Tres ONG llevan al Gobierno ante el Supremo "por inacción" ante el cambio climático
Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam pidenque el tribunal imponga a España la neutralidad climática en 2040
Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de Pedro Sánchez ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por inacción e incumplimiento jurídico de las obligaciones de España contra la emergencia climática.
En el escrito, las tres ONG exigen al alto tribunal que exija a España una reducción de emisiones del 55% en 2030 y la neutralidad climática en 2040 y que señale al Estado su responsabilidad en la desprotección de los derechos fundamentales a la salud y la vida de la ciudadanía, que necesitan de un medio ambiente adecuado para poder disfrutarse plenamente.
En su escrito, exponen los motivos para iniciar la demanda contencioso-administrativa y, una vez que sea admitida a trámite, "cargarán" con todos los argumentos jurídicos y científicos. Para el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, este es un "día importante" al que les gustaría no haber llegado pero defiende que se trata de una acción "histórica" para exigir al Gobierno que "cumpla" con su obligación climática y, precisamente en un contexto de crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes.
"Consideramos que prevenir los peores efectos del cambio climático es un imperativo y aunque los esfuerzos del actual Gobierno de España van en la buena dirección y los valoramos positivamente, hemos de reconocer que son insuficientes para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en el Acuerdo de París", ha manifestado Rodríguez en declaraciones a Europa Press, tras presentar en rueda de prensa el litigio conjunto. "Para compensar la falta de acción de Gobiernos previos se requiere de una acción más decidida y valiente", reclama.
En la misma línea, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, asegura que "la sociedad se juega mucho" mientras que el director de Oxfam Intermón, Franc Cortada, califica de "hito" esta demanda a la que se han sumado con la mirada puesta en el impacto social del cambio climático en las personas que más sufren sus consecuencias y que carecen de la capacidad para hacerle frente.
Cortada ha explicado en rueda de prensa que el cambio climático no afecta igual a todos ya que países que apenas tienen responsabilidad en el problema sufren de forma exponencial sus impactos en el día a día y ha recordado que el 10 por ciento más rico del planeta es responsable del 50% de las emisiones de CO2 mientras que más del 50% de la población apenas emite el 10 por ciento del CO2 mundial.
Además, ha alertado de que el Covid-19 va a dejar 700.000 personas más en situación de pobreza en España por lo que quiere que la del Ejecutivo articule emergencia climática con desigualdad y vulnerabilidad.
Al respecto del litigio climático, la abogada de Greenpeace Lorena Ruiz ha subrayado en la presentación este martes que las demandas de esta naturaleza están proliferando en todo el mundo por la "inactividad y pasividad de los Gobiernos ante el mayor reto de la civilización". "A los ciudadanos no nos queda más que acudir esta vía para obligar a los Estados a cumplir", lamenta.
La base del litigio está detrás de que han encontrado un incumplimiento objetivo de la obligación jurídica del Ejecutivo, que tenía que haber presentado ya a la Unión Europea con fecha tope el 31 de diciembre de 2019 el Plan Nacional Integrado de Energía (PNIEC) y Clima y la Estrategia a largo plazo, dos instrumentos jurídicos de la acción europea por el clima para cumplir con los compromisos de cambio climático, que en septiembre de 2020 aún no se han aprobado.
Además, la abogada ha denunciado que el borrador conocido del PNIEC y de la Estrategia plantean una ambición climática "insuficiente" para cumplir con el objetivo que los Estados de la UE se marcaron cuando firmaron el Acuerdo de París.
Exponen así en el escrito remitido este martes al alto Tribunal que la comunidad científica dice "claramente" que es necesario reducir las emisiones un 55% respecto a 1990 hasta 2030 y la plena descarbonización de la economía en 2040, mientras que los objetivos planteados por España conllevan un 23% de reducción de las emisiones en 2030 y la neutralidad climática en 2050.
Asimismo, denuncia que estos incumplimientos son, en definitiva, una "vulneración de los derechos humanos" porque el Tribunal Europeo ha manifestado que sin una protección adecuada al medio ambiente no se puede garantizar el derecho a la vida y a la salud, derechos esenciales para las generaciones presentes y futuras. "Este es un problema inaplazable", ha sentenciado.
En esa línea, opina que esta es una oportunidad para que el poder judicial se involucre en la lucha contra el cambio climático y confía en que obligue al Gobierno a cumplir con los compromisos de España contra el cambio climático.
"En estos momentos en que la pandemia nos está mostrando con toda crudeza las consecuencias de una crisis global, estamos a tiempo de frenar la debacle que vendrá si no paramos el cambio climático", ha afirmado Segura.
En esa línea, revela que con los compromisos actuales de reducción de emisiones, España no podrá evitar el impacto de graves episodios de sequía, aumento del número e intensidad de los incendios, lluvias torrenciales y una mayor subida del nivel del mar y, por tanto, de las inundaciones.
El actual litigio no es el primer aviso al Gobierno, puesto que las tres ONG ya presentaron una reclamación ante la inactividad climática de la Administración General del Estado a la que conminaban a adoptar las medidas pertinentes para cumplir con las obligaciones históricas y ambientales del Estado, pero ante la falta de respuesta del Gobierno, las ONG inician la vía judicial.
Las demandas se han multiplicado en el mundo y hasta la fecha se han presentado demandas en al menos 39 países.
Aunque la mayoría son contra las grandes corporaciones hay otros como el presentado ahora en el Tribunal Supremo que se dirigen contra los Estados en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda.
Por su parte, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, consideró este martes "normal" que al Ejecutivo se le exija una mayor ambición climática y pidió un mayor compromiso en este sentido a todos los grupos parlamentarios y a todos los dirigentes, en alusión indirecta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha negado que el cambio climático esté tras los incendios de California.