Ahorro en tiempos de crisis y poca cautela en ciclos de crecimiento

Cerca de 80.000 millones de euros se han acumulado en las cuentas corrientes de los españoles durante la crisis económica y sanotaria

No es ningún secreto. El ahorro previsional –mes a mes– es la mejor receta para que las familias españolas disfruten de una jubilación tranquila y digna en el futuro. Y, en este sentido, a pesar de este turbulento principio de 2022 que estamos viviendo –con el descorazonador estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania y la pandemia aún amenazante–, existen algunas cifras que invitan al optimismo en esta materia.

Los últimos estudios elaborados por el Observatorio del Ahorro Familiar ponen de manifiesto que aquellos españoles que no han visto sus ingresos mermados por la pandemia han alcanzado cifras de ahorro familiar superiores a las de los años anteriores a la irrupción del coronavirus. Los confinamientos, las cuarentenas y las restricciones (sobre todo en actividades de ocio y hostelería) han provocado una caída del consumo en determinadas familias –las más afortunadas, las que no han sufrido una merma de sus ingresos–, que han generado interesantes bolsas de ahorro, plasmadas, sobre todo, en cuentas corrientes. Parece una paradoja, pero es así: los ciudadanos de nuestro país ahorramos más en tiempos de crisis, mientras que somos menos cautos en ciclos de expansión económica.

Las cifras hablan por sí solas: cerca de 80.000 millones de euros se han acumulado en cuentas corrientes durante la crisis económica y sanitaria, según el Banco de España. Parte de este ahorro se está canalizando, en este primer cuatrimestre del año, hacia un consumo más desaforado y, otros, hacia inversiones en el sector inmobiliario. La buena noticia es que crece el número de españoles que deciden, por primera vez, redirigir sus ahorros a activos e instrumentos financieros. Lo ideal es que estos vehículos contemplen, también, una parte de previsión y de ahorro finalista.

Los ciudadanos deben hacer los deberes –en materia de ahorro– para garantizar una vejez futura digna, pero también resultará necesario, que los Gobiernos y las diferentes instituciones acometan, con valentía, una reforma del sistema público de pensiones. Una reforma titánica, cuyo éxito necesariamente pasará por tratar de resolver uno de los grandes problemas endémicos que azota nuestro país: la economía sumergida.

En estos momentos, y según datos del Fondo Monetario Internacional, el conjunto de dinero B que circula por España representa cerca del 25% del PIB nacional. Imaginemos, por un momento, la enorme pérdida de cotización a nuestra Seguridad Social que representa este porcentaje. Dentro de este ecosistema invisible de dinero negro, asistimos, además, a la proliferación de los denominados minijobs: pequeños trabajos fuera del circuito económico, sin ningún tipo de registro legal, fruto de la pronta expulsión del mercado laboral de las personas de mayor edad, así como de la llamada the Great Resignation o lo que es lo mismo, la gran desbandada laboral, concepto utilizado para describir una tendencia global de muchos trabajadores en busca de la humanización de sus trabajos.

Hasta hace unos años, este tipo de actividades no reguladas se sucedían, principalmente entre los profesionales más jóvenes, pero las consecuencias de la crisis económica derivada de la pandemia –entre otras variables– ha provocado que se registre en otras franjas de edad. En este sentido, sorprende ver cómo profesionales veteranos (vitalmente activos) o ya jubilados (o con edad suficiente para retirarse) optan, a día de hoy, por este tipo de pequeñas tareas, para cumplimentar sus ingresos domésticos.

A la vista de esta nueva realidad socioeconómica, urge que el Gobierno, agentes sociales, instituciones y por supuesto los ciudadanos enfrentemos este reto con las herramientas más eficaces y oportunas.

Otro asunto clave a la hora de abordar la revolución necesaria en nuestro sistema de pensiones es acordar –con la responsabilidad y altura de miras que se merece y con la sintonía de todos los agentes sociales– la adaptación de la edad de jubilación a los nuevos tiempos (la nueva longevidad). Hasta que eso no suceda, no daremos con la tecla para solucionar los problemas del sistema.

El escenario ideal sería ligar la edad efectiva de jubilación a la esperanza de vida sana. Y no me refiero a la edad de jubilación estándar, sino a la edad biológica, que puede diferir en hasta 13 años respecto de la edad cronológica. La realidad es que, a día de hoy, vivimos más años y no existen fórmulas mágicas: o ahorramos más, o trabajamos más tiempo o cobramos menos durante nuestra jubilación. Conclusión: aumentar la edad de jubilación es, a mi modo de ver, el único camino posible.

No existe por tanto una receta única para garantizar una pensión digna en un sistema sostenible, pero hasta que no se resuelvan estos dos grandes escollos –fijar una nueva edad de jubilación y ponerle freno a la economía sumergida– no podremos garantizar el éxito de esta empresa. Las soluciones urgen, pues el endeudamiento constante y recurrente no puede ser la solución, es una mala herencia la que estamos dejando a nuestros hijos. Aún estamos a tiempo de evitarlo

Fernando Ariza es Director general adjunto de Mutualidad de la Abogacía