Las ayudas directas para paliar la crisis enfrentan a hoteles y viviendas turísticas
Andalucía es la primera que excluye a los propietarios de casas para turístas, pese a que la patronal remarca que supone el 50% de la oferta y genera 25.000 empleos
La falta de ayudas directas y la situación límite de algunas empresas para poder sobrevivir han provocado el primer enfrentamiento entre hoteles y propietarios de pisos turísticos en Andalucía. La Junta de Andalucía aprobó el martes un primer paquete de ayudas al turismo, con una dotación de 72,8 millones euros y una dotación de 20.000 euros por habitación afectada hasta un máximo de 200.000 euros por habitación. De esas inyecciones de liquidez podrán beneficiarse hoteles, apartamentos turísticos, complejos rurales y campings, pero no las viviendas turísticas. Y esa exclusión es la que ha generado el malestar de un sector que, según sus cálculos, cuenta con la mitad de las camas alojativas en Andalucía y genera una actividad de 1.800 millones de euros en esa autonomía, de los que el 63% repercute de forma directa en el comercio, la restauración o el alquiler de coches de proximidad”.
Carlos Pérez Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA), recalca que no logra entender porqué se le ha dado la espalda al 50% de la oferta reglada. “La vivienda turística es muy tranversal y su exclusión afecta al turismo residencial, de golf e incluso a la promoción inmobiliaria. El 60% está en manos de profesionales y genera 15.000 puestos de trabajo directos y otros 10.000 indirectos”. Pérez Lanzac confirma que van a impugnar el reparto de ayudas para que la Junta de Andalucía les reconozca como afectados. “En la declaración responsable para darse de alta en el registro oficial, existe la definición de gestor de vivienda turística”.
Los hoteleros, sin embargo, se muestran preocupados porque las ayudas se puedan retrasar en una situación de falta de liquidez de muchos establecimientos, pero no por la llegada de las mismas. “Las ayudas de las autonomías están ideadas para actividades económicas, no para personas físicas. Los beneficiarios son empresas, que generen empleo y no un particular que tenga un piso y lo alquile de vez en cuando y luego lo ocupe él mismo. Es el mismo argumento que hemos defendido frente a Airbnb: la oferta debe ser legal, ordenada y cumplir con los requisitos legales. Si es así no hay ningún problema en que acceden en las mismas condiciones a las ayudas”, recalca Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat). Desde la patronal hotelera no han detectado ningún movimiento en otra comunidad y advierten que tendrán poco recorrido para prosperar.
