El Gobierno ultima un subsidio para las trabajadoras del hogar
La medida beneficiaría a unas 400.000 personas. Otras 200.000 quedarían desamparadas al trabajar en negro, según CC OO y UGT
El Ministerio de Trabajo, en colaboración con el de Igualdad, perfila una ayuda extraordinaria de un mes de duración para las trabajadoras domésticas dadas de alta a la Seguridad Social que acrediten que su empleador las ha despedido o reducido sus horas por la crisis sanitaria. La medida, que podría ir al Consejo de Ministros de mañana, las equipararía a los trabajadores que hayan sido despedidos por un ERTE: pasarían a cobrar un 70% de su base de cotización. Lo mismo que en el resto de subsidios que ha activado el Gobierno para aliviar el impacto económico de la pandemia. Si la beneficiaria tiene varios trabajos, se tomarán como referencia las bases de todos ellos. La ayuda se daría también a aquellas que hayan perdido su trabajo tras la declaración del estado de emergencia, el pasado 14 de marzo.
De aprobarse finalmente, será la primera vez en España que las empleadas del hogar tendrán derecho a paro, aunque será de manera extraordinaria y durante un tiempo limitado. Desde hace años, varios Gobiernos anuncian la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo que amplía los derechos del colectivo. El acuerdo ha sido aprobado por 25 países, como Alemania, Portugal o Italia. Sin embargo, en España continúa pendiente. El convenio incluye derechos básicos como la libertad de asociación, remuneración y limitación de la jornada laboral, salud laboral y protección contra el abuso.
La ayuda excepcional que ultima el Ejecutivo beneficiaría a las 400.000 empleadas del hogar afiliadas a la Seguridad Social. Un 98% son mujeres y cerca del 60% extranjeras. Un dato, este último, poco preciso, ya que entre los considerados como “no extranjeros” hay un porcentaje importante de extranjeros nacionalizados, como explica la secretaria de Política Social y Diversidad de CC OO, Ana González.
Sin embargo, pese a tratarse de una medida inédita, sindicatos y asociaciones denuncian que será insuficiente porque excluye a las trabajadoras de la economía sumergida. Un tercio del total, nada menos, según los sindicatos CC OO y UGT, que cifran en 200.000 las trabajadoras en negro que quedarán desprotegidas.
Se trata de una estimación, ya que no hay registro oficial. “La cifra es especulativa y podría ser mayor, porque muchas pueden estar cotizando por solo uno de los trabajos, y no por el resto, ya que la tendencia que hemos observado es un descenso en el número de afiliados que trabajan a tiempo completo y un aumento de los contratos por horas”, afirma Ana Corral, responsable del departamento de migraciones confederal de UGT.
El colectivo que trabaja en la economía sumergida es el más vulnerable, según Carolina Elías, presidenta de la asociación Servicio Doméstico Activo (Sedoac), que lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar desde hace más de una década. “Normalizan y callan la explotación laboral con la esperanza de conseguir la documentación”, dice Elías. Según Corral, este perfil es el más complicado de rescatar. “No están afiliadas, la inspección laboral es muy difícil de hacer en los domicilios privados de los empleadores… La pandemia está sacando a la superficie todo lo que se ha hecho mal con los sectores más precarizados en los últimos cinco años”, añade.
Internas
Los sindicatos insisten en la situación especialmente vulnerable de las que trabajan en régimen de internas. Conviven con sus empleadores desde que comenzó el confinamiento y denuncian que no respetan sus horas de descanso ni sus días libres y que tampoco se retribuyen. “Si antes era complicado que pudieran disfrutar de su tiempo, ahora es imposible. La familia empleadora prefiere que no salga a la calle para prevenir riesgos, así que se queda con ellos y trabaja”, señala Corral. “Las internas están viendo limitadas sus horas de descanso, dado que no se puede salir a la calle salvo para compras, y acaban trabajando muchas horas; no les dejan ir a sus hogares el fin de semana por temor al contagio”, confirman las asociaciones que defienden el colectivo.
Sedoac y la ONG Alianza por la Solidaridad y Action Aid también ven la medida insuficiente al ser imprescindible que las beneficiarias estén dadas de alta en la Seguridad Social para recibir la ayuda cuando se suspendan sus contratos, reduzcan la jornada o pierdan el empleo. “Esta condición excluye a muchas de las trabajadoras que hoy están en situación de necesidad y que venían prestando sus servicios en la economía sumergida al no tener permiso de trabajo o porque sus empleadores no les dieron de alta en la Seguridad Social”. Denuncian que, desde que comenzó la crisis, se han producido despidos masivos, se han alargado sus jornadas laborales debido al confinamiento de las familias que las emplean y que muchas trabajan sin medidas de protección.
Además, piden que el subsidio se extienda mientras dure la crisis, como en otros casos. Y aseguran que se trata de un sector altamente precarizado que “no puede dejarse atrás”.
Perfil: mujer, latinoamericana y sin afiliación
Mujer, latinoamericana, en muchos casos en situación irregular y sin afiliación a la Seguridad Social. Este es el perfil de un tercio de empleadas del hogar. Es el caso de Jimabel (nombre falso), hondureña, de 28 años, que llegó a España hace tres años y medio y limpia casas desde hace poco más de uno. Ella y sus tres compañeras de piso, todas trabajadoras del hogar de diferentes países de Centroamérica, se sienten “a la deriva”. Ninguna está regularizada ni afiliada a la Seguridad Social y dependen de la buena fe de sus empleadores para llegar a fin de mes y poder pagar la parte del alquiler de 300 euros que les corresponde, más gastos. “La incertidumbre es total; si alargan el estado de alarma más allá de abril, ¿quién me garantiza que mis jefes seguirán pagándome?”, se pregunta. Jimabel trabaja como externa limpiando tres domicilios ocho horas al día. Antes de que la pandemia comenzara a golpear con fuerza, su sueldo ascendía a 950 euros al mes. Ahora sus tres empleadores le han pedido que no vaya más y, por ahora, dos le han cancelado el sueldo. “A uno de mis empleadores le han hecho un ERTE y el otro es autónomo, ahora mi sueldo se ha reducido a 400 euros, no puedo seguir ayudando a mi mamá en Honduras y vivo con miedo; me dicen que me pagarán, pero ¿y si no lo hacen? Sería catastrófico”, dice. Su compañera de piso, una hondureña de 24 años, quedará confinada hoy con su empleadora por el mismo sueldo. Es eso o “la calle”, le dicen.