Todo el foco en el empleo tras encajar cuatro meses en caída libre
El Gobierno, y todos los representantes públicos, están obligados a acordar un plan de recuperación asistido por la inyección fiscal europea
La economía española ha culminado en junio un periodo de cuatro meses que puede considerarse el de más intensa destrucción de empleo de la historia, consecuencia directa del Covid-19, el confinamiento de la población y el cierre parcial o definitivo de miles de empresas. Aunque ajustándose a las definiciones estadísticas más ortodoxas el empleo solo haya descendido en 1,074 millones de ocupados en el segundo trimestre y 1,197 millones en los últimos doce meses, y el paro haya avanzado solo 55.000 personas en la primavera del confinamiento de tal guisa que la Encuesta de Población Activa únicamente dé fe de 3,36 millones de desempleados, la realidad es bastante más dramática.
El INE admite que en los tres meses de la primavera solo trabajaron una media de 13,9 millones de personas (un 35% de los españoles de 16 y más años), aunque estadísticamente estaban ocupados 18,607 millones; entre ellos figuraban los 2,832 millones en expediente de suspensión temporal de empleo y los autónomos en cese de actividad. Además, había nada menos que 1,628 millones de personas disponibles para trabajar (activos, pues) considerados inactivos porque no podían buscar empleo por el confinamiento. El tiempo de trabajo efectivo, la variable que mejor se ajusta a la realidad laboral, descendió un 22,59%, algo parecido a la caída del PIB que conoceremos este viernes, aunque Estadística siga considerando ocupados oficialmente a unos cuantos millones de desocupados porque existe una garantía de que se incorporarán a sus empresas. Más vale que tal garantía se pueda ejecutar en los próximos meses.
En tal empeño tienen que poner todo el foco de la política económica, fiscal y laboral las autoridades y los agentes económicos, empresariales y laborales, para impedir que en un insostenible goteo tales ocupados en situación especial se conviertan en desempleados permanentes. La recuperación de la actividad tiene poca consistencia, a juzgar por los datos conocidos hasta ahora, y el acoso a las actividades turísticas aventura un año demoledor, que puede destruir un millón largo de empleos solo recuperables a partir de la próxima primavera, si todo va bien sanitaria y económicamente.
El Gobierno, y todos los representantes públicos, están obligados a acordar un plan de recuperación asistido por la inyección fiscal europea, tanto la configurada como subsidios como la disponible vía créditos, que ponga en marcha el país y lo devuelva a los niveles de actividad previos al Covid lo antes posible. Deben olvidarse proyectos legales que alimenten la duda de los inversores y poner a su alcance cuantas facilidades sean necesarias, y revertir la dinámica de cierre de empresas, puesto que sin un nuevo empujón de inversión interna y externa parece complicado volver adonde estábamos.