El Presupuesto más expansivo, pero financiado por la UE
El Gobierno no debería desperdiciar la ocasión para poner en marcha ese plan de estabilización fiscal que le demandan las instituciones
El Gobierno puso ayer en marcha la maquinaria para elaborar el Presupuesto de 2022, el que será probablemente el más fácil de la historia reciente, aunque tendrá que negociar con habilidad de nuevo los apoyos parlamentarios para sacarlo adelante. El más fácil y el más generoso y expansivo, porque el incremento del gasto corre a cuenta de la financiación a fondo perdido de la Unión Europea, y facilita una reducción sin esfuerzo alguno del déficit fiscal hasta el 5% del PIB, con una bajada de 3,4 puntos de una tacada, algo que en condiciones normales cuesta varios años de sacrificios. Pero estas son las circunstancias de hoy, y hay que hacerlas valer política y económicamente.
El primer paso para el diseño presupuestario ha sido la aprobación de un techo de gasto no financiero del Estado récord, pese a subir la menudencia de 43 millones de euros y quedarse en 196.142 millones, que en términos relativos es de un cero por ciento. Permite seguir marcando récord de gasto sin tener que buscar los ingresos para cubrirlos, y atender infinidad de proyectos de inversión que son costeados por la Unión Europea con el programa de reconstrucción y resiliencia para todos los socios comunitarios. Pero dado que los gastos de la pandemia empiezan a atemperarse y que los ingresos fiscales crecerán ya un 4,6% por la recomposición de la actividad económica (la más acelerada de las economías maduras, según el FMI), el Gobierno no debería desperdiciar la ocasión para poner en marcha ese plan de estabilización fiscal que le demandan las instituciones, y reducir el déficit a valores más cómodos, para no tener que hacerlo con más presión cuando Bruselas restituya la obligatoriedad de las reglas fiscales. Sería el gesto que contribuyentes y financiadores de la deuda (mercados financieros) necesitan para depositar toda la confianza en la actitud rigorista que el Gobierno dice disponer.
A fin de cuentas, los hechos son siempre mejores mensajeros que las palabras. Y la contrapartida reformista que las autoridades comunitarias reclaman siguen en el aire, aunque cada vez es menos probable que la vicepresidenta Calviño acceda a una contrarreforma laboral como la que los programas electorales de los dos partidos que se coaligan en el Gobierno defendían. Otra cuestión es si la contrapartida a mantener la normativa laboral es seguir subiendo el salario mínimo y hacerlo en octubre con el argumento de que la recuperación del empleo lo permite. En todo caso, el razonamiento lógico bien puede ser el contrario: la recuperación del empleo se consolida, pese al medio gas al que funcionan muchas actividades ligadas a la movilidad, por la moderación mostrada e impuesta en los gastos laborales desde que arrancó la pandemia, entre otros, por el salario mínimo interprofesional.