientras que los menos pesados siguen subiendo para ser prensados. Se apartan las latas con imanes y se sigue seleccionando con rayos infrarrojos. Operarios comprueban que todo está bien.
Prensado. Se prensa el material seleccionado para hacer bolos monomateriales. Y de ahí, a la empresa recicladora. Lo que no puede recuperarse va al vertedero.
