Contra lo falso, avanzamos

La violación de la propiedad industrial en España arroja una factura de 6.766 millones de euros al año. Pero la lucha contra este delito ya no es un arcano

A veces, tenemos tendencia a percibir falta de avances en aquellos problemas que parecen enrocados. Esos olvidados en la agenda pública por no haber una alarma social, aquellos en los que se mezclan prejuicios de diversa índole o una forma de pensar o de ser de parte de la población.

Este podría ser el caso del problema de la distribución y venta de falsificaciones, en el que, considerando el fenómeno de manera estática, pareciera que las soluciones no llegan por falta de sensibilización de algunas partes de la Administración Pública y que la persecución de estos delitos no está entre las prioridades penales.

Sin embargo, esa sensación desaparece cuando uno levanta la cabeza del día a día y enfoca el problema con la perspectiva que dan los años.

Así, a lo largo de los últimos 12 años han sido muchos los cambios positivos que cabe resaltar, a nivel nacional y europeo, en la lucha contra las falsificaciones. Hoy, el fenómeno de la distribución y venta de falsificaciones no es un arcano como lo era a principios de la década anterior, en la que apenas había datos rigurosos y contrastables que nos dieran una dimensión del problema y de sus impactos con los que poder elevar el nivel de sensibilización de aquellos que pueden ser parte de la solución: el legislador, la judicatura, los medios de comunicación y, en general, el público que, a la postre, representa la demanda de los productos falsificados en este mercado.

Así, la creación del actual Observatorio Europeo sobre las Vulneraciones de Derechos de Propiedad Industrial supuso un hito en la elaboración y difusión de estudios que pusieron la lupa tanto en lo cuantitativo del fenómeno como en lo cualitativo –por ejemplo, sobre tendencias en los flujos de importación o sobre el fenómeno en internet–. Los estudios sectoriales que se fueron recopilando llegaron a situar el fenómeno en España en un impacto anual de 6.766 millones de euros en pérdidas para las industrias que elaboran productos auténticos de sólo 11 sectores de actividad industrial. En esos mismos sectores, las pérdidas de puestos de trabajo se elevan, en España y de forma anual, a 53.467 empleos perdidos como consecuencia de la venta de falsificaciones.

A nivel nacional, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en colaboración con la asociación que dirijo, fue pionera a nivel mundial a la hora de encargar y difundir importantes estudios, como El impacto de las marcas en la economía y en la sociedad españolas, en un momento en el que no había datos sobre la aportación de las marcas desde el punto de vista social o económico, más allá de la satisfacción de necesidades. Con estudios como este se ha arrojado luz, permitiendo que las campañas de sensibilización reposen sobre datos cuantitativos y cualitativos ciertos.

Estos estudios han permitido también que actores fundamentales, como las asociaciones de consumidores, se hayan sumado a nuestros mensajes y hayan realizado campañas de concienciación del consumidor y que los medios de comunicación estén dando al problema el tratamiento oportuno, como una actividad ilícita que supone inmenso lucro a costa de la creatividad, innovación e inversiones de la industria auténtica, la que paga impuestos y genera puestos de trabajo.

El trabajo institucional realizado por el Observatorio Europeo –junto con los representantes del sector público y privado de los 27 Estados Miembros– y por la Comisión Intersectorial contra las Actividades Vulneradoras de los Derechos de Propiedad Industrial (la llamada CAPRI), han permitido el abordaje de las soluciones desde una óptica multisectorial, involucrando a los distintos actores de la Administración central, autonómica y local, para permitir el enfoque holístico en un problema que es más poliédrico de lo que se suele reconocer.

La formación de los distintos cuerpos policiales competentes en la materia y de los agentes aduaneros, en el marco de la necesaria colaboración público-privada ha permitido que aquellos que están llamados a perseguir estas actividades delictivas hayan adquirido mayores competencias para la lucha contra las falsificaciones.

A nivel de persecución ha habido varios hitos en estos años: el cierre del Mercado de la Piedra, en Vigo, el cierre de numerosas fábricas ilegales de tabaco, la persecución del top manta por parte del actual Ayuntamiento de Madrid y, recientemente, operaciones que están casi llevando a la agonía a los establecimientos de venta de productos falsificados de La Junquera. Estos avances abren ventanas a la esperanza de que antes o después el fenómeno de la venta de falsificaciones desaparecerá… al menos, en el mundo físico.

El Covid-19 ha puesto de manifiesto la pujanza del comercio electrónico y también de las ventas de productos falsificados en redes sociales y plataformas de e-commerce. La Comisión Europea aprobará próximamente un paquete legislativo llamado Digital Services Act que disciplinará las respectivas responsabilidades de todos los actores del ecosistema digital. Su mero anuncio ha hecho que las principales plataformas hayan reaccionado, proponiendo herramientas para la protección de la propiedad industrial en sus plataformas.

Queda mucho por hacer. Quedan importantes retos a nivel policial y judicial –depósitos judiciales para el almacenamiento o erradicar la doctrina del error en el consumidor–, imprescindibles para seguir avanzando. Pero, visto en perspectiva, con la necesaria colaboración público-privada, en la que nosotros siempre hemos creído, avanzamos todos en la lucha contra la venta de productos falsificados.

José Antonio Moreno Campos es Director general de Andema