Arranca la batalla entre regiones turísticas y despobladas

Si el nuevo esquema de financiación autonómica paga por habitantes, será el fin de las comunidades que se vaciaron para llenar Madrid y el litoral

La legislatura comienza ahora”, dijo Yolanda Díaz en marzo pasado, nada más asumir la vicepresidencia del Gobierno que dejaba Pablo Iglesias. El mensaje implícito era muy claro, el Gobierno se dispone a aplicar el programa de coalición que PSOE y Podemos firmaron en diciembre de 2019. Es ahora cuando se van a concretar muchas políticas, como el punto 9.6 del Nuevo acuerdo por España, en el que la “Coalición Progresista” se comprometía a “aprobar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas que resuelva las carencias, asimetrías y ambigüedades del sistema actual”.

Las comunidades autónomas son conscientes de que en la definición del nuevo sistema de financiación se juegan el porvenir de su tierra. Por eso todas las regiones están moviendo pieza apoyándose en su partido o en el contrario, con excepción de País Vasco y Navarra, que tienen su propio régimen foral. Entre las 15 comunidades autonómicas del régimen común ya se descuenta que el nuevo sistema favorecerá a Cataluña, ya que entregar más dinero es la fórmula más obvia de intentar frenar al independentismo, otra cuestión es que sea suficiente.

Asumidas las excepciones, la gran batalla para la definición del nuevo sistema está en qué criterio se utiliza para determinar los fondos que se entregan a cada comunidad. El más sencillo es repartir en función del número de habitantes, esquema defendido por las comunidades autónomas más pobladas, como Andalucía y la Comunidad Valenciana, y profundamente atacado, por injusto, por las regiones más afectadas por la despoblación, como es el caso de las dos Castillas, Aragón, Galicia o Extremadura, que asumen un mayor coste de los servicios por tener a la población más envejecida y diseminada.

Por tanto, la fijación de un criterio de financiación de las autonomías que sea justo y equitativo ya ha provocado una división entre regiones, donde el alineamiento no tiene que ver con la matriz política del gobierno regional, sino con razones económicas y sociológicas. No se trata de una pelea entre regiones ricas y pobres, sino entre regiones con serios problemas de despoblación y las regiones turísticas, entre las comunidades de interior, con la excepción de la región capitalina, y el litoral del Mediterráneo.

Los políticos saben como nadie que sus acciones mueven la población, de ahí que haya prendido con éxito la expresión España vaciada, que refleja que esa salida ha sido provocada. Cuando se visita el primer censo de población de España, de 1860, se aprecia una movilidad espectacular. La provincia de Madrid (489.332 habitantes) tenía menos población que Asturias (540.486) y el País Vasco (429.236), menos que Lugo (432.516), por ejemplo. Castilla y León contaba entonces con 1,92 millones de habitantes, el 12,2% de los españoles (15,7 millones), y hoy suma 2,4 millones, que es el 5% de los 47,4 millones de españoles.

Cuando el Gobierno central decide desarrollar un polo siderúrgico en la margen derecha del Nervión (Vizcaya) está empujando a que mucha población de Castilla, Galicia o Extremadura se vaya allí a buscarse la vida. Cuando se decide que el mineral de Teruel se transforma en Sagunto (Valencia) acabas llevando a los turolenses a la costa. Es más, cuando la siderurgia española deja de ser competitiva y hay que cerrarla, mutualizas el coste entre todos los españoles de unas ayudas que se quedan en esa región. Cuando se construye un trasvase Tajo-Segura para regadío, se traspasa riqueza desde Castilla-La Mancha a Murcia.

La fiscalidad también juega un papel determinante y el caso más claro es el de Canarias. Esta región cuenta con ventajas para compensar su “carácter insular, la lejanía, las especiales condiciones geográficas, geológicas y climáticas, así como la escasez de recursos naturales”. La incorporación de España a la UE en 1985 y el establecimiento de un nuevo régimen fiscal y la consideración de la comunidad como región ultraperiférica supusieron un salto cualitativo.

En Canarias, el IVA se llama Impuesto General Indirecto Canario, lo que en la práctica supone que en el archipiélago se pague un 7% de impuesto indirecto como tipo general y un 3% en el reducido, en lugar de un 21% y 10% que soporta el resto de España. Además, también tienen una tributación superreducida en los impuestos de sociedades, hidrocarburos y tabaco.

Es indudable que dichas ventajas fiscales, junto con el desarrollo del turismo, han determinado que en Canarias se genere un clima inversor especial con impacto en el crecimiento de la población. Canarias es la región que ha registrado el mayor aumento de habitantes en toda España en este siglo, pasando de los 1,66 millones de habitantes con que cerró el siglo XX a los más de 2,25 millones actuales. Por tanto, una región de suelo volcánico, en medio del océano, cuya costa más cercana es casi un desierto, es un paraíso a punto de superar a la vieja Corona de Castilla en población.

Así que no es de extrañar que se estén tejiendo alianzas contranatura, como la protagonizada, en el lado de la España vaciada, por el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y los socialistas de Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García-Page y Javier Lambán, respectivamente. Enfrente se van a encontrar a los populares de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Andalucía, Juan Manuel Moreno, en inopinado trío con el socialista valenciano Ximo Puig.

Es la gran batalla del final de legislatura. Si los españoles son iguales ante la ley y pagan los mismos impuestos, no puede ser que tengan servicios tan dispares. Las comunidades turísticas y las ricas, Andalucía no reúne las dos condiciones, tienen que apoyar a las que les dieron lo mejor, sus hijos, y hoy mantienen su medioambiente y su despensa. Si las comunidades extensas y despobladas no consiguen una financiación justa se convertirán en parques naturales con la especie humana en riesgo de extinción.

Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información y profesor de la Universidad Complutense