Un grave error político y un inaceptable ejercicio de opacidad

El Gobierno debe explicar su gestión del informe del Consejo de Estado y rectificar la rebaja de las garantías de control de los fondos europeos para la recuperación

El Consejo de Estado publicó ayer finalmente el informe de casi 100 páginas que analiza el real decreto ley sobre las condiciones de gestión de las ayudas europeas por la crisis del Covid-19, un texto cuya tramitación salvó in extremis el Gobierno gracias a la abstención de Vox. El duro informe, que no es vinculante –lo cual no significa que no sea relevante– parece explicar la resistencia del Gobierno a adjuntarlo a la norma y a dar a conocer su contenido, pese a la insistente demanda que ha realizado la oposición para que se hiciese público. El Consejo de Estado critica la anulación de determinados controles administrativos en la gestión de las ayudas, reclama más supervisión y detalle sobre su coste presupuestario, pide una dotación de recursos suficiente y advierte del riesgo de impugnación ante el Tribunal Constitucional. El informe manifiesta la preocupación del organismo por “la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones”, lo cual constituye una crítica muy seria a la normativa que regulará la gestión de las ayudas europeas a las que accederá España. Un ingente montante de fondos que el propio Consejo de Estado califica como “una oportunidad histórica” para el país.

El hecho de que el organismo de sabios haya dado una opinión favorable en su conjunto al real decreto del Gobierno no resta en absoluto relevancia a las objeciones que contiene el texto, como tampoco a la decisión del Gobierno de ignorarlas. España tiene experiencia suficiente sobre mala gestión de ayudas comunitarias y sobre la enorme factura que ello conlleva –en forma de corrupciones, sobrecostes, multas y causas penales– como para que una rebaja de controles en este real decreto resulte inaceptable y obligue al Ejecutivo a explicar públicamente el porqué de esta decisión. La gestión de los fondos públicos en un Estado de Derecho, y aún más cuando se trata de un montante de la magnitud de las ayudas para la recuperación, exige poner sobre la mesa todos los controles de gasto posibles, así como garantizar el máximo de transparencia en la tramitación, acceso y utilización de los fondos.

La decisión del Gobierno de no publicar el informe del Consejo de Estado es un grave error político y un inaceptable ejercicio de opacidad no solo con la oposición, sino con la ciudadanía en general, en un momento especialmente complejo para el país. Ahora toca no solo dar una explicación sobre la gestión del informe del Consejo de Estado, sino rectificar el texto del real decreto en todo aquello que implique una rebaja de las garantías que exige el control y buena gestión de los fondos europeos para la recuperación.