Presupuestos para 2021: moscas y cañonazos

España precisaría unas cuentas de consenso sobre tres pilares: gastar ahora es necesario, gastar sin reformas no tiene sentido y urge más coordinación

La propuesta de Presupuestos Generales del Estado aprobada por el Consejo de Ministros el martes presenta algunas medidas expansivas en gasto, pero con poco recorrido en productividad y de dudosa contribución a un potente sistema de incentivos. No son tampoco unos Presupuestos reformistas. En un momento en el que prácticamente todos los españoles se ven afectados por un shock de demanda y oferta sin precedentes –que se ha convertido ya en una crisis duradera–, la motivación de los Presupuestos es, según se declaró el martes, la “justicia social”.

Vaya por delante que la equidad siempre debe ser uno de los principios inspiradores de las cuentas públicas, porque son el principal instrumento redistributivo del Ejecutivo. Sin embargo, entre las medidas estrella hay subidas del impuesto de sociedades y de renta y patrimonio con escaso impacto previsible en los ingresos fiscales en una situación de franca recesión. También se aprobaron las tasas Google y de transacciones financieras, junto a otras subidas de impuestos (como el IVA de bebidas azucaradas e imposición medioambiental) con gran incertidumbre sobre su capacidad real de recaudación. Otra medida polémica ha sido la intervención en los precios del mercado de alquiler, que probablemente solamente generará aún más distorsiones en ese segmento. La solución pasa por un aumento del parque de casas de alquiler, impulsada por una política de vivienda potente. Para poder evaluar todas estas medidas, conviene ponerse en antecedentes y proyectar hacia dónde vamos. El contexto, más que nunca, debería iluminar los Presupuestos.

En cuanto a la situación de la que se parte, una referencia básica para la proyección presupuestaria es el cuadro macroeconómico. Las previsiones del Gobierno siguen apostando a que la recuperación se acelere el último tramo del año y que en 2021 el PIB aumente un 9,8%. Parte de ese impulso se basa en el plan de recuperación, que se nutrirá de fondos europeos. Claro está que la mayor parte de las previsiones de otros organismos e institutos apunta a una secuencia similar (con diferencias en cifras, pero tendencias similares). Pero el problema está en hasta qué punto convendría haber sido algo más cautos, porque la situación dramática de la pandemia amenaza con retrasar esa recuperación y hacerla menos abultada, al menos el próximo año.

En todo caso, pecar de falta de valentía puede ser también un problema –es necesario el gasto público–, pero habrá que tener un plan B. Y, sobre todo, centrarse en la gestión del combate sanitario de forma más coordinada. Gastar en medio de un sistema excesivamente descentralizado en una pandemia puede reducir el impacto de cualquier partida.

Hay confusión sobre si se va solicitar pronto la parte de los fondos de recuperación europeos en forma de créditos. Se anunció que inicialmente se emplearían solamente las ayudas que llegan a fondo perdido. Pero los últimos rumores apuntan al uso de los créditos también. Estos titubeos no ayudan. Por otro lado, en tiempos como los actuales era obligado subir las partidas dedicadas a investigación y sanidad. Y también son bienvenidos los aumentos de fondos para modernizar la formación profesional. Pero el giro tiene que ser mayor y más constante. Seguimos lejos y hay que tener en cuenta que, además de gastar, hay que tener una política firme de I+D, con una orientación reformista y en el marco de un plan de digitalización y modernización productiva que se echa de menos. Y qué decir de las políticas sanitarias. Vivimos tiempos en los que se constata una descoordinación importante y para dar efectividad a los fondos eso tiene que mejorar.

Entre las medidas que resultan difíciles de entender en términos de incentivos y de sostenibilidad de la economía del bienestar hay algunas especialmente llamativas. Yo mismo soy funcionario público y me produce cierta perplejidad que a aquellos que tenemos menos incertidumbre sobre nuestro puesto de trabajo no se nos pidan sacrificios en un momento en el que buena parte de los ciudadanos cuyo sustento depende del sector privado están pasando por una situación muy difícil. Aunque los funcionarios perdieron poder adquisitivo en la anterior crisis, el momento de recuperarlo no es en medio de esta terrible pandemia.

Tampoco se entiende el empecinamiento en subir las pensiones, incluso por encima del IPC en algunos casos, en este momento. Y, en general, sin un sistema sostenible de prestaciones para la jubilación, porque los últimos acuerdos en el marco del Pacto de Toledo no cambian significativamente los problemas financieros del sistema público de pensiones. La principal novedad destacable en los Presupuestos es la creación de un fondo público de pensiones colectivo para elevar el nivel de cobertura de la previsión social complementaria en nuestro país, principalmente entre el colectivo de pymes y autónomos. En todo caso, no se entiende por qué se retiran incentivos a las pensiones privadas, cuando cualquier incentivo es poco en un país como España, con una población que envejece a todo trapo.

No es un problema solamente de este Ejecutivo, puesto que ha habido en el pasado pactos políticos transversales que han avalado políticas no sostenibles. Parece que nuestro país apuesta por sacar soluciones para cada sistema (pensiones, prestaciones) fuera de ellos. El resultado es que a corto plazo la clase media paga el coste. Y mengua. Y a largo plazo se rompe el contrato intergeneracional porque los que más contribuyen hoy no tendrán mañana.

Demasiadas sensibilidades y posibilidades de pacto han desembocado en unos Presupuestos sin un rumbo firme en los últimos años. Han obligado a tirar cañonazos mientras que las moscas siguen ahí y crecen y crecen hasta hacerse plaga. Lo que España hubiera necesitado como el aire hubieran sido unos Presupuestos de consenso sobre tres pilares. El primero, la asunción de la mayoría del espectro político de que es un momento para el gasto. La segunda, que ese gasto solo tiene sentido si se une a reformas. La tercera, que en el más corto plazo hace falta mucha más coordinación y no solo sentar las bases para 17 acciones territoriales distintas frente al mismo problema.

Santiago Carbó es Catedrático de Economía de la Universidad de Granada, director de estudios financieros de Funcas y colaborador de Cunef