La Ley de Residuos sale adelante en el Congreso con fuerte rechazo de la industria agroalimentaria

La patronal FIAB cifra en 2.000 millones el impacto negativo en el sector; incluye dos nuevos tributos, a los envases de plásticos y a la incineración

Planta de tratamiento de residuos de CLD en Barberà del Vallès (Barcelona).
Planta de tratamiento de residuos de CLD en Barberà del Vallès (Barcelona).

Ya es un hecho. La denominada Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular acabó este jueves su trámite parlamentario, después de meses de espera, tira y afloja de grupos de presión, y amenazas de multa de Bruselas a España por no transponer varias directivas sobre el asunto. El Congreso de los Diputados dio luz verde definitiva a la norma, que fija objetivos de reducción de residuos y prohíbe la venta de productos de plástico de un sólo uso, entre otros cambios. El texto, una vez publicado en el BOE, reemplazará la Ley de Residuos de 2011.

Termina así una larga tramitación de la norma, que ha sobrevivido a la escasez de apoyos en el Senado, donde se tramitaron 579 enmiendas. Ha salido adelante con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, Más País y los grupos vascos y la abstención del PP, y sin los votos de Vox y de los grupos catalanes, que intentaron negociar en ambas cámaras para que Cataluña mantuviera la plena gestión del impuesto que ya se aplica en esa comunidad y que, alegan, peligra por el nuevo tributo al vertido e incineración que la ley introducirá a nivel estatal en 2023.

La nueva norma transpone con retraso las directivas europeas de residuos y de plásticos de un sólo uso, que debían haberse trasladado al marco español en 2020 y en 2021.

Entre los principales puntos de la norma figuran, para fomentar la economía circular, dos nuevos tributos. Uno, sobre los envases de plástico no reutilizables, y un impuesto a la incineración, coincineración y al depósito de residuos en vertedero. Las entidades locales estarán obligadas a desarrollar en tres años una tasa o prestación patrimonial, asociada a los servicios de gestión de residuos que prestan.

El texto incorpora también la posibilidad de implantar, a partir de finales de 2023 y tras una evaluación previa, el sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR).

Reducción gradual

La norma incluye objetivos como la reducción del peso de los residuos producidos de un 13% en 2025, y de un 15% en 2025 respecto a los generados en 2010, objetivos más ambiciosos que la directiva de la UE. Desde 2025 también habrá que recoger de manera separada los residuos textiles, aceite de cocina usado, residuos domésticos peligrosos y voluminosos.

Reutilización

El texto prohíbe también la destrucción de excedentes no vendidos de productos no perecederos como textiles, juguetes y aparatos eléctricos, que deberán destinarse preferentemente a reutilización y reciclado. Para reducir el consumo de envases, los establecimientos de hostelería y restauración deberán ofrecer el consumo de agua de grifo gratuita.

Entre otras novedades, figura la consideración de ciertas particularidades en las tasas municipales de residuos, como la participación en compostaje doméstico o comunitario.

Reparación

Por otro lado, establece obligaciones para los productores a la hora de proporcionar información sobre la posibilidad de reparar los productos eléctricos y electrónicos.

La nueva ley cuenta con el rechazo de gran parte de la industria agroalimentaria por “amenazar la competitividad del sector, en tanto que pone a las empresas españolas en desventaja respecto a sus competidores” del resto de Europa. “La Ley de Residuos aprobada hoy [por ayer] tendrá un importante impacto en las empresas del sector, alrededor de 2.000 millones de euros, y por tanto en el empleo”, afirmó Mauricio García de Quevedo, director general de la patronal alimentaria FIAB. La industra rechaza también el proyecto de real decreto de Envases y Residuos de Envases, que se está tramitando en paralelo a la Ley de Residuos.

FIAB: cierre de 2.400 empresas

Este real decreto tendrá un fuerte impacto en el sector de alimentación y bebidas, ya que podría provocar el cierre de hasta 2.400 empresas, el 7,1% de la industria, y la destrucción de 26.500 empleos, según un estudio realizado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) junto a FIAB. La norma fija, entre otras medidas, la reducción del 50% de botellas de plástico de un solo uso para 2030, así como nuevos objetivos de reutilización. Según Afi, estos objetivos “conllevan un incremento de costes e inversiones inesperadas para el sector. Las pymes ubicadas en el medio rural, serán, en general, las más afectadas”.

En concreto, Afi estima en 7.050 millones de euros el coste que acarreará la aplicación del decreto, e indica que en algunos aspectos “excede las directivas europeas”, además de imponer inversiones de 6.270 millones de euros para adaptarse a los objetivos de reutilización y reducción de plástico.

EsPlásticos

Por su parte, la plataforma del sector EsPlásticos avisó ayer que el impuesto a los envases no reutilizables “generará un alza de precios de muchos productos de primera necesidad”.

"El impacto del impuesto será alto. España es de los pocos países europeos que va a implementar un impuesto que consideramos discriminatorio con respecto a otros materiales, desproporcionado y sobre todo no es útil para mejorar los objetivos ambientales de la ley ya que repercutirá no solo en un sector clave en la industria española, sino que de forma directa incidirá en toda la industria, que usa envases de plástico", señalan desde la plataforma.

"Además, estos objetivos de reducción no fomentarán la reutilización ya que se traducirán en la sustitución arbitraria por otros envases de un solo uso, muchos de ellos hechos de multimateriales y más difíciles de reciclar, que darán lugar a residuos mucho más pesados, generando por tanto una huella de carbono mayor", añaden.

 

Importe del canon hidráulico a devolver a las eléctricas

Incluida en la nueva ley de Residuos se aprobó ayer una modificación, propuesta por el PSOE, al artículo 11 del canon de generación a la energía hidráulica, para incluir una sentencia del Tribunal Supremo relativa a la aplicación de este canon aprobado en 2015 por el Gobierno del PP. Ese fue uno de los asuntos más criticados ayer durante el debate del proyecto de ley, ya que varios grupos parlamentarios, entre otros PP, Cs, PNV y Vox afearon al Ejecutivo la “utilización” de la nueva norma para introducir tal modificación.

La misma permite devolver a las eléctricas 1.400 millones de euros con cargo al Estado para compensarlas por la aplicación que se hizo del canon con carácter retroactivo (años 2014 y 2013) a la aprobación de la ley de 2015, según marca el Supremo.

Esa devolución corre a cargo del Tesoro Público, por lo que no debe afectar a la factura de los consumidores, y las principales beneficiadas del reintegro serían Iberdrola, Endesa, Naturgy y Acciona.

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