Dieta depurativa para cumplir el reto europeo
Quedan siete plantas por adaptar a la directiva de tratamiento de aguas urbanas
El déficit en materia de depuración de aguas residuales le está saliendo muy caro a España. Ya le ha costado cerca de 63 millones de euros y esta cantidad no va a dejar de crecer mientras no se ponga al día con la normativa europea.
Nuestro país apuró las prórrogas para cumplir la directiva comunitaria de 1991 que establece los requisitos para tratar las aguas urbanas y, en 2018, el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España a pagar 12 millones por incumplimiento, cantidad a la que se sumarían cerca de 11 millones al semestre mientras no se acometieran las obras necesarias para acondicionar las depuradoras de nueve aglomeraciones urbanas infractoras.
Aún quedan siete por adaptar a la legislación europea –dos de ellas podrían hacerlo este mismo año– y no podrá desembarazarse de la sanción hasta que en 2025 “finalicen las obras” de una nueva estación de depuración en Matalascañas (Huelva).
Esta fue, en enero, la respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica a la pregunta parlamentaria de Más País-Verde Equo sobre los problemas de depuración en España. El departamento dirigido por Teresa Rivera informaba al Congreso de que la multa ascendía a los 62,96 millones de euros y avanzaba que “está previsto que a lo largo de este año 2022 la Comisión Europea acredite el cumplimiento de las aglomeraciones de Nerja y Gijón Este, con la entrada en funcionamiento de las respectivas depuradoras”.
El sector demanda agilizar las licitaciones e intensificar la colaboración público-privada
Una vez que Bruselas certifique su puesta en marcha, la pena, que se establece en función de la población de las aglomeraciones urbanas, bajaría a alrededor de los cinco millones al semestre, una cifra que irá descendido a medida que se ejecuten el resto de intervenciones pendientes pero que, según el ministerio, seguirá engordando la mayor multa europea a la que ha tenido que hacer frente España al menos otros tres años.
Lluvia de dinero
La depuración del agua plantea un doble reto a las arcas del Estado. Para asumir la sanción –tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas– y para acometer las obras, adecuando las plantas obsoletas y creando nuevas infraestructuras que introduzcan tratamientos terciarios, esto es, la reutilización.
La buena noticia es que los nuevos planes hidrológicos de cuenca, los fondos Next Generation y los Presupuestos Generales del Estado vienen a atender las obras con las que el país debería cumplir sus obligaciones.
Las obras de la planta de Matalascañas acabarán con las infracciones en 2025
Lo harán con una lluvia de dinero: en seis años, 20.000 millones a invertir por las Administraciones hidráulicas, 1.700 millones de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), 443,9 millones en 2022 –más los que se aprueben en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado– y cerca de 3.000 millones del nuevo Perte del agua, destinado a la digitalización del ciclo del agua.
De forma específica y dentro de los objetivos de la Directiva Marco del Agua de cara a 2027, el 31% de las inversiones del PRTR para la preservación del litoral y los recursos hídricos en el periodo 2021-2023 está dedicado al Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (DSEAR), repartido en 200 millones en 2021, 255 millones en 2022 y 187 millones en 2023.
Retos y propuestas
Desde 2008, cuando los recursos destinados al ciclo del agua cayeron a consecuencia de las políticas para hacer frente al déficit, “el stock de capital público ha menguado y se han dedicado pocos fondos a la conservación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua”, por eso ahora son necesarias “más inversiones que sean sostenidas y sostenibles en el tiempo; no es ninguna locura pedir que se dedique a estas cuestiones el 2% del PIB”, defiende Antolín Aldonza, portavoz de la junta directiva de la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua).
El Perte del agua se destina a la digitalización y modernización en la gestión
Gracias a las inversiones y ayudas del PRTR, “las empresas podrán reforzar su músculo financiero tan necesario en el caso de las pymes, así lo requiere Europa, por eso es tan importante que se cumpla puntualmente el plan en todos sus extremos, para que su impacto positivo en la economía se empiece a notar lo antes posible”, sostiene.
Pero, además de recursos, Aldonza considera necesaria una serie de reformas estructurales para gestionarlos de forma eficiente, alertando sobre los largos plazos que median entre la idea de acometer una infraestructura, la publicación de la licitación y la adjudicación del contrato.
Desde Aqualia recuerdan que, en España, solo el 65% de los municipios españoles de entre 2.000 y 10.000 habitantes dispone de tratamiento de agua adecuado, un problema que afecta a casi el 25% del total de corporaciones locales. “Este reto pasa por intensificar la colaboración público-privada”, aseguran desde la división de gestión del agua de FCC, donde consideran que esa colaboración facilitaría que las comunidades autónomas hagan frente a sus carencias en materia de depuración y mejoren el ciclo del agua.
También en Agbar defienden fortalecer este modelo de alianzas. “La Administración ha de ser eficiente y eficaz, regular y velar por el cumplimiento de la normativa, y la empresa ha de aportar su know how y su experiencia de gestión”, explica Javier Santos, responsable de tratamientos de agua y economía circular de la empresa.
La cifra
26.000 millones de euros. Es el importe que se invertirá en ciclo del agua en los próximos seis años. Solo para 2022, el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (DSEAR) contempla 255 millones.
