Plan Nacional

Hasta dónde debe llegar un pacto de rentas y cómo puede afectar a los ciudadanos

Los sacrificios en materia salarial y de beneficios empresariales son la parte más difícil de pactar del Plan de Sánchez, que deberá incluir contraprestaciones

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, interviene en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, ante la mirada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, interviene en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, ante la mirada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a insistir ayer en su intención de aprobar el próximo 29 de marzo un gran plan nacional de respuesta a la guerra en Ucrania y a su impacto en la economía española. La galopante pérdida de poder adquisitivo por la elevada inflación cercana al 8% y los exiguos avances salariales (en el entorno del 2%), y el hecho de que no se vea el final del encarecimiento energético y comiencen a registrarse desabastecimientos en las cadenas de distribución empiezan a dibujar un horizonte más que preocupante.

El Gobierno considera que este escenario debe afrontarse con una batería de medidas, actuaciones y acuerdos recogidos en el citado plan nacional que incluirá, como una de sus principales patas, un gran pacto de rentas –que el Ejecutivo ya negocia con los agentes sociales–, así como rebajas fiscales inmediatas para aliviar los precios energéticos. Así, desde el Ejecutivo se trabajará en las próximas dos semanas desde varios frentes y, quizás uno de los que más dificultades presente sea el pacto de rentas por el reparto de sacrificios que supondrá entre empresas, trabajadores y resto de ciudadanos.

Para entender esa dificultad hay que empezar explicando qué es un pacto de rentas. El secretario general de CC OO, Unai Sordo, lo explica como “un acuerdo amplio que aborde cómo se distribuyen los costes ante una situación de dificultad económica”. Concretamente, el líder sindical precisaba en un artículo publicado en Infolibre que “conviene tener claro que un pacto de este tipo no supone resignarse ante las dificultades, sino decidir si el impacto que producen estas se distribuye mediante las reglas del mercado (los costes caen en los más débiles) o se puede intervenir, planificar y equilibrar las consecuencias indeseadas de una crisis (alza de precios, paralización de la actividad, incremento del desempleo, etc.)”.

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Oliver explica este tipo de política de rentas como “un intercambio” en el que “si ahora no es posible conseguir algo (subidas salariales para los trabajadores y beneficios para los empresarios), la compensación por esta renuncia deberá ser intemporal, en el medio plazo”. Además, este economista añade que este tipo de acuerdos se hacen para “repartir entre los distintos agentes económicos el shock provocado por el encarecimiento de los precios”, especialmente los energéticos, que han sido el origen del actual repunte inflacionista.

Estos pactos de rentas se han dado en numerosas ocasiones a lo largo del siglo XX y en muy distintas partes del mundo y, por lo general, implicaban una fuerte intervención de las rentas, desde las salariales, a los precios, pasando por el crecimiento de dividendos, el coste energético o las rentas de los alquileres inmobiliarios. Y las compensaciones posteriores a las que se comprometían en estos acuerdos también eran diversas. Oliver recuerda, por ejemplo, un acuerdo de características similares aunque no se llamó pacto de rentas, que fueron los Pactos de La Moncloa en 1977. Por aquel entonces con inflaciones del 35% se renunció a indexar los salarios a la inflación pasada y pasó a tenerse en cuenta la esperada. A cambio, el Ejecutivo ofreció la construcción del Estado del bienestar que conocemos hoy. La contraprestación al esfuerzo salarial de la ciudadanía en aquella ocasión fue en forma de mayores pensiones, subsidios por desempleo, acceso universal a la sanidad y la educación, entre otras cosas. “Fue una política de rentas que implicó una pérdida de salario inicial a cambio de salario indirecto posterior (en forma de servicios públicos)”, explica Oliver.

