¿Qué es el posible 'efecto arrastre' de los salarios por la subida del SMI a 1.000 euros?
Se trata del contagio de aumento retributivo que pueden experimentar los trabajadores de categorías inmediatamente superiores a los perceptores del salario mínimo
El Gobierno subirá finalmente el salario mínimo interprofesional (SMI) de los 965 euros actuales a 1.000 euros al mes en 14 pagas y lo hará de forma retroactiva, con efectos desde el pasado 1 de enero. Se trata de un incremento de 35 euros, que supone un avance del 3,6% y afectará casi a dos millones de personas. Previsiblemente su aprobación llegará en el último Consejo de Ministros de febrero, el martes 22, pero debido a la citada retroactividad desde primero de año, las empresas deberán abonar la diferencia correspondiente al primer mes de 2022.
Así se lo comunicó ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a los negociadores sindicales y empresariales. Los primeros secundaron plenamente la decisión del Ejecutivo, ya que tanto CC OO como UGT habían exigido dicho incremento a 1.000 euros mensuales mientras que los empresarios volvieron a rechazar este alza, desmarcándose de la firma de un nuevo acuerdo laboral con el Gobierno. No hubo sorpresas, por tanto, ya que la negativa de los empresarios se esperaba después de que, el martes pasado, la cúpula patronal rechazara frontalmente y por unanimidad adherirse a este acuerdo.
La ley no exige que el Gobierno someta el alza del salario mínimo a discusión en el diálogo social, pero aún así, Díaz lo sometió a consulta de los agentes sociales. Hecho esto (en tan solo dos reuniones) había prisa en el Gobierno y ayer mismo, tras el encuentro de la mesa negociadora, Díaz y los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, escenificaron ayer mismo la firma pública de un acuerdo que esta vez solo ha podido ser bipartito, reconoció la ministra que, sin embargo, no solo agradeció el respaldo de los sindicatos al pacto sino que también destacó el “esfuerzo” y el “trabajo de los empresarios pese a que hoy no compartan que subir el salario sea bueno”, dijo.
Díaz defendió este incremento del salario mínimo asegurando que los anteriores aumentos –esta renta acumula una subida superior al 30% en los últimos cuatro años– no solo no ha sido perjudicial para el empleo sino que además ha sido bueno para mejorar la pobreza salarial y aminorar la brecha de género en casi cinco puntos desde 2018. Si bien, la ministra destacó especialmente que “una herramienta como el salario mínimo sirve para mejorar la vida de la gente, para alzar los salarios más bajos de los trabajadores sin convenio y de los que están en sectores más vulnerables, pero también para elevar todos los salarios en general”.
De esta forma, al indicar que las subidas del SMI elevan en general todos los sueldos, Díaz se refería al denominado efecto arrastre que se produce en algunos convenios cuando al subir el salario mínimo sube la la base salarial de todas las categorías retributivas inferiores. Tras el aumento de los sueldos más bajos, quienes tienen los sueldos inmediatamente superiores deben elevar también sus salarios para mantener las diferencias retributivas entre categorías.
No obstante, el director del Gabinete Económico de CC OO, Carlos Martín, relativizaba ayer este efecto arrastre, señalando que no se está produciendo con tanta intensidad, porque lo que ha ocurrido es una “normalización” del salario mínimo con respecto a Europa y, por eso, el resto de salarios no han avanzado un 30% en los últimos cuatro años.
No obstante, otras fuentes sindicales aseguraban ayer que “algo se notará” en la elevación del resto de los salarios. E iban más allá, al llamar la atención sobre el efecto que podría tener sobre el salario medio, que será el que se tome como referencia para aplicar la subida del SMI en 2023, ya que el compromiso del Gobierno es que esta renta llegue al 60% del salario medio el próximo año.
De momento, esa cuantía se habría fijado en el entorno de los 1.060 euros, pero la ministra dijo ayer que ya ha solicitado al grupo de expertos que analiza la subida del salario mínimo que determine “de manera científica” cual será el salario medio del próximo año. Esta renta podría elevarse debido al empuje del efecto arrastre antes citado, lo que exigiría también un aumento mayor del salario mínimo, según las fuentes consultadas.
Finalmente tanto Díaz como los secretarios generales de CC OO y UGT lamentaron que no esté la patronal en este pacto y reiteraron que no hay datos que avalen que las subidas del salario mínimo hayan destruido o vayan a destruir empleo.
Aún quedan media docena de leyes laborales que negociar
"Trabajar, trabajar y trabajar”, esa fue la respuesta que dio ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando fue preguntada por sus próximos planes una vez culminada la reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional. Tras esta afirmación con la que dejó claro que a la legislatura aún le queda prácticamente la mitad de su andadura, Díaz enumeró algunas de la media docena de normas que aún tiene pendientes de negociar su departamento. Entre ellas, comenzó relatando la próxima reforma legislativa de la economía social, la ley de cooperativas o la normativa de las empresas de inserción y los centros especiales de empleo. De hecho, la ministra desveló a los líderes de CC OO y UGT durante la firma del pacto del salario mínimo que ayer mismo se reunió con los representantes de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) para arrancar la reforma de las empresas del tercer sector.
Asimismo, tras su intervención, Díaz se acordaba de otras importantes leyes que negociará en lo que resta de la legislatura, entre ellas, la redacción de un nuevo Estatuto del Trabajo que sustituya al actual Estatuto de los Trabajadores; la ley de empleo, que ya está avanzada o la ley de usos del tiempo. Asimismo avanzó que el Gobierno hará próximamente públicos los resultados del estudio sobre el impacto de los algoritmos en el empleo y se creará una comisión de expertos para estudiar posibles daños a la salud mental causados por la precariedad laboral.
Por su parte, los líderes sindicales destacaron que, a partir de ahora, iniciarán con intensidad las negociaciones del V Acuerdo de Negociación Colectiva, en el que deberán convertir todas las novedades legales de la reforma laboral en criterios a incluir en los convenios.
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