El Gobierno ve en los buenos datos de empleo un motivo para subir el salario mínimo este año

El Ejecutivo prevé cerrar agosto con niveles de empleo prepandémicos

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, confía en recuperar la senda de incremento del SMI “cuanto antes”

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño.
La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. EFE

Si las previsiones del Ejecutivo de finalizar agosto con 80.000 afiliados más a la Seguridad Social se cumplen, la economía española habrá recuperado los niveles de empleo prepandémicos tan solo un año y medio después del comienzo de la crisis. De ser así, en cuatro meses, se habrán creado más de 460.000 puestos de trabajo en términos desestacionalizados. Estos buenos datos han provocado un cambio de discurso en la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, quien desde finales de julio ha empezado a mostrarse favorable a aprobar una subida del salario mínimo este año, tal y como piden los sindicatos y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

“Los datos nos están dando un mensaje muy positivo de recuperación económica (...) Espero que esta recuperación intensa que estamos viendo nos permita avanzar de forma decidida en esa dirección [de reducir las desigualdades económicas]”, ha señalado Calviño este jueves en declaraciones recogidas por Europa Press. A su vez, el martes, se mostró confiada en que los buenos datos económicos permitan subir “cuanto antes” el SMI, unas palabras que van en la misma línea que las que pronunció tras el último Consejo de Ministros de julio, cuando dijo que de mantenerse “la tendencia positiva del empleo, en septiembre veremos si es posible acordar un alza del salario mínimo para los meses finales del año”.

Si bien fuentes gubernamentales explican a este periódico que todavía no hay pactada ninguna reunión con los agentes sociales por este tema, los sindicatos llevan meses presionando para dar su brazo a torcer al ala socialista del Ejecutivo. “Los últimos datos de empleo dejan sin excusas al Gobierno”, comentó este miércoles Unai Sordo, secretario general de CC OO, quien pidió que la Mesa de Diálogo Social se reúna cuanto antes.

Sordo, a su vez, aseguró que serán “exigentes” para que los trabajadores que cobran el SMI vean revalorizados sus salarios al mismo nivel que la inflación, la cual está en el 2,9%. “Es absolutamente necesario garantizar que estos sueldos de 950 euros brutos no pierdan en ningún caso poder adquisitivo”, dijo Sordo.

Esto significaría un aumento sensiblemente superior al aconsejado por el comité de expertos del Ministerio de Trabajo, que señaló que este año el SMI debería subir entre 12 y 19 euros (entre un 1,2% y un 2%) y dejar las mayores subidas para los ejercicios 2022 y 2023. Para ese entonces, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a incrementar el salario mínimo hasta el 60% del sueldo medio, lo que supondría, según el comité de expertos de Trabajo, dejar el SMI en una horquilla de entre 1.011 y 1.049 euros en 14 pagas.

Por su parte, la patronal no está a favor de una posible subida del salario mínimo este año. “Es una facultad del Gobierno previa consulta a los agentes sociales, pero es el Gobierno el que decide. Consideramos que no es el momento”, dijo el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el pasado julio.

UGT pide que los ERTE se alarguen hasta diciembre

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha abogado este jueves por mantener los ERTE derivados de la pandemia al menos hasta diciembre, en caso de que no se prorroguen indefinidamente, y que los servicios públicos de empleo controlen a las “empresas zombi” en las que no se justifique el uso de esta herramienta. “No se nos puede decir que se están manteniendo empresas zombi, sino que lo que hay que decir es qué empresas son y en todo caso actuar sobre ellas”, ha expuesto en declaraciones recogidas por Efe. En ese sentido, ha indicado que con tan pocas personas en ERTE ya es posible que el SEPE y los servicios de trabajo de las autonomías puedan identificar en qué casos hay abierto un ERTE, ver si éste tiene justificación y “si no la hay, quitarlo”.

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