Una estrategia 2025 para la UE: retos ambiciosos y gestión pragmática

Europa no precisa nuevas estructuras ni un elevado ascenso de financiación, pero sí audacia y una gobernanza eficiente

Una estrategia 2025 para la UE: retos ambiciosos y gestión pragmática

La Unión Europea continúa siendo el mercado común más poblado del mundo (500 millones de personas) y sus ciudadanos gozan del derecho a trabajar y prestar servicios en cualquiera de sus 28 Estados miembros. Sus habitantes asimismo pueden escoger entre un amplio surtido de bienes y servicios fabricados, distribuidos y etiquetados según unas regulaciones técnicas, sanitarias, fitosanitarias y de protección medioambiental y laboral únicas. A finales de 2020, el Reino Unido probablemente abandonará la UE con o sin acuerdo, aunque otra prórroga de las negociaciones no se puede descartar.

Desde 1945 la integración ha avanzado debido al empujón inicial de EEUU mediante el plan Marshall, y el idealismo, valentía e iniciativa de los líderes y altos funcionarios de los seis países (Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo) que en 1951 fundaron la CECA y en 1957 suscribieron los tratados que crearon la CEE y Euroatom. Con el Acta Unica Europea se materializó finalmente un verdadero mercado común en 1993 y el Tratado de Maastricht fijó una hoja de ruta y criterios para la Unión Económica y Monetaria (UEM), cuya tercera fase han alcanzado 19 países con su entrada en la eurozona. Un proyecto tan complejo que combina cesión de soberanía con cooperación intergubernamental requiere impulsos de los políticos nacionales y europeos. Pero también exige complicidad y apoyo de una ciudadanía que a menudo infravalora o desconoce las ventajas que le aporta la pertenencia a la UE.

La Unión Europea se encuentra nuevamente en una encrucijada. Sus líderes, agentes sociales y población deben consensuar un nuevo objetivo ambicioso y establecer los medios y plazos para alcanzarlos. Pero dicha tarea debe combinarse con la gestión y apoyo a los ciudadanos, empresas y Estados más afectados por la pandemia. Se pactó en abril el paquete de 540.000 millones de euros consistente en una línea de crédito del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) (240.000 millones), 200.000 millones en créditos a empresas del Banco Europeo de Inversiones y un fondo contra el desempleo de 100.000 millones. Pero dicho estímulo es insuficiente. La Comisión Europea ha revisado al alza en más de dos puntos la magnitud de la profunda recesión que padecerá la eurozona y la UE en 2020, con desplomes del 8,7% y 8,3% del PIB, respectivamente. Se prevé una contracción del PIB en Italia del 11,2%, del 10,9% en España y 10,6% en Francia. En solamente nueve Estados miembros decrecerá el PIB menos de un 7%.

Ante tal tesitura, la UE necesita más que un plan de recuperación. Los Estados y su sociedad civil deben confabularse en una visión ambiciosa y práctica que establezca que en 2025 todos los estados miembros de la UE hayan adoptado el euro y Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Albania, Bosnia y Herzegovina y Moldova concluyan sus procesos de adhesión. Una ampliación a los mencionados seis países –con una población total de solo 20 millones– reforzaría la posición geoestratégica de la UE ante la interferencia de Rusia e incluso China en los Balcanes. La incorporación de Albania y Macedonia del Norte también conllevaría la inclusión de más población musulmana moderada. Con la excepción de Dinamarca, el Tratado de Maastricht obliga a todos los Estados de la UE a adoptar el euro en cuánto cumplan los criterios de Maastricht.

El tercer pilar de una estrategia 2025 consistiría en profundizar en la integración fiscal y presupuestaria. Es imperativo armonizar los tipos máximos y mínimos del impuesto de sociedades y del IRPF para evitar la competencia desleal de Irlanda y Luxemburgo. Un impuesto a las transacciones financieras exige unanimidad y cuenta con muchos detractores. Un impuesto digital pactado con EEUU sí sería una fuente factible de más ingresos.

Hay que reforzar el poder de las instituciones europeas de supervisión y eventual sanción de los países que incumplen el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Otorgar más fondos europeos a los países más golpeados por el Covid-19 (Italia y España) brinda una oportunidad para combinar generosidad y disciplina.

Pero se están repitiendo las rencillas que marcaron la respuesta lenta a la crisis de deuda soberana de la eurozona. Los países protestantes –Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Alemania– temen la laxitud de los mediterráneos. Por ello quieren rebajar el presupuesto de la UE del 1,16% al 1% de su PIB. Hay que concluir el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027 y otorgar a la UE un presupuesto mayor que pueda incurrir en déficit. El cheque de 40.000 millones del Reino Unido para evitar un Brexit duro debe asignarse al presupuesto de la UE. Vincular la concesión de fondos al cumplimiento del Estado de derecho para impedir que se extienda el autoritarismo de los gobiernos populistas debe decidirse por mayoría cualificada y no unanimidad. El motor franco-alemán ya no puede propulsar la integración. La oposición a las reformas internas y los reveses electorales han debilitado a Emmanuel Macron. Angela Merkel aún puede pasar a la historia como adalid de la integración europea. Pero para ello debe aprovechar el semestre de presidencia alemana de la UE y el Consejo Europeo de esta semana para imponer a Países Bajos, Dinamarca y Austria un acuerdo sobre el MFP que combine generosidad, disciplina y agilidad en la concesión de fondos. Merkel ha superado los 14 años como canciller de su mentor político, Helmut Kohl, y nadie en la CDU o Alemania la desafía.

La UE no necesita nuevas estructuras de gobernanza ni un ascenso astronómico de su financiación. Pero sí audacia y creatividad en un mundo desprovisto de una gobernanza eficiente y cuya globalización económica está amenazada por populismo, proteccionismo y la radicalización de amplios sectores sociales.

 Alexandre Muns es Profesor de EAE Business School