Una reforma fiscal que elimine la cultura del ‘recaudar y recaudar’

Un sistema tributario justo es aquel que se percibe como tal por los ciudadanos, y lo cierto es que el actual no es percibido de ese modo

La invasión de Ucrania va a retrasar la anunciada y necesaria reforma fiscal. Sin embargo, tan importante o más es un urgente cambio de cultura en las relaciones entre la Administración y el contribuyente que permitan mejorar las percepciones de muchos contribuyentes con relación a la Hacienda Pública. Esto no puede esperar. Un sistema tributario justo es aquel que se percibe como tal. Y lo cierto es que hoy este no se percibe como justo.

Una de estas percepciones, es la de que lo único que importa es recaudar. Y la verdad es que no nos ha de extrañar. Hace tan solo unos días, se publicaba que “Hacienda ofrece un bonus de 100 millones a sus funcionarios a cambio de recaudar (…) más IVA e IRPF e ingresar más en la lucha contra el fraude”. Los funcionarios insisten en que, traducido el bonus en ingresos por persona, no solo es ridículo, sino que en nada influye en sus actuaciones. Es posible.

Pero lo cierto es que se hace difícil de entender, hasta el punto de que para los contribuyentes, aquellos producen una inevitable percepción de falta de imparcialidad. El problema, además, es que los bonus son independientes de la recaudación. Me explico. Estos se cobran sin perjuicio de que el contribuyente pague o no el importe que la AEAT le exige, o de que los tribunales anulen las actas que se les ha incoado. Los bonus son tan solo por regularizar. Lo que pase luego, no importa. Y eso, nos guste o no, contamina la necesaria imagen de imparcialidad. Vaya, que “la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo”.

En este contexto, no hay duda de que el hecho de que la AEAT se financie, entre otros medios, a través de un porcentaje sobre la recaudación bruta derivada de los actos de liquidación y gestión recaudatoria o de otros actos administrativos acordados o dictados por la AEAT (un 5% para 2022) hace más actual que nunca la transcrita frase del filósofo griego Plutarco recogida en Vidas Paralelas y pronunciada por el mismísimo Julio César.

No es pues de extrañar, que ya en 1994, Aguallo Avilés (EPD), exmagistrado del Tribunal Supremo y Catedrático de Derecho Financiero, señalara: “Me conformaré por ahora con dudar de que (el sistema de financiación de la AEAT) ejerza una influencia positiva en la neutralidad del funcionariado”.

Yo, personalmente, eliminaría no solo ese porcentaje, sino los bonus, y primaría la eficacia en la reducción del fraude de verdad, esto es, en la reducción de lo que se denomina la brecha fiscal; concepto que indica la diferencia entre la recaudación efectiva y la que se debería obtener de existir un pleno cumplimiento. Prima que vincularía a la efectiva recaudación de lo regularizado.

Pero esto exige delimitar muy bien lo que se ha de entender por fraude, ya que, aunque no lo parezca, existe una cierta tendencia a que las estadísticas no lo reflejen adecuadamente. Fraude es lo que se ha ocultado intencionadamente a los ojos de la Hacienda Pública, incluidas las artimañas de ciencia ficción, con la indubitada intención de perjudicar a la Hacienda Pública, ocultando y/o manipulando la realidad. Es por ello imprescindible centrarse en los contribuyentes con alto perfil de riesgo, y no en autónomos y pequeños y medianos empresarios.

Pero es también necesario aplicar el derecho y no interpretaciones económicas vedadas por el art. 13 de la Ley General Tributaria. No se trata de cuestionar las decisiones empresariales, sino de controlar la legalidad de los negocios con criterios estrictamente jurídico causales. Y en esto, y con los debidos respetos, los tribunales tienen también mucho que decir.

Fraude no es pues el resultado de regularizar la conducta del contribuyente, fruto de interpretaciones administrativas al límite y que conducen a la inevitable conflictividad e inseguridad jurídica. Solo un ejemplo. Tras más de 25 años, la fiscalidad de los administradores continúa en pleno conflicto. Sí, algo tan simple como eso. Y solo uno más. Tras más de 10 años, las televisiones públicas todavía no saben cómo es su tributación en el ámbito del IVA. En cambio, el modelo 720 y la plusvalía municipal, cuyo varapalo judicial perjudicaba la recaudación de la Administración, se ha resuelto en un periquete. ¿Igualdad?

En esta línea, penalizaría con bonus malus (esto es, con una reducción sobre la retribución) las interpretaciones administrativas que los tribunales desestiman por no ajustarse a derecho. Y no se sorprendan. Son muchas. Más de las que nos imaginamos.

Y en esta misma línea incentivaría sobremanera la capacidad de resolver y de evitar los conflictos y la litigiosidad, fomentando la implantación de una fiscalidad colaborativa que, como su propio nombre indica, es, por su naturaleza, participativa. Fomentaría, por ejemplo, la aplicación hacia adelante, y no hacia atrás, de criterios administrativos distintos de los aplicados por el contribuyente.

Pero entendámonos bien. Colaborar no es informar de los criterios, sino debatirlos. No es permitir que la conflictividad aumente, sino disminuirla. No es que la inseguridad jurídica se convierta en nuestro modus vivendi, sino garantizar la lex certa. Se trata, por tanto, de e ir de la mano desde el inicio hasta el final. Ejemplos muy incipientes, pero esperanzadores, los tenemos. Por ejemplo, el Consejo Tributario de Cataluña.

Eso, claro está, exige actuar con toda firmeza con quienes defraudan y con quienes colaboran con ellos.

La sociedad demanda diálogo. No confrontación. Sentémonos pues y erradiquemos juntos y con hechos esa negativa percepción de que lo único que importa es recaudar. No lo demoremos.

 Antonio Durán-Sindreu es Profesor de la UPF y Socio Director de D