La fiscalía alerta del aumento de venta fraudulenta de material sanitario
El uso creciente de tecnología ha provocado un auge de los ciberdelitos
La pandemia y el consecuente confinamiento han impulsado de forma exponencial el uso de nuevas tecnologías entre la ciudadanía. Este nuevo escenario, no obstante, ha provocado un repunte de los delitos cometidos a través de internet, especialmente los fraudes. Así lo alerta la Fiscalía General del Estado, que especifica que los más comunes son los relacionados con productos sanitarios destinados a la protección contra el virus (mascarillas, EPIs, etc.).
El organismo también ha detectado un aumento de las estafas vinculadas a la venta de bienes pensados para aliviar la situación de confinamiento, como aparatos para hacer deporte en casa, equipos electrónicos o servicios de entretenimiento digital. Asimismo, se ha registrado un repunte en las actividades relacionadas con la distribución online de material pornográfico y el almacenamiento ilícito de datos personales.
Estos son algunos de los datos contenidos en la memoria de la fiscalía del año 2019. Aunque el documento se centra en analizar la evolución de los delitos cometidos en España durante ese periodo de tiempo, también aborda, aunque de forma más superficial, los efectos que ha tenido la pandemia en la ciberdelincuencia.
Ciberdelitos
El coronavirus y el confinamiento han sido, en efecto, un caldo de cultivo idóneo para la comisión de ilícitos a través de la red. No obstante, los ciberdelitos ya se encontraban en auge antes de llegar la pandemia. De hecho, la memoria revela que durante el año 2019 se iniciaron un total de 13.143 procedimientos judiciales por este motivo. Esta cifra supone un incremento del 45% respecto a la registrada en 2018, cuando se iniciaron 9.069 causas.
“Hemos detectado una evolución urgente y acentuada de la criminalidad informática”, ha expresado Dolores Delgado, fiscal general del estado, durante el acto de apertura del año judicial, que tuvo lugar el pasado lunes. Para la exministra, el aumento drástico del uso de las tecnologías “ha incrementado el riesgo de que se produzcan en el propio entorno virtual ataques contra diversos bienes jurídicos”, lo que hace necesario prestar una protección especial en este ámbito.
Estafa
La estafa es, además, la infracción digital que se comete con más frecuencia, ocupando más del 65% del total. Este dato supera los porcentajes obtenidos en años anteriores (en 2018 ocuparon el 60% del volumen total, y en 2017 el 56%). En segundo lugar se encuentran, aunque muy rezagados, los delitos de amenazas y coacciones a través de la red, que ocupan algo más del 7%.
La memoria desglosa las modalidades más habituales de fraude a través de Internet. En primer término, se encuentran las estafas más convencionales, como la oferta fraudulenta de electrodomésticos, dispositivos electrónicos, coches, ofertas de viajes, alquiler de vivienda de temporada o entradas para conciertos, entre otros.
En los últimos años, agrega el documento, también se han generalizado los fraudes en los que los delincuentes embaucan a internautas para que inviertan en monedas de curso real o criptoactivos facilitándoles información sobre las ventajas económicas y animando a que les transfieran importantes cantidades de dinero que no podrán ser recuperadas.
Los fraudes cometidos a través de ciberataques ocupan asimismo un papel relevante en este contexto. Así, la memoria explica varias técnicas de robo de datos (como el pharming), desplazamiento de patrimonio (phising, smishing, etc.) o suplantación de identidad (el conocido como fraude al CEO).
Con el objetivo de proteger a la ciudadanía de esta amenaza creciente, la fiscalía destaca algunos de los avances legislativos alcanzados durante el año pasado. Concretamente, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y la aprobación por parte de la Unión Europea de la directiva sobre fraude y falsificación de medios de pago distintos del efectivo.
Lucha contra la corrupción
Condenas. La corrupción, y concretamente la que se realiza en la esfera política, constituye uno de los problemas más graves de acuerdo con la sociedad española. Es por ello que desde la Administración de justicia se ha puesto especial atención en esta lacra, desplegando un número significativo de recursos para combatirla. Y parece que los esfuerzos están dando resultados. Así, de las 39 sentencias dictadas durante el año 2019 en esta materia, 32 fueron condenatorias. Es decir, el 82%. Por el contrario, en tan solo 7 ocasiones los acusados fueron absueltos. En este sentido, la memoria recalca el incremento en el número de casos resueltos en los que ha participado la fiscalía, que ha sido de 39, frente a las 28 del año pasado.
Procedimientos. En lo que respecta a la actividad del año 2019, la memoria pone de manifiesto un aumento en el número de procedimientos penales iniciados, que han pasado de 678 en 2018 a 746 en 2019. En cuanto a las investigaciones penales, el número desciende, ya que el año pasado se iniciaron 26, frente a las 38 del ejercicio anterior. Por otro lado, el número de escritos de acusación asciende a 40, una cifra similar a los 41 presentados durante el periodo de 2018.