El Gobierno elevará el déficit para que los ayuntamientos puedan invertir su superávit

Montero ultima un pacto con la FEMP para que los municipios inviertan 5.000 millones entre 2020 y 2021. Accederán a 9.000 millones más en 10 años

Obras en un colegio de SuanceAyuntamiento de Suances

El Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) están ultimando un acuerdo, que podría cerrarse esta misma semana, para permitir que los ayuntamientos puedan invertir los cerca de 14.000 millones de euros de remanente de los superávits acumulados en los últimos años en dar respuesta a la crisis del coronavirus. Dadas las restricciones contables y legales existentes, la alambicada solución que ambas partes han ido diseñando conlleva un inoportuno efecto secundario: elevará el déficit del Estado.

El problema radica en que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Constitución española prohíben a los ayuntamientos incurrir en déficit, que es lo que harían si hicieran un gasto extraordinario (aunque sea a cuenta de su remanente de tesorería) si obtener ingresos adicionales. La fórmula ideada para permitirlo pasa porque los ayuntamientos que quieran hagan un préstamo a bajo coste (o incluso a interés negativo) al Estado por valor de su remanente y que la Administración Central les transfiera un ingreso no financiero por la misma cuantía.

Por esta vía, Hacienda les ingresaría hasta el 35% de los fondos aportados, por un máximo de 5.000 millones, entre 2020 (unos 2.000 millones) y 2021 (otros 3.000) a fin de dar tiempo a los municipios a planear sus inversiones. Los 9.000 millones restantes se devolverán en 10 años.

Los ayuntamientos podrán utilizar esos fondos para políticas de la Agenda Urbana Española y Movilidad Sostenible (ofertar viviendas de alquiler, rehabilitar edificios, peatonalizar calles, construir carriles bici...); sufragar el cuidado de dependientes; reforzar servicios sociales; mejorar la sostenibilidad (limpieza de aguas); apoyar la cultura u ofrecer educación d cero a tres años.

La medida, sin embargo, supondrá un impacto adicional en el agujero fiscal de la administración central y, por ende, del conjunto del país, en un momento en que se espera que el déficit, que cerró 2019 en el 2,8%, se dispare al entorno del 15% en 2020, según la Airef. Los 5.000 millones supondrán cuatro décimas de PIB más de déficit inmediato y el monto completo supera el punto.