El urgente deber del Gobierno de resolver un conflicto capaz de paralizar el país

El Gobierno volvió ayer a reunirse con representantes de la patronal del transporte con la intención de poner fin a una huelga que está poniendo contra las cuerdas a numerosas cadenas de suministro en toda España, tanto en la industria como en las explotaciones ganaderas y agrícolas, lonjas y centros comerciales. La reunión, cuyo objetivo fue concretar las medidas ofrecidas a la CNTC a principios de semana, se saldó con la oferta de una rebaja de entre 20 y 30 céntimos por litro de combustible a aplicar a partir del 1 de abril y hasta el mes de junio. Las ayudas son exclusivamente para vehículos pesados de mercancías, aunque se espera una medida similar para taxis, VTC, ambulancias y el sector del autobús.

Más allá de las condiciones ofrecidas y de su plazo de aplicación, y a la espera de ver si son suficientes para responder a un problema de muy compleja solución, el conflicto del transporte camina hacia un enquistamiento en el diálogo cuya resolución exige un serio ejercicio de responsabilidad. El Gobierno continúa decidido a ignorar a la organización que ha convocado los paros, la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, integrada por pymes y transportistas autónomos, la cual no reconoce a la CNTC como representante en las conversaciones, y ayer volvió a manifestar que continuará con las protestas. La plataforma ha convocado para hoy en Madrid una concentración frente a la sede del Ministerio de Transportes, lo que apunta a una prolongación del conflicto. Desde la industria alimentaria se advertía de que si la situación no se reconduce, el sector tendrá que recurir de nuevo a los ERTE para poder soportar la factura de los paros, que solo en el caso de las empresas de distribución alimentaria suma 130 millones diarios, lo que eleva el total a 1.300 millones. Los supermercados y centros comerciales han hecho un llamamiento a los ciudadanos para que no almacenen comida y agraven los problemas de aprovisionamiento.

Tras 13 días de paros, el Gobierno debe asumir sin más dilación su deber institucional de hacer todo lo posible para resolver este conflicto, lo que exige dejar de ignorar a la plataforma convocante de la huelga, cesar de ningunearla públicamente y abstenerse de utilizar etiquetas políticas, se ajusten o no a la realidad, como argumento para descartar el diálogo. Se trata de una responsabilidad que se fundamenta en un principio democrático fundamental: el hecho de que el Ejecutivo gobierna para todos los españoles. Ello obliga a escuchar, a dialogar y a tratar de acercar posiciones con el fin de solucionar un conflicto gravísimo que está dañando al conjunto del país.