Las islas ven peligrar el descuento a residentes del 75% de la tarifa aérea

La negativa a hacer público el informe de la Universidad Pompeu Fabra alimenta las dudas sobre su continuidad y reabre el debate sobre los oligopolios en las islas* Cada mejora de este tipo es cuestionada por la falta de control público

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres

La decisión del Ministerio de Fomento de no hacer público el informe de la Universidad Pompeu Fabra sobre el impacto del 75% del descuento a residentes en la subida de las tarifas aéreas ha alimentado las sospechas de que peligra la medida estrella del acuerdo de Nueva Canarias con Mariano Rajoy, celebrado en Canarias como un logro en julio de 2018.

Más allá de las dudas sobre la legitimidad del Gobierno de España para calificar de “carácter reservado” un análisis económico sobre la evolución de precios, cada vez caben menos dudas sobre el cuestionamiento de la bonificación para volar con la Península a quienes residen fuera de ella (ya sea en Canarias, Baleares o Ceuta y Melilla).

Y es que dos informes en contra preceden al estudio que José Luis Ábalos se ha negado a entregar al senador nacionalista Fernando Clavijo. Tanto la Autoridad de Responsabilidad Fiscal (Airef) como la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) sí han dado a conocer sus respectivas conclusiones al respecto y coinciden en apuntar dudas sobre la conveniencia de mantener una medida que, si bien beneficia a los residentes extra-peninsulares, provoca perversiones en el sistema aéreo. Lo que no termina de aclarar ninguno de los dos organismos de control es si la subida del precio de los billetes es una simple consecuencia de incremento de la demanda o también se debe a prácticas fraudulentas por parte de las compañías aéreas, que son las que reciben la subvención por viajero residente.

¿Privilegio o derecho?

La bonificación del 75% de las tarifas aéreas nació ya gafada. Desde el primer momento se entendió como “un privilegio de los canarios para viajar”, y cuando cayó Rajoy y llegó el Gobierno socialista, el ministro Ábalos no hizo más que poner piedras en el camino para su cumplimiento. Finalmente cedió por la presión del propio PSOE canario (gobierna en las Islas gracias a un cuatripartito), que argumentó que la citada subvención se limita a cumplir con un derecho recogido en el especial Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, que mandata que los residentes canarios sean tratados como si vivieran en territorio peninsular y no a más de mil kilómetros de distancia.

La realidad es que lo que viene sucediendo en torno al impopular 75% no es, ni mucho menos, nuevo. Se ha producido en otros momentos históricos y en relación a otros sectores estratégicos que, además del aéreo, también están subvencionados por el Estado (como la telefonía y el sector eléctrico) o por la propia comunidad autónoma (en el caso del régimen especial de los combustibles).

De hecho, no es la primera vez que las compañías aéreas están en el punto de mira por uso abusivo de su posición estratégica en Canarias. En 1997, apenas cinco años después de la liberalización del transporte aéreo, se inició contra varias aerolíneas un procedimiento parecido al que está ocurriendo ahora: primero hubo quejas de usuarios; posteriormente denuncias de las instituciones públicas; después intervinieron los órganos de control y, en última instancia, los judiciales.

Y en 2007, diez largos años después de las primeras denuncias, el Tribunal de Defensa de la Competencia condenó a Iberia-Aviaco, Air Europa y Spanair al pago de dos millones de euros en multas por concertación de precios en el mercado aéreo canario. Ratificó así lo ordenado por el Tribunal Supremo, después de un proceloso procedimiento en el que las compañías aéreas se defendieron como gato panza arriba sosteniendo, por activa y por pasiva, que no se habían puesto de acuerdo para subir los precios.

Ante estas reiteradas prácticas, no han faltado informes e inspecciones con diagnósticos que apuntan sospechas de oligopolio en un mercado cautivo como el canario. Lo que no se ha hecho es actuar en consecuencia y sancionar al defraudador. Ni el Gobierno de Canarias ni el Estado lo han hecho cuando ha estado en sus manos. Ahora se ha incluido un mecanismo corrector al posible sobrecoste de precios por la aplicación del descuento del 75% en los Presupuestos Generales del Estado. Y Aviación Civil trabaja en un proyecto piloto de control de precios, a aplicar cuando se recupere el mercado aéreo. Sin olvidar que el último en sumarse a la polémica ha sido el Tribunal de Cuentas, que ha abierto de oficio su propia investigación.

Una cuestión de dinero

Aeropuertos rentables. El grupo de los ocho aeropuertos canarios de la red de AENA es altamente rentable. Antes de la caída del tráfico aéreo por la pandemia no era ya posible cuantificar su rentabilidad porque, desde su privatización parcial en 2015, el ente aeroportuario no se hace públicos los datos desagregados por aeródromos. Para ofrecer la medida de la importancia del mercado aéreo canario hay que remontarse por tanto al último dato publicado en 2014, cuando el grupo canario registró 350 millones de beneficios.

Una reivindicación histórica. El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias recoge que esta comunidad “participará en el análisis de la situación de la gestión de servicio de transporte aéreo” y “podrá participar en las decisiones que se adopten sobre el establecimiento de tasas, precios públicos o prestaciones públicas patrimoniales que afecten a sus aeropuertos”. Co-gestionar sus aeropuertos de mismo modo que participa en las autoridades portuarias ha sido, de hecho, una reivindicación histórica de Canarias, aunque todo intento de entrar en AENA ha sido infructuoso.

Sectores estratégicos. La sospecha de prácticas concertadas planea sobre otras actividades económicas estratégicas. Telefonía, electricidad y gasolineras han sacado también partido al mercado canario gracias a su posición dominante. Así, pese a su fama de tener el carburante más barato del país, su precio antes de impuestos llegó a ser el más alto de España. Esta fue al menos la conclusión a la que llegó la Cámara de Comercio de Gran Canaria en 2015, cuando presentó una denuncia ante la CNMC.

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