El Gobierno fía su agenda reformista a un ‘sprint’ en el otoño parlamentario
El Ejecutivo se verá obligado a aprobar algunas leyes por decreto para cumplir con la UE Impulsará a la vez leyes, reformas y Presupuestos
El Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos llega satisfecho al parón estival, en el que no celebrará Consejos de Ministros hasta la última semana de agosto. El momento es aparentemente dulce, comparado con la dureza de la crisis sanitaria, social y económica desatada por la pandemia. El PIB deja atrás el terreno negativo, con un vigoroso avance del 2,8% en primavera; el país ha recuperado nueve de cada 10 empleos perdidos por la embestida del Covid y en el horizonte se vislumbran ya los 140.000 millones de euros en transferencias y créditos blandos que la UE concederá al país hasta 2026 tas validar su Plan de Recuperación.
Las ayudas, sin embargo, están condicionadas a la consecución de hitos, los primeros de los cuáles se traducen en un puñado de relevantes reformas que el Gobierno deberá tener aprobadas antes de final de año. Un margen estrecho que le aboca a un exigente sprint final en el otoño parlamentario.
Pensiones
De momento, la reforma estructural en la que más ha avanzado el Ejecutivo es en la de las pensiones, donde ha logrado un importante pacto con patronal y sindicatos para incentivar el retraso de la edad de jubilación, penalizar el retiro anticipado o ligar la revalorización de las prestaciones al IPC del año previo. La norma, sin embargo, tiene que atravesar ahora la senda parlamentaria, donde los grupos del Pacto de Toledo ya han mostrado su desacuerdo. El proyecto vivirá además su particular contrarreloj, pues en paralelo a la tramitación Gobierno y agentes sociales se han comprometido a diseñar un mecanismo de equidad intergeneracional que sustituya al factor de sostenibilidad que deroga la nueva ley a fin de adherirla al texto a última hora en forma de enmienda.
La reforma laboral
Por tanto, incluso la iniciativa más avanzada tiene importantes retos por delante. A partir de ahí, el calendario se complica. De hecho, el Gobierno asume que tendrá que aprobar por decreto ley varias de las regulaciones comprometidas con Bruselas si quiere cumplir el calendario fijado. Es el caso de la reforma laboral, el otro gran desafío del año. Las diferencias de criterio entre los propios socios del Ejecutivo, más o menos partidarios de derogar la norma del PP de 2012, la exigencia sindical de que la contrarreforma sea total, o la oposición frontal de la CEOE a la pretensión de Trabajo de dejar el contrato temporal como una vía residual, han llevado a los negociadores a suspender hasta septiembre un diálogo que el Ejecutivo esperaba convertir en otro pacto en junio.
Del SMI a los ERTE
Las conversaciones se verán indudablemente marcada por la reciente disposición del ala socialista del Gobierno a abordar una posible subida del salario mínimo interprofesional a partir de octubre si el empleo recupera finalmente los niveles precrisis en septiembre. Paradójicamente, este punto puede acabar por embarrar el terreno de juego o por despejarlo, si algunas de las partes aceptan el incremento a cambio de que la reforma se suavice.
La norma está llamada a simplificar los contratos, impulsando el fijo sobre el eventual; a devolver a los trabajadores ciertas cotas de poder perdidas en la negociación colectiva; o a regular las subcontratas.
Un punto final de gran trascendencia será el diseño de los nuevos ERTE ligados a formación, que se abordarán en paralelo a la discusión de los agentes sociales sobre la necesidad de prorrogar o no los vinculados al Covid más allá de septiembre.
La ley concursal
Otro hito relevante a culminar este año es la reforma de la ley concursal para acercarla a los estándares europeos, elevando de cuatro a 12 meses el periodo preconcursal y desarrollando los mecanismos de segunda oportunidad. Aún en audiencia pública, su aprobación debería lograrse antes de que venza la moratoria concursal vigente hasta diciembre a fin de ayudar a encauzar los procesos aplazados.
Economía tiene pendiente también el desarrollo de la ley de creación de empresas en 10 días por un euro y telemáticamente.
En paralelo, los socios de coalición siguen pendientes de consensuar una Ley de vivienda que aspira a contener el alza de los precios del alquiler, aunque está por ver si con incentivos o topes legales. El texto, que acumula ya meses de retraso, fue la llave del pacto sobre el plan presupuestario de 202 1 y promete salir a escena ahora que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (por el PSOE), y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez (por Podemos) han iniciado la negociación de las nuevas cuentas para 2022.
Los Presupuestos
De hecho, la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, con un techo de gasto récord para incorporar las nuevas ayudas europeas previstas, será otro de los grandes retos del Ejecutivo en el otoño. La antesala será la petición de Montero al Congreso de los Diputados de activar la llamada cláusula de escape para dejar en suspenso los objetivos de déficit de 2022, como ha permitido la UE.
La ministra, que acaba de sumar a su cartera la de Función Pública, será responsable también de llevar a buen puerto la norma de limitación de la temporalidad en el empleo público y de regulación de los interinos. El decreto del que parte ya evidenció la debilidad parlamentaria de un Gobierno en minoría, que solo salvó la norma como proyecto de ley gracias a importantes concesiones de última hora. Una tesitura en la que el Ejecutivo puede volver a verse en cada una de las normas citadas y cuya aprobación será clave para ir cumpliendo la agenda reformista comprometida con la UE.
