La ONU alerta sobre el avance de la pobreza en España aunque espera que el IMV lo palíe

El relator de Naciones Unidas afirma que medidas como el Ingreso Mínimo Vital ayudará a solucionar la exclusión social

Los trabajadores esenciales en la lucha contra el coronavirus son los que sufren mayores niveles de precariedad y temporalidad, según Oxfam Intermón

Trabajadoras de la limpieza del Hospital Gregorio Marañón durante una concentración a las puertas del centro hospitalario con motivo de la huelga de 48 horas que iniciaron este lunes en protesta por la privatización del servicio.
Trabajadoras de la limpieza del Hospital Gregorio Marañón durante una concentración a las puertas del centro hospitalario con motivo de la huelga de 48 horas que iniciaron este lunes en protesta por la privatización del servicio. EFE

La cuarta parte de la población española vive en la pobreza o está en riesgo de exclusión social, según ha advertido este martes el relator especial de Naciones Unidas para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Olivier de Schutter. En la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del informe elaborado por su predecesor, Philip Alston, desarrollado tras visitar varias ciudades españolas entre enero y febrero, y que incluye conclusiones muy críticas con la situación en el país, el relator ha indicado que, pese a que España es una nación rica, afronta problemas graves, como "una enorme crisis de vivienda y paro estructural entre sus jóvenes".

Se trata de un análisis que también ha realizado la ONG Oxfam Intermón que alerta sobre la profunda desigualdad que sufre el mercado laboral español por su temporalidad y parcialidad. Según el último informe de la organización, Esenciales, la precariedad afecta más a los trabajadores esenciales para luchar contra la pandemia del Covid-19 en España.

“Auxiliares de dependencia, profesionales sanitarios, mensajeros de plataformas, trabajadoras del hogar o cajeras de supermercado están entre los más precarizados y peor pagados", explica Liliana Marcos, coautora del informe, que advierte que estos trabajadores salen de la crisis sanitaria "igual que entraron: precarios".

Dentro de las personas afectadas por la precariedad laboral, las subcontratadas son las más vulnerables. Según el informe, la tasa de despidos entre quienes están en esta situación multiplica por seis la del conjunto de sectores: de febrero a mayo de 2020 la ocupación cayó un 5%, pero la bajada en el sector de “actividades relacionadas con el empleo”, que engloba a empresas de trabajo temporal y multiservicios, cayó en un 30,9%.

"Una auxiliar de geriatría tiene un sueldo base de algo menos de 1.000 euros, y una trabajadora del hogar no tiene derecho a desempleo", explica Marcos, que precisa que una de cada tres trabajadoras del hogar vive por debajo del umbral de la pobreza. La precariedad alcanza a los sanitarios, con especial incidencia entre los jóvenes: la tasa de temporalidad es del 80% entre las y los enfermeros de 24 a 35 años contratados en el sistema público.

En su informe, la ONG ha calculado que la pandemia costará más empleos en España que en otros países de su entorno. Por cada punto que disminuya el PIB, la tasa de desempleo subirá 0,2 puntos en el Reino Unido, 0,3 en Italia o Francia y hasta 0,8% en España.

En cuanto a la parcialidad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima en unos 5,5 millones los trabajadores infrautilizados porque querrían trabajar más horas de lo que actualmente hacen, una realidad que, según Oxfam, tiene rostro de mujer, ya que el 74% de las personas con contratos parciales son mujeres.

Ante este panorama, la organización propone dar más poder de negociación a trabajadores, hacer más costosa la contratación temporal para reducir su uso, mejorar las prácticas de contratación de las administraciones públicas, reforzar la inspección laboral y reducir el impacto que la subcontratación o los falsos autónomos tienen en la reducción de costes salariales.

El relator de la ONU, por su parte, apuesta por medidas como el Ingreso Mínimo Vital, recientemente aprobado en España. Según De Schutter, la ayuda contribuirá a aumentar la inclusión social, "beneficiando alrededor de 1,6 millones de personas que viven en la extrema pobreza". El exrelator  especial, Alston, también ha valorado positivamente la puesta en marcha del subsidio aunque ha precisado que es "solo la primera de muchas medidas que se necesitan tomar urgentemente".

El informe de Naciones Unidas añade que la justicia fiscal es clave para garantizar que los gobiernos dispongan del dinero necesario para la protección social: en 2015, las multinacionales trasladaron aproximadamente el 40% de sus beneficios a paraísos fiscales, mientras que los tipos del impuesto de sociedades a nivel mundial han caído de una media del 40,38% en 1980 al 24,18% en 2019.

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