Se presenta un informe para erradicar la corrupción en la contratación pública

'La transparencia como antídoto a la corrupción en la contratación pública', de la Fundación Wolters Kluwer, trata de combatir esta lacra

De izquiera a derecha, empezando por arriba: Concepción Campos, Joaquín Delgado, Ana Isabel Gómez, Isabel Fernández y Cristina Sancho
De izquiera a derecha, empezando por arriba: Concepción Campos, Joaquín Delgado, Ana Isabel Gómez, Isabel Fernández y Cristina Sancho

Este miércoles se ha presentado el informe La transparencia como antídoto a la corrupción en la contratación pública, enfocado al desarrollo sostenible número 16 (descarga el informe en este enlace). Este objetivo de la agenda 2030 habla de instituciones transparentes, eficaces y libres de corrupción como vía para construir sociedades más justas. El estudio, el primero del Observatorio de los ODS en el Sector Público de la Fundación Wolters Kluwer, apunta a la contratación como el aspecto de la actividad del sector público más expuesto a la corrupción. Y presenta la transparencia como el arma más efectiva para luchar contra ella.

El estudio ha contado con dos de los mayores expertos nacionales en el ámbito de la Justicia y de la Administración Pública: el magistrado de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional Joaquín Delgado Martín y la doctora en Derecho y directiva pública Concepción Campos Acuña. Los dos han incidido en la prevención y represión de la corrupción.

En concreto, el magistrado Joaquín Delgado ha expuesto una serie de medidas  para mejorar en este campo. Por ejemplo, ha instado a mejorar el marco procesal y organizativo del sistema penal para lograr una efectividad en la imposición de sanciones penales disuasorias. “Sería necesario agilizar la instrucción y enjuiciamiento de los macroprocesos por corrupción en la contratación pública”, ha indicado. También ha pedido perfeccionar los mecanismos de conexión entre el sistema judicial y la Administración Pública para facilitar la prohibición de contratar en caso de condena firme por la comisión de determinados delitos, así como proteger a los informantes o alertadores en su relación con el proceso penal. Delgado también ha recomendado contemplar en los programas de compliance de contratistas y licitadores elementos destinados a prevenir la corrupción en la contratación pública e impulsar medidas destinadas a mejorar la eficacia de la instrucción y el enjuiciamiento, así como la ejecución rápida y completa de las sentencias del Tribunal de Cuentas.

Sin ley para sancionar

No en vano, la contratación pública es una de las actividades más expuestas a la corrupción por su elevado presupuesto. Para Concepción Campos, los poderes públicos no se han tomado en serio el mandato legal del actual marco para combatir la corrupción en este campo. La OCDE indica que para la prevención y lucha contra la corrupción debe existir un sistema de integridad, coherente, complejo, global, transversal, aplicado al conjunto de la administración pública. “No tenemos ese sistema. A lo largo del informe hemos mostrado los datos, las obligaciones legales, y en qué medida conforman o no este sistema de integridad, que podría ser un sistema de compliance y no lo tenemos”, ha sostenido Campos.

La jurista también ha subrayado que tampoco hay en España una estrategia anticorrupción que sirva de guía de las medidas preventivas y represivas para combatirla. Por ello, cree que “todavía queda un amplio recorrido para hablar de la debida transformación cultural en la que la ética pública y la integridad pública deje de ser algo más que un mensaje y se convierta en una realidad”.

La falta de profesionalización en la contratación pública es otro de los déficits a los que ha apuntado Campos. “No quiero decir que no haya buenos profesionales en la contratación pública, sino que no está suficientemente profesionalizada”, ha subrado. Las causas que se esconden detrás de ello, según Campos, son la escasez de medios y de recursos por falta de formación suficiente en un entorno muy complejo y con un marco normativo cambiante. Por otro lado, ha dicho que la actual ley de contratos no es una buena ley. “No tenemos una ley que nos permita sancionar los incumplimientos. Hay instituciones que no publican su información en materia de sus contratos, o no la publican adecuadamente y no tenemos ninguna vía de represión. No hay sanciones en materia de transparencia”.

Especialización 

Durante la presentación virtual del informe, que apunta a la transparencia, la rendición de cuentas y publicidad en la contratación como los principios para la prevención de la corrupción en la contratación pública, también han intervenido Isabel Fernández, consejera del Tribunal de Cuentas y profesora titular de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense; y Ana Isabel Gómez, magistrada de la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

Fernández ha apuntado como reto del Tribunal de Cuentas en materia de contratación hacer un examen mucho más exhaustivo de la fase de ejecución de los contratos. Por su parte, Gómez ha expuesto cómo pueden mejorar los tiempos en la Justicia, evitando, por ejemplo, la apertura de numerosas piezas durante la instrucción. Y ha instado a una especialización al máximo de los órganos judiciales. “Es muy necesario que los jueces y fiscales cuenten con el asesoramiento de personas independientes, avaladas por su experiencia y su imparcialidad, en materias de economía o la contabilidad. Se orientaría la investigación y evitaría muchas diligencias de instrucción innecesarias que alargan hasta el infinito los procedimientos y que al final los devalúa”. La magistrada ha señado como déficit que, por ejemplo, en el procedimiento contencioso administrativo no existen órganos especializados en materia de contratación.

El evento virtual ha sido presentado por la presidenta de la Fundación Wolters Kluwer, Cristina Sancho. “El informe contribuirá como herramienta de trabajo a erradicar la lacra de la corrupción en el ámbito de la contratación pública”, ha asegurado durante la introducción de los ponentes. Según el último informe de la ONG Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de la Corrupción 2022, España ha descendido dos puestos con respecto al año anterior. Se encuentra en el puesto 34 de los 180 países que conforman la comunidad internacional y en el puesto número 14 de la Unión Europea.

 

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