Sin tiempo ni traductores: así es la asistencia legal de los migrantes en Canarias

Los letrados denuncian trabas para detectar y atender a personas vulnerables

Un grupo de inmigrantes, en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria).
Un grupo de inmigrantes, en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria). EFE.

El puerto de Arguineguín se ha convertido en la zona cero de la segunda oleada de cayucos que afronta el archipiélago canario en menos de 15 años. Al campamento, situado en el sudoeste de la isla de Gran Canaria, llegan periódicamente cientos de migrantes procedentes de África, que esperan a ser trasladados a centros de acogida o de internamiento, pero también decenas de abogados que tratan de velar por sus derechos.

Daniel Arencibia es uno de estos profesionales. Desde hace dos décadas colabora con una asociación que presta asesoramiento legal a familias y refugiados. En las últimas semanas ha visitado varias veces el muelle y, según describe, las condiciones humanitarias son pésimas. “Las personas que acaban allí pasan semanas enteras tiradas en el suelo, sin guardar las distancias de seguridad y sin posibilidad de llamar por teléfono”. Además, afirma, “no están recibiendo una asistencia jurídica digna” dentro de las 72 horas siguientes al desembarco, como marca la ley.

Asistencias en grupo

El coordinador del servicio de extranjería del Colegio de Abogados de Las Palmas, Kabir Vaswani, revela que hasta mediados de noviembre los letrados tuvieron problemas para acceder al recinto por motivos de seguridad y muchos se vieron obligados a firmar las actas policiales en comisaría, sin conocer siquiera a sus clientes. Ahora, tras varias denuncias ante el Defensor del Pueblo, las autoridades permiten las intervenciones in situ, pero no hay un lugar habilitado al efecto. “No nos queda otro remedio que atender a los usuarios en grupo y en mitad del espigón”, relata.

Como apunta la letrada Vanesa Hernández, las entrevistas en masa pueden suponer una vulneración de los tratados internacionales. Y es que hay que tener en cuenta que la asistencia letrada no es una mera formalidad, sino un derecho fundamental especialmente diseñado para detectar y dar protección jurídica a las personas más vulnerables: enfermos, mujeres embarazadas, menores de edad y exiliados políticos, entre otros.

Pero, para que ese derecho sea realmente efectivo, es necesario que haya una conversación individual y reservada. “Ninguna persona quiere denunciar en público que la han violada o que pertenece a una etnia perseguida. Si les privamos del único momento en el que pueden contarnos su historia, nuestro trabajo carece de sentido”, explica.

Dos intérpretes para 400 personas

Obviamente, también es muy importante que, durante la entrevista, el interesado pueda comunicarse con su abogado de manera fluida. Otro requisito mínimo que falla en Arguineguín dada la escasez de traductores. “Ha habido ocasiones en las que solo hemos contado con dos intérpretes para atender a 400 personas”, lamenta Agustín Guillermo Santana, encargado del turno de oficio del Colegio de Abogados de Las Palmas.

A ello hay que sumar que muchos migrantes provienen de zonas donde se hablan dialectos o lenguas distintas de las ofertadas: el inglés, el francés y el árabe. “En estos casos suelen ayudarnos voluntarios de Cruz Roja. Todo el mundo intenta arrimar el hombro”, asegura Santana.

Las carencias en el sistema de acogida se repiten en otros puntos del archipiélago. Así lo pone de manifiesto la abogada de oficio Cassandra García, que la semana pasada fue convocada para atender, junto a otros 21 colegiados, a 142 migrantes en la terraza de un hotel, en Tenerife.

Cuenta que solo había un traductor y que los agentes pusieron a los retenidos en fila india para que fueran desfilando. “Realmente es muy complicado valorar las circunstancias de cada usuario cuando apenas puedes hablar con él unos minutos y tienes a un policía detrás diciéndote ‘venga, venga”.

García se queja de que estas prácticas impiden sistemáticamente recabar los datos necesarios para impugnar la orden de expulsión y, además, complican el seguimiento del expediente, una vez presentado el recurso de alzada.

Pérdida de contacto

Es una queja que comparte Leticia Rodríguez, que ha intervenido en varios procedimientos de este tipo en Lanzarote. La letrada subraya que los abogados de oficio, aparte de realizar la primera asistencia, tienen el deber de ayudar a sus representados a realizar otros trámites, como pedir un permiso de residencia o presentar una solicitud de asilo, si así lo desean. Pero, muchas veces, no es posible porque les pierden la pista cuando son trasladados a un centro de internamiento de extranjeros (CIE) o siguen su viaje hacia Europa. “Se supone que hay organizaciones humanitarias que les asisten, pero nadie nos informa”, recalca.

Arencibia considera que este problema en particular podría solucionarse creando un registro de migrantes al que también deberían tener acceso los familiares, “ya que muchos de ellos no saben si sus seres queridos han sobrevivido a la travesía”.

Asimismo, aclara que, de momento, apenas se están realizando repatriaciones a los países de origen ni traslados a la Península debido al cierre de fronteras por el Covid-19, aunque advierte de que la situación es insostenible: “España y la Unión Europea deben asumir parte del flujo migratorio si no quieren que Canarias se convierta en un nuevo Lesbos”.

La crisis migratoria, en cifras

  • Llegadas. Según cifras del Ministerio del Interior, Canarias ha recibido un total de 16.760 migrantes por vía marítima entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2020, lo que ha supuesto un incremento de 1.019,6% (+15.263 migrantes) con respecto al mismo periodo de 2019, cuando alcanzaron las costas del archipiélago 1.497 personas. Apenas el 10% se puede considerar vulnerable o podrá acceder al estatus de refugiado.
  • Islas más afectadas. El 95% de las llegadas de inmigrantes se concentra en tres islas: Gran Canaria (65%) Tenerife (20%) y Fuerteventura (10%).
  • Plan especial. El Gobierno central ha aprobado un dispositivo de emergencia que prevé la creación de 7.000 plazas de acogida en instalaciones militares y policiales (excepto una nave cedida por Bankia). También se pondrán en marcha recursos más estables que sumarán 5.350 plazas a las 1.100 ya existentes en las islas. Estos recursos, que estarán disponibles a lo largo de 2021, se financiarán con 43 millones de euros del Fondo de Recuperación de la UE.
  • Abogados. Los colegios de abogados de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife han incrementado el número de letrados del turno de extranjería para garantizar la asistencia letrada de todos los inmigrantes. Además, han fijado en siete el número máximo de usuarios atendidos por un mismo profesional.
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