Si bien, en el contexto actual las políticas intervencionistas para frenar los precios, que incluso estuvieron muy bien vistas en los Estados Unidos de principios de los años setenta, no parece que vayan a recibirse igual de bien. Por ello, el Gobierno español ha optado por intentar incentivar los acuerdos entre los agentes que generan las rentas. ¿A qué rentas podría afectar por lo tanto este pacto? Parece claro que de forma inmediata afectaría a la evolución de los salarios, a los beneficios empresariales, a las rentas energéticas, a los alquileres o al transporte entre otros.

Retribuciones

En el caso de los salarios este pacto se negocia entre el Gobierno y los agentes sociales en paralelo a las conversaciones que mantienen bilateralmente estos últimos para firmar el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que recogerá las directrices de negociación de los convenios este año, incluidas las del ámbito salarial. Por ello, ambas negociaciones están íntimamente relacionadas. Según las fuentes consultadas, los sindicatos buscan pactar una subida salarial muy moderada para este año y arrancar el compromiso de incluir cláusulas de garantía salarial para los próximos años en los que se puedan compensar el poder adquisitivo que se pierda en 2022.

Sin embargo, desde la patronal recelan de esta receta generalizada para todos y el propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, rechazaba también el pasado martes estas cláusulas porque, en su opinión, aumentan considerablemente el riesgo de una espiral inflacionista que enquiste el encarecimiento de los precios en la economía. Igualmente, el profesor Oliver indica que nunca se han pactado estas cláusulas para un periodo de varios años de forma generalizada y duda de que en esta ocasión pueda hacerse.

Por su parte, la aportación de las empresas a este pacto también está clara. Debería incluir de forma explícita, según los expertos consultados, un compromiso de no trasladar plenamente a los precios el encarecimiento de algunos costes como los salariales o energéticos, así como algún tipo de promesa de compensación a los trabajadores por su pérdida inmediata de poder adquisitivo.

Pero, además, el Gobierno puede ir más allá y establecer una fórmula para limitar en algunos casos el reparto de dividendos, por ejemplo. De hecho, esto lo acaba de hacer durante la pandemia en la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Así, distintas fuentes indican que esta limitación del reparto de dividendos se podría repetir para las empresas que, por ejemplo, reciban ayudas para costear la energía o que reciban otro tipo de subvenciones o préstamos crediticios.

En materia de contraprestaciones a los esfuerzos que hagan los ciudadanos con la pérdida de su poder de compra, el papel del Gobierno seguiría siendo esencial. Así, al igual que se hizo después de los Pactos de La Moncloa, el profesor Oliver propone que el Ejecutivo podría recurrir a un préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que abrió una línea de 240.000 millones para sanidad, y mejorar este servicio público.

Otras vías de intervención que podría tener el Gobierno para incluir en este pacto sería, como ha propuesto el propio Unai Sordo, la creación de un mínimo vital de consumo energético gratuito para los hogares vulnerables severos. A esto añade la ampliación de un bono social eléctrico y térmico, elevando el nivel de consumo subvencionado, el requisito de renta para los beneficiarios y su cuantía. Sordo precisa que dado que estas medias tardarían en hacerse efectivas, en 2022 se podría rebajar la retención de los salarios más bajos y hacer deducible esta rebaja en el IRPF. Una ampliación del ingreso mínimo vital también podría estar sobre la mesa de posibilidades.

Congelar los alquileres y bajar la velocidad máxima en carretera

  • Vivienda. Las rentas del alquiler están entre las que más se referencian al IPC de todas. Por ello, el Gobierno estudia congelar temporalmente la cláusula de los contratos de alquiler de vivienda que permite a los caseros actualizar las rentas conforme a este indicador, que se sitúa en el 7,6% en febrero y que podría cerrar en una media anual del 6,7%, según las Cámaras de Comercio. La propuesta, de dejar en suspenso la actualización de los alquileres con el IPC ya está en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y parte de Unidas Podemos y de los sindicatos. “Si los salarios no suben conforme al IPC sí lo hagan los alquileres”, explican fuentes de Comisiones Obreras.
  • Transporte. Desde CC OO también plantean otras medidas para el pacto de rentas como bajar el límite máximo de velocidad en carretera.
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