La subida del SMI tensa el diálogo social en plena vorágine negociadora

Gobierno y agentes sociales abordan la reforma laboral, pensiones y ERTE

La CEOE carga contra un alza de sueldos que habría aceptado en 2022

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto a los líderes patronales y sindicales.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto a los líderes patronales y sindicales.

El acuerdo cerrado la noche del jueves entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC OO y UGT para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) desde el 1 de septiembre tendrá un coste para las empresas de 15 euros al mes por cada trabajador afectado. La factura para el Gobierno, sin embargo, es la de poner fin a una importante racha de acuerdos tripartitos, distanciándose de la patronal y tensionando el diálogo social en plena vorágine negociadora en varios frentes clave: la prórroga de los ERTE, la reforma laboral y la de pensiones.

El acuerdo supone una revisión al alza del 1,57% del SMI con efectos retroactivos desde el 1 de septiembre, plazo que también ha dividido a los socios de Gobierno, donde la apuesta de la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ha terminado imponiéndose a la postura de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que abogaba por esperar a octubre. La retroactividad, sin embargo, permitió engrasar el acuerdo con los sindicatos, que venían reclamando una subida mayor, a los que también se prometió alcanzar el 60% del salario medio para 2023 (en torno a 1.027 euros, según los expertos).

La medida, no obstante, no será aprobada, previsiblemente, hasta el Consejo de Ministros del próximo 28 de septiembre vía real decreto.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, justificó el viernes su decisión de negarse a cualquier subida del SMI “en este momento” por las implicaciones que este incremento tiene en algunos sectores, como la agricultura, o determinadas regiones, como Canarias o Extremadura.

“Creo que en enero estaremos en una posición diferente”, declaró a Onda Cero, dando a entender que la patronal habría estado de acuerdo con firmar la subida salarial en 2022 en vista del buen ritmo de vacunación. Hacerlo ahora, sostiene la patronal, puede poner en riesgo la recuperación económica de la crisis del Covid.

“Es una decisión del Gobierno de España”, zanjó por su parte la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, asegurando sentirse “muy satisfecha” del acuerdo, que beneficia a 1,5 millones de trabajadores, y negando ningún tipo de desavenencia interna en el seno del Ejecutivo de coalición. A partir de ahí, Díaz hizo “un llamamiento” a la patronal a “resituarse” de cara al resto de negociaciones abiertas en el diálogo social. “A veces no negociando se pierde, no sé si hablo claro, esta ministra estaba dispuesta a pactar por una cuantía inferior a la que tenemos”, sostuvo, aludiendo a que el alza podría no haber llegado a los 15 euros de haberse avenido la patronal a pactar otra cifra inferior.

También se mostró crítico con la postura de CEOE el líder de CC OO, Unai Sordo, que argumentó que negarse a un incremento así “no es de recibo”, porque “creer que cuando una empresa quiere contratar a alguien va a dejar de hacerlo por pagar 15 euros más al mes” es “ridículo”.

Dicho esto, recoge Efe, Sordo valoró el papel y la corresponsabilidad de la patronal durante la pandemia, con la firma de varios acuerdos, y dijo que confía en que esta desunión no condicionará el resto de negociaciones, como la reforma laboral, la prórroga de los ERTE o la reforma de las pensiones. Unas negociaciones que, asumió, ya de por sí “van a ser complejas porque las posiciones son bastante divergentes”.

Después de todo, la CEOE ya ha tachado de “marxista” la propuesta de Trabajo de dejar para un uso residual el contrato temporal en la reforma laboral y no quiere oír hablar de la posición sindical de que es necesario derogar la reforma del PP de 2012. Más llano parece el terreno para pactar la prórroga de los ERTE (ver despiece) mientras que en el campo de las pensiones está pendiente el diseño del mecanismo de equidad intergeneracional que sustituya al factor de sostenibilidad que han pactado derogar. Y todo eso debe atarse en apenas 90 días.

Aviso del gobernador

En el pulso sobre el SMI, CEOE sí que recibió el viernes algo de apoyo moral por parte del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que reclamó “una cierta prudencia sobre cualquier decisión” que afecte al SMI, puesto que la recuperación económica es “heterogénea” y no toca por igual a todos los sectores productivos. En concreto, alertó que el sobrecoste puede tener “efectos secundarios” negativos sobre el empleo de los jóvenes y los mayores de 45 años.

Un discurso que casa con el de Garamendi, que advirtió de que la subida tendrá un impacto inmediato el mercado laboral, ya que “desaparecerán cientos de empleos, se crearán otros, pero no creceremos como deberíamos crecer”.

En este marco de advertencias y acusaciones cruzadas se retomará estos días un diálogo social en el que el Gobierno confía para refrendar algunas de las reformas clave comprometidas con Bruselas antes de final de año, como la laboral o la de pensiones, y en las que la firma patronal será clave.

La prórroga de los expedientes de empleo irá más allá de diciembre

“Cambios fuertes”. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanzó el viernes que los ERTE se prorrogarán más allá del 31 de diciembre y que incorporarán “cambios fuertes”. “Se van a prorrogar con una duración que permita solvencia a las empresas. El 31 de diciembre es una fecha mala porque estamos en Navidades, en la campaña de Navidad. Será una duración muy apegada a lo que necesitan las empresas”, dijo en la Sexta. Los sindicatos ya han pedido que la extensión sea hasta finales de enero de 2022.

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