La propuesta de Global Omnium para paliar los retrasos acumulados pasa por “la mejora de los mecanismos de coordinación entre los tres niveles administrativos”. Además, el grupo identifica cuatro ámbitos urgentes de actuación. Junto a la construcción de nuevas estaciones y la renovación del parque nacional, menciona el diseño de una normativa que incentive la reutilización de aguas residuales para usos agrícolas, industriales y recreativos, la gestión de los lodos producidos por las depuradoras, y la digitalización para la mejora de los procesos. “Retos que deben venir económicamente sostenidos por una política tarifaria del agua” bien coordinada a nivel nacional, que cubra los costes de operación y mantenimiento y esté “a la altura de la importancia de los desafíos del sector en este siglo”, resaltan.
En Tedagua consideran urgente impulsar medidas para la eficiencia en los procesos de contratación, “recuperando el valor técnico de las propuestas para asegurar el compromiso de calidad y plazo de los adjudicatarios”, sostiene su director comercial, Luis Miguel Arauzo. Asimismo, propone crear “nuevos modelos de contratación que faciliten la implicación de las empresas del sector en el desarrollo de instalaciones”. Medidas para impulsar el mercado y crear “un efecto multiplicador al acumular experiencias profesionales que poder utilizar en los mercados internacionales”.
La misma reflexión hacen desde Abengoa. El menor nivel inversor de los últimos años en el mercado interno “ha limitado en gran medida nuestras referencias para abordar luego el mercado mundial”. Por tanto, sostienen, “el desarrollo de infraestructuras en España es positivo para las empresas españolas de forma directa” –entre otras razones, por la creación de empleo– y, además, “para seguir aportando crecimiento a nuestro tejido empresarial más allá de nuestras fronteras”.
Por otra parte, en la compañía ponen el acento en los residuos ganaderos. “No hay un apoyo público decidido en esta materia que guarde proporcionalidad con el impacto ambiental que supone en comparación con las aguas residuales urbanas”. Por eso confían en “el protagonismo creciente de los biocombustibles” para “dar un mayor impulso en la búsqueda de soluciones”.
Biofactorías para la alquimia de los residuos
“El paradigma de economía circular en agua es la reutilización del agua residual”, sostienen desde Sacyr Agua. En España reutilizamos de media el 13%, cerca del 90% en regiones mediterráneas o en las islas. Ahora, explican, “tenemos que avanzar en conceptos sostenibles como la biofactoría, una depuradora en la que ya no producimos residuos sino elementos valorizables, como biogás, nutrientes, abonos a partir de lodos y agua depurada o el brine mining: minería de la salmuera para la obtención de sales y productos químicos de interés”.
En ese modelo de biofactoría trabaja Agbar, un grupo que, explica su responsable de tratamientos de agua y economía circular, Javier Santos, ha presentado un plan con 75 proyectos punteros en materia de agua y medio ambiente acorde a las exigencias de los fondos Next Generation que suponen un valor de 9.000 millones en las 17 comunidades autónomas.
Un ejemplo evidente de reaprovechamiento es el de los fangos. En Canal de Isabel II, su unidad de tratamiento de lodos de Loeches y la EDAR Sur emplean motores de cogeneración que los secan y, con el calor generado, producen energía eléctrica para alimentar el proceso. Otro de los subproductos de la depuración es la estruvita, fertilizante de alto valor obtenido a partir de la cristalización controlada del fósforo presente en las aguas residuales. La de EDAR Sur es la mayor planta de producción de estruvita del país, produciendo dos toneladas diarias de la que está considerada oro blanco de los residuos.
Asimismo, el tratamiento mediante digestiones anaerobias de los fangos genera grandes cantidades de biogás, que la empresa pública madrileña obtiene en 23 de sus 157 depuradoras. En la EDAR de Viveros, la empresa ha instalado una gasinera que filtra el biogás para producir hasta 5 metros cúbicos normales por hora (Nm3/h) de biometano. Aunque su destino principal es la cogeneración eléctrica, un pequeño porcentaje se destina a la producción de biometano para la inyección de vehículos corporativos.
En Global Omnium destacan el aprovechamiento de los fangos para generar compost de uso agrícola. Su planta valenciana de Quart de Benáger trabaja también en la producción de biogás y, tras un tratamiento biológico, en recuperar las aguas para su uso agrícola y para aportarlas al lago de la Albufera como forma de contribuir a la recuperación ecológica de este paraje.
Otro ejemplo de biofactoría se encuentra en Guijuelo (Salamanca), donde la industria cárnica supone gran parte de la generación de riqueza del territorio, pero, al mismo tiempo, representa un importante reto por su alto coste medioambiental. Allí Aqualia, el ayuntamiento de la localidad y el matadero (Maguisa) se han aliado para que la planta depuradora sea capaz de transformar los lodos en energía, biocombustibles, bioplásticos y biofertilizantes. Así, con 3.000 toneladas de residuos se abastecen 50 vehículos que circulan por el municipio con el biometano.
Desde Tedagua, su director comercial, Luis Miguel Arauzo, destaca los sistemas de reutilización de agua para dar cobertura al riego agrícola, de campos de golf o de zonas ajardinadas. Asimismo, apuesta por completar los sistemas de almacenamiento hidráulico de energía. “La escalada de precios de la electricidad y la naturaleza de las fuentes renovables”, sostiene, “hacen que buscar las sinergias entre agua y energía sea una necesidad”.
