España aborda los primeros meses de recuperación sin el impulso de los fondos europeos

La falta de pacto complica que los primeros fondos lleguen en otoño. Hacienda diseñará el Presupuesto de 2021 sin conocer las ayudas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.AFP

La incapacidad de los socios comunitarios, durante la cumbre de este fin de semana, para terminar de consensuar la respuesta de la Unión Europea a la crisis del coronavirus, una recesión general y de una agudeza inédita en tiempos de paz, promete restar empuje a la recuperación económica parcial que empieza a experimentar España este trimestre. A la espera de ver cuándo y cómo se reconduce la situación, el Gobierno encara ahora el reto de impulsar el incipiente crecimiento del PIB tomando nuevas medidas y abordando el diseño de los Presupuestos Generales de 2021. Todo sin conocer aún la cuantía, las condiciones o el calendario de las ayudas de la UE, y habiendo gastado ya más pólvora de la que disponía.

En concreto, según el Informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto presentado el jueves por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), España habría destinado ya hasta 54.000 millones de euros en dar respuesta a la pandemia, lo que ha disparado el gasto público hasta el 54,8%, superando la mitad del tamaño de toda la economía del país. Mientras, una caída de la recaudación tributaria estimada en más de 35.000 millones de euros, dejará los ingresos públicos en el 40,3%, lo que amenaza con disparar el déficit público este año del 2,8% al 14,4% del PIB y, en consecuencia, elevando la deuda pública del 95,5% al 123%. Una coyuntura en la que la propia Airef reconoce que el “plan de recuperación europeo supone una oportunidad” para mejorar las perspectivas para el país.

Tras una caída del PIB del 5,2% en el primer trimestre, y del entorno del 20% en el segundo, los expertos coinciden en señalar que la recuperación arranca este verano con un alza intertrimestral de entre el 10%, que prevé BBVA, y hasta el 19%, que ha proyectado el Banco de España. Insuficiente en todo caso para evitar una caída del PIB anual al cierre del año que pocos descartan ya que sea a doble dígito.

De ahí que para España, el país económicamente más castigado de toda la UE junto a Italia, resulte especialmente clave acceder a los 140.000 millones de euros, entre ayudas y préstamos, que le corresponderían del nuevo fondo de recuperación europeo. Sería el equivalente a un 11% de su PIB, si bien en el pulso abierto entre los llamados países frugales y los estados del sur, apoyados por Alemania, está por ver en que queda el paquete de 750.000 millones de euros proyectado por la Comisión Europea para asistir a toda la UE. La falta de acuerdo a estas alturas complica además la expectativa de que los primeros fondos comiencen a circular a finales de este año.

Reformas estructurales

“La reducción de los contagios y la flexibilización de las restricciones han dado paso a una recuperación intensa. La expectativa de que esta se prolongue se ve reforzada por los ambiciosos anuncios de política a nivel europeo”, asumían la pasada semana desde BBVA Research. Sin embargo, matizaban, ante las “dudas sobre los detalles del plan (por ejemplo, bajo qué criterios se repartirán los fondos, cómo se monitorizará el uso de los recursos y el cumplimiento de objetivos) y cierta incertidumbre sobre su aprobación”, sería necesario que “el Gobierno español complementara estos esfuerzos con medidas que aumenten la resiliencia en España y permitan incrementar el crecimiento potencial”.

De hecho, no falta quien insta a España a ir esbozando ya las transformaciones económicas que se le acabarán exigiendo para acceder a los nuevos fondos europeos. Las ayudas, asumen desde Mapfre Economics, estarán sujetas a “una fuerte condicionalidad, a realizar reformas estructurales que permitan equilibrar las cuentas públicas”. De hecho, Holanda, que encabeza los países que pugnan por fiscalizar más la concesión de ayudas, ya ha reclamando cambios en las pensiones y el mercado de trabajo.

De momento la principal herramienta que el Gobierno tiene sobre la mesa es la elaboración de los Presupuestos Generales de 2021, que Hacienda ha comenzado a impulsar de forma exprés instando al resto de Ministerios a remitirles sus propuestas antes del 29 de julio. De hecho, la orden ministerial firmada por María Jesús Montero la pasada semana solo da al resto de departamentos hasta este miércoles para informarle de cuáles de sus proyectos son susceptibles de ser financiados con fondos comunitarios. De momento, se tratará de un listado limitado, a la espera de ver si un pacto europeo desbloquea nuevos recursos para impulsar la recuperación.

Los expertos instan a limitar las prórrogas de los ERTE

Empresarios, sindicatos y economistas coinciden en señalar que los Expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) ligados al Covid han sido una herramienta fundamental para contener la destrucción de empleo en medio de la pandemia desatada por la crisis, pues sin ellos la tasa de paro podría haberse más que duplicado, rozando el 30%, según Fedea. Todos aplauden también su extensión hasta finales de septiembre habida cuenta la delicada situación que siguen atravesando muchos sectores. Pero, mientras los agentes sociales abogan ya por ampliarlos hasta final de año, los economistas empiezan a solicitar que se les ponga coto a estas prórrogas. “Aunque la extensión es bienvenida, no debe continuar indefinidamente”, alertan desde BBVA Research, exponiendo que “las políticas públicas deberían incentivar la rápida transición de los trabajadores hacia los sectores más productivos y en expansión” cuando no haya visos de reincorporación. “Los ERTE no pueden ser sustitutos de la actividad real”, advierten, a su vez, desde Mapfre Economics, donde asumen que “son necesarios para paliar el problema actual” pero creen que hay que “retirarlos a medida que se vaya acelerando la actividad”.