La morosidad del sector público se explica, pero no se justifica por la crisis

Se trata de una irregularidad siempre, pero en la Administración y en un contexto financiero tan adverso para las empresas resulta inaceptable

Entre los viejos vicios que aquejan a la economía española figura una morosidad persistente que no se limita a las relaciones entre particulares y empresas, o entre estas entre sí, sino que se extiende también a las compras que el sector público realiza a sus proveedores. Pese a que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo por parte de las administraciones para reducir la deuda con el sector privado, los últimos datos cifran ese montante en algo más de 83.000 millones de euros. La Seguridad Social es, con diferencia, el organismo que mejor paga a las empresas, a 16 días, según cifras de enero, es decir, por debajo del límite legal, que es de 30 días. La Administración central, sin embargo, alcanzó en ese mismo mes los 39, con un aumento de 15 días con respecto a diciembre, mientras las Comunidades Autónomas agotan de media los 30 días preceptivos. Al final de la clasificación figuran los Ayuntamientos, con un lamentable récord de 73.

Entre las razones que explican el aumento de la morosidad del Estado en los últimos meses destaca el desequilibrio financiero que arrastran las Administraciones como consecuencia de la factura que ha generado la lucha contra la pandemia, tanto en lo que se refiere a la cobertura de la crisis sanitaria como de la económica. La irrupción del Covid, a modo de trágico cisne negro, ha obligado a elevar considerablemente tanto el déficit como el endeudamiento público y a suspender las reglas de consolidación fiscal por parte de Bruselas. En ese sentido, el aumento en el retraso de los pagos a proveedores es una consecuencia indirecta de una situación excepcional en su magnitud que ha tensionado las cuentas públicas de la mayor parte de los países. Pero se trata de una consecuencia especialmente dañina, porque agrava de forma exponencial el riesgo de insolvencia y falta de liquidez que están afrontando durante esta crisis las empresas, más aún en el caso de las pymes, y que puede terminar estrangulando financieramente a muchas de ellas.

Por más que la coyuntura explique parte del problema, los retrasos en el abono de facturas y la costumbre de financiarse con cargo a proveedores no es una patología privativa de las crisis, aunque en estas se agrave, sino más bien un vicio comercial fuertemente arraigado en España. La legislación que proscribe la morosidad se ha mostrado inútil para controlar un problema que tiene raíces culturales, como demuestra el hecho de que ni siquiera el Estado se someta a la ley. Se trata de una irregularidad y como tal es siempre reprobable, pero en el sector público y en un contexto financiero tan adverso para las empresas resulta insostenible e inaceptable.